Un policía local de Mogán ejercía de agente inmobiliario de Álvaro Canales
La trama inmobiliaria del caso Góndola, puesta al descubierto en la parte del sumario sobre la que ya no pesa el secreto judicial, no sólo evidencia los intentos del alcalde de Mogán, Francisco González (PP), y la ex teniente alcalde Onalia Bueno (PP) de montar negocios paralelos a través de sociedades creadas por el padre de ésta y el primo del regidor, sino el control que ejercía el también imputado Álvaro Canales sobre varios funcionarios del ayuntamiento. En concreto, un policía local adscrito a Disciplina Urbanística ejercía de agente inmobiliario de Canales, como consta en las grabaciones.
Los investigadores de la Brigada Provincial de Información consideran, en un oficio remitido al juez instructor, que Álvaro Canales mantiene “una excesiva colaboración que se prestan entre sí el empresario grancanario y diferentes funcionarios adscritos a la corporación municipal”, entre los que resalta la presencia del agente de la Policía Local José Juan Santana Rodríguez, conocido como Pepito, adscrito al área de Disciplina Urbanística del ayuntamiento, que ejerce como “agente inmobiliario colaborador del Grupo Canales”.
La Policía Nacional se remite a una conversación grabada el 7 de diciembre de 2006, a las 19:37 horas, en la que el promotor solicita a “Pepe Juan” que le consiga dos casas en una zona que no determina para venderlas, una “petición que se ha repetido en numerosas ocasiones”.
En la conversación de ese día, Canales insiste al policía local, que es quien ejecuta las directrices urbanísticas del ayuntamiento con cierres y precintos, dos casas “con su garajito, así tal...”, a lo que se presta solícito el agente municipal tras insistir Canales que “hay perras” y “tú, camina con el tema”.
“Venga, que está la cosa super...coño hay un montón de negocios y...” le insiste Canales en la conversación a Santana Rodríguez, quien con claridad que “sí, hay que ganar perras”.
La conversación referida refleja la relación comercial entre el policía local de Urbanismo y el promoor inmobiliario, aunque la investigación no sólo detecta este contacto, sino otros de Álvaro Canales dentro del ayuntamiento, como principalmente el funcionario jubilado y también imputado en el caso, Marcelino Martín, ou otro funcionario adscrito al departamento, Adrián Navarro, de quien Canales reclama “información sobre irregularidades urbanísticas que afirma conocer en el ejercicio de sus funciones”, explica la Policía, para, según palabras de Canales “a ver, pues tú trae pa´cá coño pa´meterle joder”.
En este sentido, se refiere a una supuesta guerra personal entre Adrián Navarro y su jefa, Patricia Inés Hernández Dávila, de la que ñAvaro Canales pretende sacar tajada.
Las conversaciones del subastero con estos y otros funcionarios del ayuntamiento adscritos al área de Urbanismo están íntimamente ligadas con otras del promotor con el propio alcalde y de éste con esos mismos funcionarios, que reflejan el grado de entendimiento general que existía entre dos para acometer supuestas actividades ilícitas.
El padre de la concejal y el primo del alcalde, tapaderas
En el mismo oficio policial, los investigadores alertan al juez de que el alcalde de Mogán y la ex teniente de alcalde habían decidido ya desde el verano de 2006, cuando arranca la operación Góndola, crear sociedades inmobiliarias para un supuesto enriquecimiento ilícito a través de la compra de terrenos e inmuebles, pero en los que primero sitúan como tapadera al padre de Onalia Bueno, el ex alcalde Guillermo Bueno, y en otro momento, al primo del alcalde, Eduardo Gabriel Marrero González, conocido como Tato.
Al respecto, la investigación considera que la sociedad Mogán Domaro S.L, fue creada por Tato con la participación del propio alcalde, a través de la qe pretenden adquirir solares e inmuebles y hasta incluso llegan a presionar a propietarios con represalias oficiales desde el Ayuntamiento de Mogán.
