El Parlamento canario podrá iniciar tras el verano el debate de la Ley de Servicios Sociales
El Consejo de Gobierno ha tomado este lunes en consideración el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales y solicitado, con urgencia, el dictamen del Consejo Consultivo, de forma que el Parlamento pueda comenzar su debate tras el verano.
Así lo ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la consejera regional de Políticas Sociales, Cristina Valido, quien ha destacado que el próximo mes de septiembre comenzarán a constituirse las mesas de trabajo encargadas de elaborar el mapa que establecerá la cartera de servicios sociales del Archipiélago.
Se tratará de un catálogo actualizado de todos los recursos sociales que existen en Canarias, en el que se definirá “quién los presta, cómo, cuánto cuestan y de quién es la competencia”, entre otras cuestiones, ha resaltado Valido, quien ha recordado que la ley en vigor se aprobó en 1987, de ahí que ya no responda a “las nuevas formas de atender a las personas”.
Cristina Valido ha avanzado que el futuro catálogo de recursos sociales del archipiélago conducirá a la revisión de su financiación por parte del Gobierno canario, ya que “el coste plaza/día se ha ido alejando de la financiación que se recibe”.
Este incremento de financiación será “asumible” para la administración autonómica y dará “estabilidad” tanto a los recursos como al personal que trabaja en ellos, ha dicho.
El Gobierno canario considera que el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales configura una estructura integrada de todos los recursos disponibles de atención a las personas.
Para ello, dicho sistema público de servicios sociales estará integrado por el conjunto de los recursos, equipamientos, planes, programas y servicios, así como las prestaciones económicas destinados a la atención social en los ámbitos de la discapacidad, la dependencia, la infancia y la familia, la inmigración, y en general, para atender las diversas situaciones de exclusión social.
El Gobierno considera que el pronunciamiento del órgano consultivo ha de solicitarse con carácter de urgencia, a fin de cumplir los plazos comprometidos ante el Parlamento de Canarias para aprobar el citado Proyecto de Ley.
La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda subraya que “ha cumplido con los trámites preceptivos”, entre ellos, la lista de evaluación, en la que se analiza el impacto normativo y financiero del Anteproyecto de Ley y se evalúa el impacto de género, el empresarial y el de familia, infancia y adolescencia, así como los trámites de información pública.
También ha concedido audiencia a los cabildos insulares, ayuntamientos canarios y entidades y organizaciones representativas de intereses social y económicos; ha consultado a todos los departamentos del Gobierno de Canarias y ha incorporado los informes emitidos por las consejerías de Sanidad, Hacienda, Educación y Universidades, Presidencia, Justicia e Igualdad y el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza.
De igual forma, ha solicitado informes al Consejo Económico y Social de Canarias y al Consejo Municipal de Canarias, hasta la fecha no emitidos; al Consejo de Colaboración Insular, respecto de las competencias de los cabildos insulares, emitido con fecha de 4 de julio de 2017, y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los servicios, la Dirección General de Planificación y Presupuesto y la de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos.
Valido ha resaltado que este anteproyecto de ley ha recibido 207 alegaciones, una cifra que ha considerado “bastante baja” si se tiene en cuenta las realizadas en el resto del Estado a iniciativas legislativas similares.
