El PP acusa a Gobierno regional y Cabildo de “tapar” el “escándalo” de la residencia de mayores de Agüimes
El PP ha acusado este jueves al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno regional de tratar de “tapar” el “escándalo de los cobros irregulares” a usuarios de la residencia de mayores de Agüimes, una práctica que señala que ocurría desde la época en que el presidente insular, Antonio Morales, fue alcalde del municipio.
El portavoz del PP en el Cabildo, Felipe Afonso Eljaber, en un comunicado expone que casi medio año después de que los usuarios afectados denunciaran estos hechos, que fueron calificados como “graves” por la vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández, ni el Ejecutivo ni el gobierno insular han dado explicaciones porque se intenta “proteger” a Morales.
“Desde que se conocieron los hechos hemos insistido en la necesidad de que se depuren responsabilidades y se devuelva cuanto antes el dinero cobrado de más a los usuarios”, asegura el portavoz del PP, quien lamenta que transcurran los meses y el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Agüimes se dediquen a “pasarse la pelota y mirar hacia otro lado”.
La vicepresidenta del Gobierno de Canarias en junio reconoció que el dinero abonado, por al menos 14 usuarios, no estaba siendo utilizado para pagar unas plazas ya subvencionadas por la Ley de Dependencia, y que existían “indicios claros de una mala práctica” por parte del Ayuntamiento de Agüimes desde la época de Antonio Morales como primer edil, indica el PP.
Hernández, a mediados de julio, manifestó también que “no es legal que ciudadanos con el derecho a la dependencia reconocido estén pagando más de lo que les corresponde -casi 1.000 euros más al mes- , por lo que se les tendrá que devolver el dinero”, añade la nota.
El PP lamenta que aún no se conozcan las conclusiones de la investigación abierta por el Gobierno de Canarias para aclarar si el Ayuntamiento de Agüimes estuvo durante años certificando cantidades muy inferiores a las que realmente pagaban estas familias, si incumplió la Ley de Dependencia y, “lo más grave”, a qué se destinó el dinero de las cuotas cobradas a los usuarios durante este tiempo pese a tener la plaza subvencionada“, concluye la nota.
