Un plus salarial desata la guerra entre los presidentes de Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Las Palmas
Suenan tambores de guerra entre el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y su homólogo en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra. El proceso abierto en el Tribunal de Cuentas contra el segundo por una supuesta irregularidad en un complemento salarial que cobra el personal directivo del ente provincial desde hace veinte años ha ensanchado la brecha entre ambos.
A pesar de que la causa fue archivada de forma provisional en mayo de 2017, Llorca instó a la Abogacía del Estado a personarse y ejercer acciones contra Ibarra por un presunto delito de responsabilidad contable por alcance, que lleva aparejado una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, lo que implicaría su salida del ente. El Tribunal de Cuentas ha admitido la demanda y ha reabierto el caso en la sección de enjuiciamientos.
Aunque de momento ninguna de las dos partes ha querido pronunciarse públicamente sobre la polémica, fuentes cercanas al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el único cargo socialista que resistió a la ruptura del pacto de gobierno en Canarias entre CC y PSOE, aprecian en la conducta de Llorca un ánimo de revancha por las notorias discrepancias que ha mantenido en los últimos años con Ibarra en asuntos vinculados a inversiones, al sector de la estiba o la propuesta empresarial para constituir una autoridad portuaria independiente en la isla de Lanzarote.
Sin embargo, como telón de fondo de la demanda sobre el complemento salarial al personal directivo aparece el conflicto de La Esfinge y las irregularidades detectadas en la ejecución de las obras del muelle del mismo nombre, un proyecto de 46,3 millones de euros financiado en parte con fondos europeos. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, presidido por Ibarra, acordó en 2014 denunciar ante la Fiscalía esas irregularidades, lo que ha dado lugar a un procedimiento penal en el que figura como investigado José Daniel López, exdirector del ente provincial y compañero de colegio mayor y de promoción en la carrera de Ingeniería de Caminos del propio Llorca. Puertos del Estado no se ha personado en esa causa y desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas se le ha llegado a acusar de intentar torpedearla, retrasando incluso la emisión de informes de sus técnicos.
El enfrentamiento entre los presidentes de ambos organismos entra ahora en una nueva dimensión con la acción emprendida por la Abogacía del Estado a instancias de Llorca contra Ibarra y contra José Miguel Pintado, director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el año 2013, ejercicio que investiga el Tribunal de Cuentas. Se les reclama que devuelvan los algo más de 109.000 euros que 29 directivos, entre los que no se encuentra el presidente, habrían cobrado de forma indebida en 2013 en concepto de indemnización por residencia, un complemento salarial que se lleva aplicando con la misma fórmula desde que una sentencia dictada por un juzgado de lo social en 1998 que no ha sido recurrida, y que por lo tanto es firme, reconociera el derecho a percibirlo al personal laboral fuera de convenio, que representa menos del 10% de la plantilla de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
La intervención delegada en Las Palmas de la Administración Central del Estado no puso ninguna objeción al abono de ese complemento, un 15% sobre el salario base, hasta que analizó en 2008 la auditoría del ejercicio anterior. Fue entonces cuando se percató de que ocho años antes, en abril de 2000, se había aprobado una resolución, a raíz de un acuerdo adoptado en febrero por el Consejo de Ministros, que establecía unas cuantías fijas para esos pluses, en función de la categoría del trabajador, que eran inferiores a ese 15%, aunque en su redacción se especificaba que la nueva fórmula no debería suponer una reducción de las cantidades que venían percibiendo los trabajadores.
A pesar de los reparos que el interventor ha venido manifestando desde 2008 en relación al abono de esos complementos, la Autoridad Portuaria de Las Palmas siguió aplicando la misma fórmula del 15% hasta que en marzo de 2016, auditando las cuentas de 2013, el alto funcionario delegado decidió elevar la cuestión a la Administración General del Estado y al Tribunal de Cuentas por un supuesto delito de alcance contra los caudales públicos por parte de los responsables de los ordenamientos de pago en el organismo, es decir, su presidente y el director.
La reacción de Ibarra fue inmediata. Convocó al Consejo de Administración para abordar el requerimiento del interventor y propuso como medida cautelar reducir el complemento a los valores fijados en el acuerdo del Consejo de Gobierno hasta recibir nuevas instrucciones, aunque manifestó sus discrepancias con el criterio del interventor. El acuerdo fue adoptado con el apoyo de todos los miembros del Consejo, incluida la representación de la Abogacía del Estado, y la abstención de Puertos del Estado. Sin embargo, los trabajadores volvieron a acudir a la justicia y los tribunales de lo social les han dado la razón de nuevo en la mayor parte de los casos, en 25 de 29.
En el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas celebrado el pasado 16 de febrero, Ibarra llevó una nueva propuesta para tratar de ajustar las cantidades a los señalados por la intervención, aunque no a través de una modificación unilateral de contrato, fórmula tumbada por los tribunales, sino por la vía de la detracción de los importes que resulten ilícitos según el criterio de la Administración Central del Estado.
Tribunal de Cuentas
De forma paralela, se abrió el procedimiento en el Tribunal de Cuentas para dirimir la responsabilidad contable del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, y de dos exdirectores, José Miguel Pintado y Salvador Capella, en relación con esos pagos presuntamente irregulares de los complementos de 2013. La instructora del procedimiento archivó las actuaciones en mayo de 2017 al no apreciar dolo en la actuación de los investigados. Sin embargo, la demanda presentada por la Abogacía del Estado siguiendo instrucciones del presidente de Puertos del Estado ha reabierto el caso,
La demanda se sustenta en un informe de poco más de un folio firmado por el director de Recursos y Auditoría de Puertos del Estado, Rolando Lago, que concluye que tanto la Autoridad Portuaria de Baleares como la de Santa Cruz de Tenerife cumplen con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Ministros de 2000. Con ese único argumento novedoso, el proceso ha resurgido en el Tribunal de Cuentas, aunque ha dejado fuera a Salvador Capella por circunscribirse los hechos únicamente al ejercicio 2013. “Resulta insostenible que la Autoridad Portuaria de Las Palmas sea la única autoridad portuaria insular que se niega frontalmente a cumplir sus obligaciones legales”, expone el escrito del abogado del Estado.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas sostiene que no existe ninguna responsabilidad contable por alcance por parte de Luis Ibarra y de José Miguel Pintado. Los investigados alegan que aprobaron esos pagos, siempre con el aval del Consejo de Administración, porque existía una sentencia dictada en 1998 por los juzgados de lo social que reconocía el derecho de los trabajadores a percibir ese 15% de complemento sobre el salario base y que, en un orden jerárquico, una sentencia judicial firme está por encima del criterio del interventor delegado. En el caso de la Autoridad Portuaria, el interventor no fiscaliza los pagos antes de que se formalicen, como ocurre en los ayuntamientos, sino que revisa las cuentas a ejercicio pasado.
Además de esa resolución judicial, los pagos de esos pluses estaban justificados por tres informes, dos de ellos del departamento de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y, curiosamente, uno de Puertos del Estado. En 2011, el ente público estatal reconoció, ante las discrepancias manifestadas por el interventor, que el personal fuera de convenio tenía derecho a percibir esas indemnizaciones en el porcentaje que se había venido aplicando desde 1998. Ese informe está firmado por Julián Maganto, entonces director general de Recursos Humanos.
Seis años después, el organismo ahora presidido por José Llorca ha cambiado de criterio y ha promovido la demanda por la que Luis Ibarra y José Miguel Pintado deberán responder. Se da la circunstancia de que el propio Llorca ejerció como representante de Puertos del Estado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas entre 2007 y 2011 y que nunca se opuso a que los pluses se abonaran con un criterio distinto al que ha mantenido el área de Intervención.
La defensa de Ibarra y Pintado incide en que el informe de Puertos del Estado que da pie a la demanda de la Abogacía del Estado contra ellos omite un dato clave. Y es que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife paga este complemento según la fórmula acordada por el Consejo de Ministros porque, al contrario de lo que ocurrió en Las Palmas, los trabajadores perdieron las demanda que presentaron por el mismo motivo contra el ente provincial en el mismo año, 1998.
Además, mantienen que siempre informaron al Ministerio de Hacienda del pago de esos complementos y que incluso las estimaciones de presupuesto para el ejercicio 2018 analizadas por Puertos del Estado contemplan las indemnizaciones en los términos aplicados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
