El Parlamento rechaza una propuesta para que el Gobierno asuma como público el servicio de ambulancias en Canarias

El Parlamento de Canarias rechazó, con 24 votos en contra y seis abstenciones, la Proposición No de Ley (PNL) para subrogar al personal que presta servicios en el transporte sanitario terrestre en Canarias a través de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias. El objetivo de esta propuesta, impulsada por la Federación de Empleadas y Empleados Públicos, Fesp-UGT Canarias, es poner fin a la precariedad laboral en el sector de las ambulancias en las islas y que la administración asuma directamente el servicio.

Los grupos socialista y Podemos comparecieron este martes en el Parlamento de Canarias para proponer un tema “de un calado político importante”, según el diputado de la formación morada, Juan Márquez. El político considera que este servicio “no debe estar privatizado en ningún caso” ya que está relacionado con las lisas de espera y asegura que un “eficiente servicio bien coordinado” aliviaría gran parte la carga hospitalaria.

El diputado del PSOE Francisco Hernández recordó los problemas que sufre la plantilla para defender la propuesta. Hizo hincapié en las adjudicaciones a dedo, el uso de la figura de los falsos autónomos, la precarización laboral con despidos sin justificaciones y diversos incumplimientos e interpretaciones del convenio que crea disparidad en las islas entre los trabajadores. Hernández cree que “todo esto se traduce en perdida de calidad del servicio para los usuarios”.

El problema del transporte sanitario terrestre en las islas viene de lejos. El pasado mes de marzo el Gobierno anunció que en abril iba a sacar a concurso la contratación de los servicios de transporte sanitario terrestre, tanto urgente como no urgente, en las islas. Han pasado siete meses y no hay noticias de ese anuncio. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene el polémico concurso de 2008, que fue anulado al completo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2010 y que debió vencer, con prórrogas incluidas, como máximo en 2015. Si no se publica antes de enero, las islas se podrían quedar sin parte del transporte no urgente, ya que a partir de 2019 alguna de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) no podrán circular al cumplirse los diez años de vida útil de los vehículos.

El pasado mes de octubre se firmó un nuevo convenio de los trabajadores, un acuerdo que Iván Amador, responsable del sector el transporte sanitario en Canarias por UGT tacha de “perjudicial” porque tiene condiciones laborales inferiores al que tenían antiguamente. “Este es el tercero que se firma y en el segundo teníamos condiciones mejores, se reconocía una cláusula de estabilidad laboral, contábamos con un mejor artículo de vacaciones, de cambio de turno, todo lo que conlleva la conciliación familiar”, explica. Amador denuncia la mala intención por parte de CCOO de vender este III Convenio como “el mejor acuerdo alcanzado” para confundir “no solo a los trabajadores sino a la clase política”.

Por ello, en septiembre decidieron sentarse con los grupos parlamentarios y explicarles la situación en la que viven: una precarización laboral en la que hay despidos sin justificación con la única intención de eliminar a los profesionales con antigüedad y sustituirlos por personal en prácticas cobrando un 25% menos; los incumplimientos e interpretaciones del convenio en las diferentes empresas y en cada una de las islas; la perdida de calidad del servicio para los usuarios que trae como consecuencia el aumento de las listas de espera; los recortes de recursos y personal. Además, se critica cómo desde la Administración permite la precariedad en la contratación a través de empresas de trabajo temporal (ETT) , varios tipos de contratos en parciales , en practicas etc.

Todo esto, sumado a los escándalos judiciales en los que se ha visto envuelta la Administración al tener que pagar indemnizaciones a empresas que se quedaron fuera del concurso por adjudicaciones a dedo o la sentencia desfavorable contra una enfermera que denunció el caso de los falsos autónomos, son los motivos que exponen desde UGT para que los subrogue la empresa Gestión Sanitaria de Canarias. “Es la empresa pública que se creó en su momento el Servicio Canario de Salud (SCS) para dirigir este servicio, pues que sea quien nos asuma”, apunta Amador.

El responsable del sector por UGT afirma que desde el momento en el que todos los trabajadores sean empleados de la empresa pública tendrán el mismo convenio y la misma interpretación. Y con respecto al acceso al empleo público aclara que “seríamos un personal estructural ya que se necesitan cubrir unas plazas”, al igual que pasó con la subrogación de los trabajadores de la televisión canaria.

Para defender la propuesta ante los parlamentarios, Márquez añadió que esa subrogación tiene un coste 0 y asegura que “es perfectamente posible” y se mejoraría el servicio, como ocurrió en las Islas Baleares.

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza, comentó que se debería hacer un seguimiento de las condiciones laborales de los trabajadores y vigilar que se cumpla el acuerdo firmado el pasado 4 de octubre. Asimismo, no descarta que en un futuro el servicio sea de gestión directa. Mendoza adelantó que su grupo se abstiene ya que “no estamos seguros de que se pueda votar a favor de lo que se pide”.

Pedro Manuel Rodríguez, por Nueva Canarias, expuso que tiene dudas de que si esa subrogación vulneraría los estatutos del empleado público. El nacionalista cree que se abrió la veda cuando se subrogó a los trabajadores de la televisión, pero no quiere que la ciudadanía piense que pueda empezar a trabajar en una empresa y ser empleado público. “Decimos sí al cumplimiento de los acuerdos de las empresas del sector por los trabajadores, no a la prevaricación de las condiciones de los trabajadores, sí a que el Gobierno sea garante de ese cumplimiento, pero creo que un tema de este calado no debe ser tratado en media hora a través de una PNL”, subrayó el diputado.

Por parte del PP, Luz Reverón, aseveró que con su grupo no iban a contar para hacer algo que define como “irregularidades”, pero si afirmó que iban a apoyar a los trabajadores. “Si se quiere cambiar el modelo esto requiere mayor pensamiento y sobre todo mayor serenidad”.

Cerró las intervenciones la diputada Guadalupe González Taño, de Coalición Canaria y afirmó: “Nosotros vamos a ser claros y no vamos a engañar a los trabajadores, plantear otra cosa es poner en riesgo el acuerdo”. La nacionalista expresó que iban a votar que no a la propuesta porque considera que se había firmado un “buen acuerdo”.