El PP calla sobre la dimisión de Reverón
No hay declaraciones oficiales. Ni el secretario regional del Partido Popular (PP), Asier Antona ni desde la dirección de esta formación política en Tenerife se han querido hacer pronunciamientos sobre la posible dimisión de la actual directora insular de La Gomera, Luz Reverón tras el señalamiento del juicio por el conocido como caso mamotreto. La propia implicada ayer rehusó manifestarse en ningún sentido y se limitó a señalar que “como ha venido ocurriendo siempre hasta ahora nunca hablaré sobre una cuestión que está sub iudice”.
En teoría los nuevos estatutos del PP obligarían a que automáticamente se diera de baja como afiliado o cesaran de sus cargos aquellas personas que se van a sentar en el banquillo de los acusados y que lo hagan, además, desde el mismo momento en el que se produce el señalamiento. Así ha ocurrido ahora al trascender que el Juzgado de lo Penal ha fijado que entre los días 18 al 25 de noviembre se celebre la vista que mantiene como acusados a cuatro ex concejales de Santa Cruz como son Reverón, Manuel Parejo, José Domínguez Pastor y Norberto Plasencia y a los tres técnicos, Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez por los supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Sin embargo, la ex concejal apunta que las modificaciones introducidas en los estatutos, “no van exactamente por ese camino”. Cuando se le pregunta si va a dimitir se limita a no contestar.
Quien único se ha pronunciado es el secretario de Acción Política y diputado regional de esta misma formación política, Manuel Fernández, quien tampoco cree que sea de aplicación el nuevo cambio en los estatutos dado que en el caso de Reverón se trata de un hecho que tuvo lugar cuando era concejal de Urbanismo de Santa Cruz antes de ser delegada del Gobierno y que únicamente se refiere a “un acto de interpretación administrativa, pero en ningún caso de corrupción propiamente dicho”. Para Fernández, “sería improcedente que dimitiera porque sólo se está hablando de un concepto de interpretación en el que no hubo ninguna intencionalidad sino de una serie de decisiones que se tomaron para mejorar la playa de Las Teresitas”.
El dirigente del PP considera que todo lo ocurrido se enmarca “en diferentes versiones de interpretar la normativa urbanística de la ciudad. Ellos se olvidaron de pedir un informe a Costas que ni siquiera resultaba vinculante”. Por lo tanto, estima el dirigente del PP que “en todo caso” ya se tomará una decisión una vez que concluya el juicio y se emita la sentencia. “Hablamos de un tema puramente de deficiencia administrativa y de aplicación de una norma para mejorar los servicios de una playa”, concluyó.
