El Gobierno de Canarias guarda silencio ante la condena a un subinspector y tres agentes de la Policía Canaria
Un subinspector del Cuerpo General de la Policía Autonómica, que actuaba como máximo responsable de la base de Gran Canaria, ha sido condenado a cuatro años de prisión por falsificar un atestado policial, atribuyendo a un detenido un delito de agresión policial que no había cometido. Para ello, el propio mando hirió en el cuello a un agente, que posteriormente destapó lo sucedido ante la Justicia.
Los hechos dieron origen al denominado caso Ladrillo, que trascendió a los medios de comunicación tras un operativo llevado a cabo por la Guardia Civil que afectó a una decena de agentes. El proceso judicial sacudió al Cuerpo autonómico - que fue creado en 2010 bajo la presidencia de Paulino Rivero - y los conflictos internos no tardaron en estallar.
Los expedientes y las bajas médicas empezaron a correr como la pólvora en una Policía Canaria que desde su creación había visto la necesidad de demostrar que era necesaria, para así legitimar el uso que se estaba dando al dinero de los contribuyentes.
Sin embargo, Coalición Canaria (CC), al frente durante los últimos cuatro años de la Consejería de Seguridad a la que responde el Cuerpo Autonómico, ha seguido la línea de guardar silencio en todo lo relacionado con el caso Ladrillo. Ni la vigente consejera, Nieves Lady Barreto, ni su antecesor en el cargo, Javier González Ortiz, han entrado a valorar los hechos acontecidos durante una noche del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebrado hace cuatro años.
El motivo alegado de este mutismo era que el caso estaba judicializado y que la Administración se encontraba a la espera de que la Justicia dictara sentencia firme. Una explicación dada a sabiendas de que este tipo de casos suelen tardar años en resolverse.
Una vez el Supremo ha desestimado el recurso de casación de tres de los cuatro condenados, poniendo así fin al recorrido judicial de la causa, la Consejería se limita a decir que no hará una valoración. Según dice, se trata de hechos “ya juzgados” y asegura que acatará la decisión de los jueces.
“Una vez recibamos la sentencia, se aplicará en sus términos” explican desde el Gobierno, sin precisar si éste cuenta con la resolución judicial, ni si eso significa que expulsará del Cuerpo a los condenados.
De hecho, la Consejería tampoco precisa cuál es la situación actual de los agentes implicados en el caso alegando que no puede aportar esa información, a pesar de que hace unos meses reconoció a este medio el que el subinspector Carmelo Sosa seguía formando parte de la Policía Canaria, pero se encontraba de baja.
La Administración tampoco ha querido responder a Canarias Ahora los motivos por los que se ha mantenido al margen del proceso durante los cuatro años que ha durado, ni si adoptará medidas contra el comisario Luis Santos Jara, teniendo en cuenta cómo se desarrolló el juicio, el listado de expedientes posterior – que fue descrito por sindicatos como una persecución contra los denunciantes del caso Ladrillo - y las sentencias desfavorables al régimen horario estipulado.
Cabe recordar que Santos Jara fue uno de los testigos que más expectación causaron durante la vista oral. El comisario abrazó la teoría de una conspiración sindical contra el subinspector al considerar que los dos agentes denunciantes se habían autoinculpado y habían destapado el caso ante la Justicia por “hacer daño”.
Lo que sí ha querido trasladar la Consejería es que puso en marcha en su momento un protocolo contra el acoso laboral. Sin embargo, las 17 recomendaciones que hizo la Comisión de Investigación a la que el Gobierno regional encomendó la elaboración de un plan de actuación para prevenir la situación de conflicto planteada en la base de Las Palmas de Gran Canaria siguen en un cajón.
