Nueva Canarias acusa al Gobierno de pedir un crédito que no usó y por el que pagó más de 400.000 euros
La diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González ha acusado al Gobierno de Canarias este miércoles en el Parlamento de haber solicitado la concertación de un crédito de 100 millones de euros en 2014, que el Ejecutivo de CC y PSOE no usó y por el que pagó una “inusual comisión de no disponibilidad” de más de 413.000 euros cuando además las existencias en metálico rondaban el millón de euros.
Para González esto es un ejemplo de “mal uso y gestión” de los fondos públicos por parte del Ejecutivo “en plena crisis económica y de recortes y deterioro de los servicios públicos esenciales sanitarios, educativos y sociales” y observó posibles indicios de responsabilidad contable o de otro tipo, que la Audiencia de Cuentas (AC) se limita a referir como recomendación.
Estos argumentos fueron expuestos en la comisión de Presupuestos y Hacienda tras la presentación del Informe de Fiscalización de la Gestión de la Tesorería y la Actividad Financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2011 a 2014 por parte del presidente de la AC, Rafael Díaz. Del estudio de la evolución mensual de las existencias de Tesorería entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, responsabilidad de Coalición Canaria; la portavoz de NC dijo que las “existencias metálicas” del Ejecutivo, durante 28 meses consecutivos, oscilaron en una horquilla de entre 207 millones de euros y 914 millones de euros.
La conclusión, según Esther González, es que, “cuando menos,” la tesorería de la comunidad era “boyante” pero, al mismo tiempo, se dejaban de gastar otros 280 millones de euros del déficit autorizado y se deterioraban los servicios sociales, la sanidad y la educación.
“Con este panorama, sólo cabe pensar que lo que ha habido es una mala gestión de las políticas públicas, lo que impidió que se materializara el gasto previsto en las mismas”, según González. Pero a pesar de ello, la comunidad aumentó el saldo de la deuda viva en más de 2.500 millones de euros.
La diputada nacionalista recalcó que el endeudamiento, “en ningún caso, es gratuito,” ya que implica dedicar los recursos del presupuesto destinados a financiar los servicios públicos del futuro a la amortización y a los gastos, si los hubiere. “Endeudarse, cuando no es necesario, es una ineficiencia de primer orden”, según Esther González.
Un ejemplo “claro de esta absoluta ineficiencia” en la gestión del endeudamiento, agregó, es la póliza de crédito de 100 millones de euros, suscrita el 29 de mayo de 2014 con Caixabank y que figura en el citado informe, “de la que no se dispuso ni un solo euro pero por la que hubo que abonar 413.332,89 euros en concepto de comisión de no disponibilidad”. González recriminó a la Audiencia de Cuentas que “no cumpliera” con sus responsabilidades al emitir una simple recomendación ante una “mala utilización” de los fondos públicos que, en su opinión, puede dar lugar a posibles indicios de responsabilidad contable u de otro tipo.
En relación con el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2014, la diputada de NC cuestionó el “sistemático descenso” de la recaudación del saldo pendiente de cobro procedente de ejercicios anteriores. El grado de realización, según González, disminuyó progresivamente al pasar del 55,2% de 2009 al 11% de 2014, “situándose, a 31 de diciembre del último año, en más de 433 millones de euros”.
La portavoz nacionalista dijo compartir la recomendación de la “urgente” necesidad de llevar a cabo un estudio específico sobre el estado de los cobros y las razones de “la cada vez más deteriorada” gestión de los mismos.
Como los presupuestos son el “fiel” reflejo de la política gubernamental, resulta “significativo”, añadió, que el Ejecutivo canario asignara más recursos a la Televisión Canaria que a las políticas de viviendas, recursos hidráulicos, turismo, energía o, “que decir,” enfatizó González, los aplicados a la agricultura. Nueva Canarias, tal y como indicó, apuesta por el ente público Radiotelevisión Canaria pero “no dirigido a la propaganda partidista” del Gobierno sino a los intereses generales de los ciudadanos .
