La nueva Ley de Cabildos obliga a cabildos y ayuntamientos a publicar más información sobre dietas, contratos y subvenciones
La entrada en vigor de la nueva Ley de Cabildos obligará a cabildos insulares y ayuntamientos canarios a ampliar la información que publican en sus portales de transparencia. Entre las nuevas obligaciones figuran la publicación de las dietas y gastos de viaje de cargos públicos y personal directivo, los contratos de campañas publicitarias y sus planes de medios, las subvenciones concedidas sin concurrencia pública y un mayor detalle sobre contratos, patrimonio y convenios.
Con el objetivo de facilitar la adaptación al nuevo marco legal, el Comisionado de Transparencia de Canarias ha trasladado a cabildos y ayuntamientos las modificaciones que afectan a sus obligaciones de publicidad activa tras la entrada en vigor de la Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares.
La nueva norma sustituye el catálogo específico de obligaciones de publicidad activa recogido en la anterior Ley 8/2015 por el régimen general establecido en la Ley 12/2014, de transparencia y de acceso a la información pública. Este cambio deriva de la remisión que realiza el artículo 93.2 de la nueva ley al marco autonómico de transparencia.
Las modificaciones también afectan a los ayuntamientos y a sus entidades dependientes, ya que el régimen de publicidad activa previsto para estas administraciones se encontraba vinculado al de los cabildos por la remisión contenida en la Ley 7/2015, de municipios de Canarias.
Como consecuencia de esta unificación normativa, 15 obligaciones que hasta ahora eran específicas para los cabildos y sus entidades dependientes pasan a tener carácter voluntario como recomendaciones de transparencia, mientras que se incorporan 18 nuevas obligaciones procedentes del régimen general autonómico. En conjunto, el número de obligaciones de publicidad activa aumenta en tres.
En el caso de los ayuntamientos, la nueva regulación incorpora 20 nuevas obligaciones de publicidad activa, dos más de las que existían hasta ahora, al tiempo que 18 obligaciones dejan de ser exigibles y pasan a tener carácter voluntario.
Nuevas obligaciones de transparencia
Entre las principales novedades destaca la obligación de publicar los acuerdos suscritos con sindicatos, organizaciones empresariales y otros agentes sociales; las listas de contratación de personal; las indemnizaciones por dietas y gastos de viaje de cargos públicos y personal directivo; los programas legislativos y sus informes de seguimiento; las cartas de servicios y sus compromisos de calidad; el límite de gasto no financiero; los contratos de campañas publicitarias y sus planes de medios; el inventario de bienes y derechos; información más detallada sobre operaciones patrimoniales, así como las prórrogas y modificaciones de los contratos.
Asimismo, deberán publicarse e inscribirse los convenios y sus adendas; ofrecer un mayor nivel de detalle sobre las encomiendas de gestión y los encargos a medios propios; hacer públicas las subvenciones concedidas sin concurrencia pública; incorporar la documentación completa de los instrumentos de ordenación territorial; difundir información estadística de interés para la comunidad autónoma y publicar la información más frecuentemente solicitada mediante el ejercicio del derecho de acceso.
El Comisionado ha remitido a cabildos y ayuntamientos las relaciones actualizadas de las obligaciones de publicidad activa vigentes desde el 30 de junio de 2026 para facilitar la adaptación al nuevo marco normativo.
Asimismo, ha recordado a los cabildos la importancia de ejercer adecuadamente la competencia de creación y mantenimiento del portal de transparencia insular, prevista en el artículo 94 de la Ley 3/2026, impulsando las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de todas las entidades que integran su sector público.
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