El nuevo Plan de Vivienda del Gobierno canario: un parche en plena campaña

El Gobierno de Canarias presenta a cuatro semanas de las elecciones la finalización de su Plan de Vivienda, que ha remitido al Consejo Económico y Social. Un documento que llega con siete años de retraso, ya que el último finalizó en 2012, y que se anuncia cuando el panorama de la vivienda en las Islas pinta peor que nunca. A los precios desorbitados de los alquileres, se les suma la falta de política en este sentido que ha tenido el Ejecutivo regional durante prácticamente la última década, y que achaca a la crisis económica. Pocos recuerdan cuándo fue la última gran promoción que se entregó de vivienda pública y muchas familias se han cansado de apuntarse en el registro de demandantes debido a que apenas se ha ampliado el parque público.

El Plan de Vivienda lleva dando tumbos varios años. La anterior consejera, Patricia Hernández (PSOE), anunció en 2015 que trabajaba en él, aunque matizó entonces las numerosas deudas a las que se enfrentó cuando llegó a la consejería. Con el cambio de Gobierno, la nueva titular de Vivienda, Cristina Valido (CC), anunciaba que su intención era que el plan se aprobara en 2018 para que entrara en vigor en 2019. El tiempo se ha echado encima y el Ejecutivo lo ha anunciado a los medios en uno de sus últimos consejos de gobierno y a menos de un mes de las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Es cierto que el documento ha contado con la participación de sindicatos, asociaciones y de la ciudadanía, que ha podido realizar aportaciones a través de la web. No obstante, los problemas de la vivienda han ido en aumento en los últimos años y las líneas del plan servirán para parchear o atajar parte de sus deficiencias, pero no solucionará la emergencia habitacional que se está viviendo.

El nuevo documento, que abarca una estrategia para el período 2018-2022, a pesar de que el primero de los años ya ha transcurrido, contempla la construcción de 4.000 nuevas viviendas de promoción pública hasta 2022, una cantidad considerable comparada con la escasa o casi nula construcción de los últimos años, pero cuyos proyectos aún no han sido concretados. En la nota de prensa remitida a los medios se subraya que ya está en proceso la redacción de un proyecto para la construcción de 500 viviendas de propiedad pública, aunque no se especifica en qué zonas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha llegado a asegurar que ha cedido suelo para unas 8.000 viviendas, pero el Gobierno no ha construido ninguna.

Escasa construcción de vivienda pública

En los últimos años se han entregado unas 300 casas. En 2015 (bajo el mandato de Patricia Hernández) fueron 105, ubicadas en dos promociones en el polígono de El Rosario, en Tenerife. A ellas se sumaron ese mismo año 57 viviendas protegidas de promoción pública en Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, y se hicieron entrega de 65 viviendas en La Orotava; 11 en Los Realejos y 40 en los Llanos de Aridane, en La Palma. Todas ellas, viviendas en régimen de alquiler para familias en situación de vulnerabilidad social. El año pasado se adjudicaron a 13 familias en El Sauzal, en Tenerife, y en 2017 se inició la construcción de otras 23 en el municipio de El Paso, en La Palma.

Desde finales del año pasado, el Gobierno empezó a realizar grandes anuncios en materia de vivienda social. Entre lo más destacado, la compra a dedo al banco Santander de 358 viviendas en Añaza alegando la amenaza de un fondo buitre. Lo hizo por un montante de 24,8 millones de euros, aunque sin sacar un concurso público y a solo unos meses de las elecciones. A ello, se le une la construcción de 26 viviendas en Valverde o la adquisición en Moya de 38 para conceder en régimen de alquiler social.

Las ayudas al alquiler, sin resolverse

También pretende el nuevo plan dar cobertura a 10.000 demandantes de ayudas al alquiler en los próximos cuatro años, a pesar de que aún no se han resuelto las solicitudes de 2018. Desde el Gobierno de Canarias no se atreven a cerrar una fecha concreta en la que puedan tener resueltas estas ayudas ya que alegan que han sido muchas las personas las que las han solicitado. En total, 17.500. De ellas, 12.004 son demandantes de la convocatoria general y 5.482 de la destinada a jóvenes, unas ayudas que recuperó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y cuyas partidas se enmarcan en el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021.

Según ha explicado la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, en 2018 se consignaron unos 8 millones de euros para este fin y otros 8 para 2019. De ellos, 7 millones se destinan a la convocatoria general y 1 millón para la ayuda joven. El Gobierno además ha anunciado que podrá dar cobertura a unas 6.000 personas, lo que no llegará ni a la mitad de las solicitudes. Unas ayudas que además las otorgará de forma bianual, de forma que, si una persona no resulta beneficiaria este año, no podrá volver a solicitarla hasta dentro de dos.

Actualmente residen en el parque público de viviendas 14.234 familias (9.087 en la provincia de Las Palmas y 5.147 provincia Tenerife) más las 4.528 que se encuentran en las viviendas gestionadas por Visocan. Con esta empresa pública existen conflictos con unos 3.000 vecinos que reclaman la propiedad por las casas en las que llevan unos 20 años viviendo en régimen de alquiler. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se ha comprometido recientemente a que la venta de estas casas se hará efectiva. No obstante, los afectados se han estado organizando y este mismo 1 de mayo reclamaban al presidente esta promesa en la manifestación por el Día de los Trabajadores.

El historial de CC con la gestión de los fondos para viviendas sociales además ha quedado en entredicho con el caso de Las Chumberas, bloques de viviendas del municipio de La Laguna afectadas por aluminosis. A pesar de haber recibido fondos estatales para rehabilitar estas viviendas, aún no se ha intervenido. Las dudas sobre la gestión de la subvención que ha recibido el Ayuntamiento de La Laguna persisten, ya que desde 2009 los vecinos de este barrio están esperando por una solución a sus viviendas. El interventor del Cabildo de Tenerife se pronunció hasta en cinco ocasiones en contra de abonar a La Laguna su parte del convenio hasta que no justificara el dinero recibido hasta ahora. Esos informes también evidenciaban que no se ha realizado una valoración socioeconómica de las familias para determinar si pueden ser beneficiarias de inversiones públicas en vivienda.