Marichal niega conocer la sentencia que le obliga a derribar un edificio
Agustín Marichal, presidente del PSOE de Arona y propietario de Marichal Inversiones del Sur S.L, declaró este lunes como testigo en el juzgado de Instrucción 4 de Arona, por las licencias urbanísticas que el Ayuntamiento de ese municipio del sur de Tenerife le ha concedido en los últimos años para construir, pese a que contaban con informes negativos, informes que el empresario dijo desconocer, al igual que negó tener noticia de una sentencia firme que desde 2006 le obliga a derribar un edificio en Los Cristianos, también por ilegal.
Es lo que ya se conoce popularmente como el caso Arona 2, aún está en fase de Instrucción. Se trata de la prolongación del caso Edén, por el que el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón y toda su junta de Gobierno entre 2003 y 2007, y parte de la 2007 a 2011, ya han sido acusados formalmente por prevaricación urbanística continuada, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.
En el caso Arona 2, la posible ilegalidad de las licencias, según fuentes judiciales, podrían dar a lugar a nuevas imputaciones por prevaricación urbanística continuada.
Marichal fue el único testigo que acudió a declarar ante el magistrado de Instrucción 4, Evaristo González, pese a que también estaba citado el representante legal de Puertos Deportivos Canarios S.L. (empresa de Norberto Cejas, ex director de la Mutua de
Accidentes de Canarias, y Rodolfo Núñez). En su lugar, este testigo envío a una abogada, lo que fue rechazado por el juez.
El propietario de Marichal Inversiones del Sur negó tener conocimiento de que las licencias que le otorgó el Ayuntamiento aronero entre 2003 y 2007 tuviesen informes preceptivos en contra, aunque admitió que en numerosas ocasiones se reunió con el ex arquitecto municipal Eliseo de la Rosa, y con otros técnicos y aparejadores, entre los que dejó fuera a Roberto de Luis, quien ya ha estado en prisión provisional por el Caso Edén.
Reuniones con González Reverón, Manuel Barrios y Antonio Sosa
Según Agustín Marichal, sus reuniones con los mandos del Ayuntamiento abarcaron también a Antonio Sosa (actual responsable de Medio Ambiente y Urbanismo de Arona), Manuel Barrios (ex alcalde y ex concejal de Urbanismo en el Gobierno local de González Reverón), y el propio alcalde, y según las fuentes judiciales a las que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, esos encuentros se debieron al retraso, justamente, en la concesión de las licencias de construcción que ahora se investigan.
Otra de las posibles prevaricaciones que habría cometido el alcalde de Arona, a partir de 2007, es la de no ordenar demoler un edificio propiedad de Marichal en la plaza de Los Cristianos, pese a que un año antes, en 2006, ya se dictó una sentencia firme que así lo mandaba.
A este respecto, Marichal dijo sorpresivamente al magistrado Evaristo González que desconocía la existencia de esa sentencia, pese a que se le remitió la notificación oficial.
El caso Arona 2 nació en 2008, cuando el abogado Felipe Campos presentó ante el juzgado de Guardia de Arona una ampliación de las denuncias del caso Edén. La denuncia se basaba en la concesión de 52 licencias urbanísticas, 42 de las cuales se habrían otorgado hace dos mandatos, y las otras diez, entre 2007 y 2011.
La denuncia abrió esta nueva causa penal, en la que son investigados los mandatarios de ambas juntas de Gobierno, la mayoría de los cuales repiten en el mandato actual, como el mismo González Reverón, Antonio Sosa, María Candelaria Padrón (concejal de Economía y Hacienda), Manuel Reverón (concejal de Seguridad Ciudadana), Clara María Pérez (concejal de Servicios Sociales), Jesús Ramón García (Obras Públicas y Mantenimiento) y Miguel Ángel Méndez (Cultura y Educación), todos ellos nacionalistas, y al ex concejal Antonio Miguel García Marichal.
