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Caso Mediador
El Gobierno canario “sigue sin detectar anomalías” en la Consejería de Ganadería por el caso Mediador

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, en rueda de prensa

EFE

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El portavoz del Ejecutivo y consejero Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este jueves de que sigue sin detectarse ninguna anomalía económica en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias como consecuencia del caso Mediador.

En la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha señalado que la consejera del área, Alicia Vanoostende, así lo ha comunicado a los miembros del Ejecutivo.

Pérez ha dicho que los inspectores de la Inspección General de Servicios del Gobierno de Canarias aún no han comenzado la investigación que se les ha encomendado de la Consejería desde agosto de 2019 hasta la fecha, ante las posibles irregularidades que hayan podido cometer los exdirectores generales Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes, que lo relevó en el cargo y que están imputados en el “caso Mediador”.

La causa investiga una presunta red de extorsión a empresas de ámbito ganadero y alimentario, así como otras actividades ilícitas en las que presuntamente están implicados un general jubilado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, el único de los doce detenidos hasta el momento que se encuentra en prisión preventiva.

Pérez, además, ha declinado pronunciarse sobre el papel del asesor de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias Daniel Ponce en el caso Mediador, al que se cita en el sumario del caso, por formar parte de una investigación judicial.

Una razón por la que ha dicho que tampoco el Gobierno tiene nada que decir sobre el cese por “pérdida de confianza” del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda, cuyo nombre figura también en el sumario de esta trama de presunta corrupción conocida como el caso Mediador.

Una causa que, en cualquier caso, suscita “repudio, reprobación e incomodidad” al Gobierno, ha dicho Pérez. 

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