La Marina arranca con un delito societario y apropiación indebida
Recreación del futuro Muelle de Enlace con puerto deportivo.
El futuro puerto deportivo de la Marina que se plantea como el gran paso de Santa Cruz al mar no ha podido comenzar con peor pie. No es ya que las obras que iban a iniciarse en 2005 tarden en concretarse sino que la empresa que iba a ejecutarlas se encuentra sumida en un entramado judicial de calado. Y es que A. G. B. presidente de Inversiones Dársena de Anaga ha sido condenado por la Audiencia Provincial a un año y nueve meses de cárcel por un delito societario continuado y otro de apropiación indebida.
Inversiones Dársena de Anaga ostenta casi el 50% de Construcciones Dique del Este, concesionaria de la ejecución del puerto deportivo de la Dársena de Los Llanos. Además, A. G. B. deberá hacer frente a una multa de 60 euros por día durante seis meses lo que suma alrededor de 11.000 euros. Y sobretodo estará obligado a pagar indemnizaciones a los socios que se consideran engañados que alcanzan como mínimo tres millones de euros aunque la cantidad se podrá ampliar en la ejecución de la sentencia. De hecho, el fallo emitido por la Audiencia Provincial ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo (TS).
Construcciones Dique del Este está constituido en casi un 50% por socios vascos, por un lado y por otro por las empresas canarias, Insular de Graneles y Transformados SL, Satocan, Rabadan 28, Ramosper, Inversiones Industriales y Energía de Anaga y Gale 4, unidas todas en Canarias Agroner que a su vez forma Inversiones Dársena de Anaga. Los promotores canarios constituyeron un Consejo de Administración integrado por un representante de cada una de las seis empresas recayendo el cargo de presidente en A. G. B. ahora condenado y representante de Gale 4. A partir de aquí este empresario comenzó una serie de movimientos que pasaron por asumir la presidencia y vicepresidencia de Canarias Agroner.
Igualmente a su secretaria, finalmente absuelta, le otorgó un poder especial para actuar en representación de Gale 4, su propia empresa, a la que vendió las participaciones de Canarias Agroner cuyos cargos había suplantado. El precio fue de 6.000 euros, lo que suma unos 67 euros por participación cuando en realidad el valor de cada una era notablemente superior y llegaba a 84.300 euros. Una diferencia que la Sala considera “absolutamente desproporcionada” a la vez que califica de “ridículo” el primero de los precios con los que el acusado pretendió hacerse con las participaciones.
A partir de aquí A. G. B. convirtió a Inversiones Dársena de Anaga en una sociedad unipersonal con lo cual consiguió el control absoluto del 50% de la concesionaria que va a construir el principal puerto deportivo de Santa Cruz, justo enfrente de la plaza de España. Posteriormente, este empresario llevaría a cabo un auténtico entramado de operaciones mercantiles que implicaron opciones de compra a otras entidades por un valor que en ocasiones llegó a los 3,3 millones.
Todo ello según la sentencia de la Audiencia supuso la realización de actos materiales, “encaminados a la adjudicación en beneficio y lucro propio” y de espaldas a sus socios que se enteraron de lo que estaba ocurriendo de manera fortuita. Las pruebas periciales determinaron que cada metro cuadrado del puerto vale entre 20.000 y 50.000 euros, con lo cual se calcula que la venta de los 300 puntos de atraque alcanzará un volumen de negocio de 24 millones de euros.
“Existió en este caso un quebrantamiento de los deberes de fidelidad en la confianza en el acusado depositada por todos los representantes de las empresas que conformaban el Consejo de Administración, habiendo manifestado todos ellos que confiaban plenamente en él. Pese a ello llevó a cabo actuaciones con la finalidad de adjudicarse de forma abusiva y fraudulenta bienes pertenecientes a Canarias Agroner buscando el lucro propio”.
Aunque los denunciantes consideraron los delitos como una estafa no lo sustentó así el Ministerio Fiscal ya que lo que prevaleció fue un abuso de confianza. Con respecto a la coacusada se pudo demostrar que actuaba de secretaria con un sueldo de 500 euros y nunca tuvo conocimiento de los hechos en los que se vio involucrada, ni era consciente del trasfondo de los documentos que firmaba.
Durante el juicio declaró que no tenía nada que ver con este entramado empresarial, que estuvo muy enferma e incluso se le tuvo que realizar un trasplante en el año 2002. Cuando trabajaba con el presidente se encargaba de recados, gestiones y de ir a correos. Recordó que fue dos veces a la notaria pero nunca vio los poderes que firmó, ni pensó que la fueran a engañar o que estuviese haciendo algo ilegal.
Además jamás recibió dinero alguno, motivos por los cuales ha quedado absuelta ya que la Sala entiende que la complejidad de estas operaciones empresariales se le escapaban dada su categoría profesional de administrativa. En la actualidad algunos de los puntos de atraque ya han sido construidos y además esta concesión portuaria tiene la particularidad de que su vigencia sólo empezará a contar a partir de que se ejecuten las obras del Muelle de Enlace, diseñadas por los arquitectos Herzog & De Meuron.
