A juicio la presunta estafa de Hoya Pozuelo
La Audiencia de Las Palmas juzgará a partir del lunes al promotor Jaime Cortezo Massieu, a su esposa y a la apoderada de una de sus sociedades por la presunta estafa cometida en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo, en Telde (Gran Canaria), que recibieron sentencia de derribo.
Tres grupos de compradores de esa promoción inmobiliaria acusan a Cortezo Massieu de haberles vendido esas viviendas ocultándoles que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) de Canarias les había abierto un expediente por infracción urbanística, porque invadía la franja de servidumbre de la Ley de Costas. Algunos de los compradores aseguran que les vendieron las viviendas en esa zona de la costa de Gran Canaria cuando la APMUN ya había ordenado su demolición (2000) o, incluso, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había convalidado esa decisión del órgano de control urbanístico del Gobierno canario (2002).
Según informa la agencia EFE, en el procedimiento están personadas tres acusaciones particulares que representan a tres bloques de compradores y que dirigen sus cargos contra Cortezo Massieu, su esposa Elena Castillo y la apoderada de la sociedad Javiercol, Juana Rosa Fuentes. Todas las acusaciones coinciden en describir lo ocurrido como un delito de estafa del que fueron víctimas los compradores de las viviendas, aunque luego, por separado, introducen otro tipo de cargos, como falsedad y alzamiento de bienes.
Por estos hechos, demandan a la Audiencia que condena a los acusados a penas que, en el caso del empresario y su esposa, llegan a 17 años y medio de cárcel cada uno. Juan Rosa Fuentes se enfrenta, a su vez, a una propuesta de pena de cuatros de prisión.
De la absolución a 17 años de cárcel
El fiscal discrepa de las acusaciones particulares y propone que los tres encausados sean absueltos, porque no ve engaño alguno que sustente los cargos de estafa que se les imputan.
De hecho, la Fiscalía sostiene que los propietarios que hoy acusan a Cortezo Massieu “adquirieron las viviendas pese a tener conocimiento de la existencia de expediente sancionador del que fueron informados en varias ocasiones, después de finales del mes de febrero de 2000”, por la prensa y por dos Juntas de la Comunidad de Propietarios, “sin que solicitaran la rescisión de sus contratos con devolución de las cantidades abonadas”. “Otros propietarios de otras parcelas solicitaron por escrito la rescisión de sus contratos exigiendo la devolución de sus cantidades y se les ha hecho entrega de dinero”, asegura el Ministerio Público, en el escrito por el que pide el sobreseimiento del caso.
Las acusaciones privadas solicitan a los acusados indemnizaciones que suman 5,17 millones de euros por perjuicios materiales y 450.000 euros por daños materiales. La acusación que representa a mayor número de propietarios demanda además a la Audiencia de Las Palmas que haga responsables civiles subsidiarios de las cantidades que reclama (4,23 millones de euros) al Ayuntamiento de Telde y al Gobierno de Canarias.
Por su parte, la defensa de Cortezo Massieu subraya que su cliente “en modo alguno tuvo intención defraudatoria” y que, en cuanto supo de la existencia del expediente de la APMUN, dotó provisiones para pagar las correspondientes indemnizaciones. La defensa mantiene que no existe delito alguno en la actuación de los tres acusados, por lo que demanda su absolución.
