El Gobierno elude la responsabilidad sobre el fallo

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, dijo este lunes en el pleno del Parlamento de Canarias que la responsabilidad de la sentencia, por la cual el Tribunal Supremo desestima la pretensión del Gobierno regional de recuperar el dinero adelantado para construir el proyecto monumental de Tindaya, es de anteriores ejecutivos.

Durante una comparecencia parlamentaria solicitada por los grupo Popular, Nacionalista y Socialista para hablar del proyecto monumental montaña de Tindaya, el consejero Domingo Berriel insistió en que la voluntad del Gobierno de Canarias es continuar con el proyecto ideado por el escultor Eduardo Chillida.

Domingo Berriel recordó que el contrato se firmó el 24 de febrero de 1999 y respondió a la consejera del grupo Popular Águeda Montelongo que en el Gobierno de Canarias en aquel momento eran consejeros los populares Gabriel Mato, María Eugenia Márquez y Lorenzo Suárez.

El consejero contestó a la diputada popular que puede pedirle responsabilidades políticas por lo que ha hecho él, pero no acepta que se las pidan por lo que han hecho otras personas en otros gobiernos.

La diputada del grupo Popular Águeda Montelongo responsabilizó a Coalición Canaria del “largo, tedioso y vergonzoso” recorrido judicial de este proyecto y señaló que el Tribunal Supremo critica la actuación del Gobierno canario, al que acusa del gasto realizado.

Águeda Montelongo reclamó responsabilidades a Coalición Canaria por las actuaciones realizadas por los presidentes Manuel Hermoso y Román Rodríguez , y aseguró que para su partido el futuro del proyecto es imposible sin abordar responsabilidades cuando han desaparecido 25 millones de euros y no se ha hecho nada.

La diputada del grupo Popular insistió en reclamar responsabilidades políticas y que el PP no estaba en este “pelotazo” y reconoció que cree en el proyecto de Eduardo Chillida pero no cree en el Ejecutivo canario porque “esto no está resuelto y mira para otro lado”.

Domingo Berriel respondió a la diputada del grupo Popular que no se han perdido veinticinco millones de euros

El portavoz del grupo Socialista, Manuel Fajardo, reconoció que la sentencia del Tribunal Supremo no es una cuestión baladí y reclamó la máxima transparencia a la vez que reconoció que es “muy duro” el pronunciamiento judicial para también acusar de conducta negligente a quienes han conducido el proceso.

Manuel Fajardo no es partidario de mirar para atrás y reivindicó que todos trabajen en la senda marcada por el Gobierno regional en defensa del proyecto ideado por el escultor Eduardo Chillida para la montaña de Tindaya, si bien opinó que en la actualidad no es prioritario.

Claudina Morales dijo que el proyecto ha estado rodeado de polémica y que incluso se puede dudar de las intenciones de alguna de las personas implicadas en el mismo, pero opinó que la propuesta de Eduardo Chillida debe seguir siendo una apuesta porque es única en el mundo y buena para Canarias.

La diputada del grupo Nacionalista recordó que el Gobierno canario pagó doce millones de euros por informes que no se han hecho y reconoció que es una vergüenza lo ocurrido y debería haber responsables, que serían quienes fiscalizaron el contrato, en su opinión.

Claudina Morales dijo a la diputada popular que nombra a Manuel Hermoso pero no a quien era consejero de Turismo

El diputado del grupo Mixto Román Rodríguez, de Nueva Canarias, opinó que el artista Eduardo Chillida ideó un proyecto que impresionaba y era tan llamativo que los ciudadanos vieron en la obra una oportunidad tanto turística como económica, pero, añadió, el problema parece que nació con la estructura que se diseñó para ejecutarlo.

Román Rodríguez tiene la sensación de que durante un periodo hubo intereses que distorsionaron el proyecto, con el inconveniente de que no estaba claro que había que pagar servicios y sin embargo sí lo estaba que el Gobierno regional debía abonar dinero, y recordó que heredó el expediente cuando fue presidente del Ejecutivo canario.

“No se había movido ni una piedra y no se había generado prestación alguna” y se abrió un proceso negociador y casi veinte años después la relación contractual ha sido sancionada por el Tribunal Supremo, cuya sentencia considera que es difícil de entender en algunas cuestiones aunque recordó que hay que cumplirla porque no es recurrible.

Aseguró Román Rodríguez que el gobierno que presidió intentó restituir el patrimonio público en todo momento y se mostró convencido de que los siguientes quisieron hacer lo mismo, y afirmó que el proyecto sigue siendo válido.