Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria avala la “exquisitez” de la compra de las fincas de la familia de Román Rodríguez

El consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo Brito, también responsable de Patrimonio, ha avalado este martes la “exquisitez” con la que la corporación ha tramitado, entre julio de 2017 y julio de 2018, la compra de unas fincas en Amurga a varios propietarios, entre ellos familiares políticos del presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez.

En una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al jefe de servicio de Medio Ambiente, Luis Fernando Arencibia, y el coordinador forestal de la institución, Carlos Velázquez, el también secretario de Economía de la Ejecutiva Nacional de NC, Pedro Justo Brito, que fue quien firmó la resolución por la que se procedió a la compra, ha dicho que desconocía quiénes eran los beneficiarios.

“Sería ilegal que lo supiera porque ese no puede ser uno de los criterios por los que se adquiere o se deja de adquirir una finca. El expediente se ha tramitado por un procedimiento público, objetivo y transparente” que es accesible a toda la oposición, ha manifestado el consejero, quien ha aclarado que si el Cabildo comprase una finca según quien sea el propietario “yo acabaría en los juzgados por prevaricación”.

Por ello, Justo Brito ha explicado que, frente a la “idea del pelotazo” que se ha querido dar de esta operación, este procedimiento se inició el 7 de julio de 2017 y prosiguió el 21 de enero de 2018, cuando el actual grupo de gobierno, que sustentan NC, el PSOE y dos consejeros no adscritos, exmiembros de Podemos, aprueba unas bases objetivas para la creación de una bolsa insular de terrenos rústicos con potencial de restauración situados en comarcas prioritarias.

Este tipo de procedimiento se implanta en la presente legislatura, pues según ha recordado Justo Brito “a finales de 2014 un propietario presentaba al Cabildo de Gran Canaria la finca que quería vender y, si había medios, pues se compraba sin procedimiento reglado alguno”, es decir, a dedo. Pero “con el nuevo equipo de Gobierno se hace por un procedimiento reglado, con la ventaja de que objetiviza la situación existente”, y se compra “con fondos propios que la corporación dedica expresamente a este fin desde el año 2018: 10 millones de euros”.

Así, el Cabildo crea el concurso al que se pueden presentar los propietarios de las fincas que quieran vender sus terrenos a la corporación, pero “en función a unas bases objetivas”, como fijar zonas “prioritarias” para la reforestación o rehabilitación, es decir, de “máximo interés”, relata Justo Brito.

Después de aprobar las bases, “se hace un procedimiento que termina en junio de 2018 en donde se fija cuales son las fincas que, cumpliendo las bases, entran dentro de las denominadas comarcas preferentes”. Se presentaron 87 propuestas, pero sólo nueve se ubicaban en comarcas preferentes para la corporación: “Tres fincas en el corredor Tirajana-Amurga; dos fincas en las medianías este-sureste; una finca en el corredor Inagua-Roque Nublo; dos fincas en las medianías de Gáldar y Guía; una finca en los alrededores de Ozorio”, ha enumerado Justo Brito.

De ellas se admitieron cinco y se excluyeron dos en julio de 2018, ha detallado el consejero, quien ha detallado que los propietarios “de las fincas excluidas ha presentado un recurso en contra de la resolución que aún no se ha resuelto”. El 31 de ese mismo mes se aprobaron unas nuevas bases para las fincas que cumplían con el requisito de estar en comarcas prioritarias. “En agosto se solicita que los propietarios de las siete fincas presenten las ofertas definitivas y hagan mención al precio al que quieren que se les compren las fincas. Y responden cinco, con los que continúa el procedimiento”, ha manifestado.

Las cinco ofertas recibieron un primer informe de Medio Ambiente, otro de Patrimonio y una resolución final del consejero, en el que se detalló qué fincas y en qué orden habían sido elegidas, siendo la más grande, una de 440 hectáreas situada en Amurga, la prioritaria. “La segunda es una finca de 84,9 hectáreas, que está en Pico Viento. La tercera y y la cuarta, de 52 hectáreas y 25,2 hectáreas respectivamente, también están ubicadas la zona Amurga. Y la quinta, de 22 hectáreas, que está en el Cortijo del Peralillo”, ha detallado Justo Brito.

Más allá del trasfondo político y electoral que pueda tener esta polémica, el jefe del servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Luis Fernando Arencibia, ha destacado el interés ambiental de las fincas de Amurga adquiridas por la corporación.

“En las jornadas forestales de 2005, un doctor en biología hizo un análisis sobre la excelencia de la finca de Amurga por su capacidad para la reforestación y porque contiene especies endémicas en peligro de extinción, como el pinzón azul o una representación de todas las superficies del monte de Gran Canaria”, ha afirmado Arencibia.

Justo Brito ha añadido que la bolsa insular de fincas rústicas susceptibles de compra por parte del Cabildo se hace con una vigencia de dos años prorrogables año a año y ha avanzado que el grupo de gobierno prevé ampliar el plazo con la aprobación de nuevos criterios aún por definir, pero que podrían ser que sean fincas colindantes con otras de la corporación o con el parque nacional que se pretende crear en el entorno del Roque Nublo. Además, también están pendientes de los propietarios de las dos fincas que no respondieron a la solicitud de ofertas del Cabildo en agosto de este año, para saber si las puede adquirir o no.

Sobre la necesidad de comprar esos terrenos, el coordinador forestal del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Velázquez, ha explicado que si bien es cierto que hay “un alto porcentaje de la superficie de la Isla que tiene algún nivel de protección”, desde la corporación entienden que “eso muchas veces no es suficiente” porque hay zonas que “tienen potencial de restauración”.

Por este motivo decide comprar el Cabildo de Gran Canaria, según explica Velázquez, “para poder actuar, porque sino prevalece el interés del particular y los propietarios no siempre están interesados en que la administración plante una laurisilva o un pinar” y, de esta manera, la corporación puede gestionar directamente su reforestación o repoblación.