La juez de 'Góndola' imputa al ex consejero del PP José Jiménez
El ex consejero de Medio Ambiente y Aguas del Cabildo de Gran Canaria José Jiménez (PP) ha sido citado a declarar como imputado por la juez titular de Primera Instancia e Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana, Mónica Oliva, en el marco del caso Góndola que investiga una presunta trama de corrupción del PP en el Ayuntamiento de Mogán.
Jiménez figura en una nueva ronda de citaciones judiciales en calidad de imputado junto al actual concejal de Turismo del grupo de gobierno presidido por Francisco González (PP), Tomás Lorenzo, durante el mandato anterior también al frente de Medio Ambiente.
Además de José Jiménez y Tomás Lorenzo, en junio deberán prestar declaración como imputados asistidos por sus abogados el técnico del Departamento de Aguas de Mogán Adrián Guerra Peralta, el ex asesor de Urbanismo y primo del alcalde, Eduardo Gabriel Marrero González, el funcionario responsable del Consejo Insular de Aguas, José Luis Guerra Marrero y el ingeniero de caminos Francisco González González-Jaraba.
Otras tres personas relacionadas con el caso, Rosa Elena Díaz Machín, Armando Luis Betancor Álamo y Lidia Esther Quintana Álamo, han sido citadas a declarar por la juez instructora en calidad de testigos.
Conversaciones con el alcalde por la depuradora de Taurito
José Jiménez figura en el sumario del caso Góndola en conversaciones pinchadas al alcalde de Mogán, Francisco González, principal imputado del caso con siete delitos, entre ellos, cohecho. El líder del PP de Mogán presionaba en aquellas conversaciones durante varios meses de 2006 al Cabildo de Gran Canaria, a través del consejero de Aguas, para regularizar una depuradora instalada en Taurito por el empresario Santiago Santana Cazorla.
En la conversación grabada el 6 de julio de 2006, a las 10:34 horas, entre Francisco González y José Jiménez, el alcalde le explica al consejero su angustia porque a Santana Cazorla “se le dio deprisa y corriendo el certificado de puesta en marcha, la puso en marcha, pero me está presionando por el tema del agua, tú sabes que no tiene calificación para [...] pozo distribuidor del agua y está distribuyendo el agua en Taurito, ¿eh?....”.
El 31 de octubre, a las 13:56 horas, es José Jiménez quien llama al alcalde de Mogán y le explica que la depuradora de Taurito tiene una subvención del Cabildo de 300.000 euros y que Santana Cazorla “ha presentao once certificaciones que se le han pagao, del orden de doscientos cincuenta mil euros, le queda algo menos de cien mil euros pero porque le falta presentar la certificación, no depende de ninguna licencia sino simplemente de que presente la certificación última para pagarle lo último”.
El alcalde explica al consejero de Aguas de la época que las trabas “ahora por lo visto es por Unelco”, a lo que Jiménez le replica que “pues que se aclare, si es Unelco, nosotros podemos, como ya hemos hecho en alguna ocasión, por interés munici...prioritario, esencial...y tal, que le den la conexión, salvo que la depuradora tenga un defecto de incumplimiento de la norma y no tenga informe de, de Industria [...]”.
La conversación de ese día concluye con la afirmación del interlocutor del Cabildo de que “...insisto, no es de nosotros...ha cobrao, y si tu ves que hay, que hay, que tenemos que hacer algo, lo hacemos, vale.”
La situación ilegal de la depuradora de Taurito, en suelo rústico y sin informes favorables, y las conversaciones mantenidas durante varios meses de 2006 entre el alcalde de Mogán y el constructor grancanario para regularizar la instalación, llevó a los investigadores del caso a solicitar al juez instructor el 10 de diciembre de 2006 que se intervinieran también los teléfonos de Santana Cazorla, detenido finalmente el 5 de febrero de 2007 en el marco de la operación policial, 18 días después de las detenciones de los principales implicados, el propio alcalde y la ex teniente de alcalde Onalia Bueno.
Entre las conversaciones captadas de Jiménez y González, figura también una en la que el consejero del grupo de gobierno insular presidido entonces por José Manuel Soria, actual vicepresidente del Gobierno de Canarias, informa a Francisco González de que está cometiendo irregularidades al permitir la depuradora y el líder del PP de Mogán muestra su total ignorancia al respecto y lamenta ante el consejero el “chantaje” al que le somete Santana Cazorla.
La ignorancia del alcalde de los delitos ecológicos que pudiera estar cometiendo por la depuradora ilegal de Santiago Santana Cazorla llevó el 27 de octubre de 2006 al consejero de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, José Jiménez, a explicar al primer regidor moganero su situación de flagrante ilegalidad, después de que el alcalde insistiera de nuevo con los permisos del Cabildo, porque “estuve hablando con José Manuel la semana pasada que fui a Noruega con él, y él me dijo, bueno y no puedo hablar con Pepe a ver si él...¡coño! si tu le das la subvención ya de una puñetera vez pues yo me ahorro, yo me evito el problema de meterme en un follón, tío. Porque claro...es que me está cha...me está...”
José Jíménez Suárez no acabó el mandato 2003-2007 al frente de Medio Ambiente y Aguas del Cabildo de Gran Canaria. En marzo de 2007 presentó su dimisión a José Manuel Soria por motivos personales, según trascendió en su día para presentarse a una oposiciones a la Comunidad Autónoma de Canarias.
