El PSC aprecia inconstitucionalidad en la nueva ley de Directrices
El presidente del grupo Socialista (PSC-PSOE) en el Cabildo tinerfeño, Santiago Pérez, advirtió este miércoles de que el anteproyecto de ley de medidas urgentes de ordenación territorial y turística aprobado por el Gobierno canario invade competencias de las administraciones locales en esta materia que, de no ser corregidas en el trámite parlamentario, deberían ser recurridas por cabildos y ayuntamientos ante el Tribunal Constitucional.
Pérez explicó, en rueda de prensa, que las administraciones locales cuentan con un “cauce legal y motivos más que sobrados” para presentar este recurso de inconstitucionalidad si se aprueba la norma en los términos propuestos por el Gobierno, que dijo pretende “apartar” a las administraciones locales en la toma de decisiones y “convierte en papel mojado” los instrumentos de planeamientos municipal e insular.
El representante socialista consideró que en esta propuesta legislativa, que debe ser sometida a dictamen del Consejo Consultivo y aún no ha iniciado su trámite parlamentario, se tendrá que contar con la opinión de la Federación Canaria de Islas y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que estimó deben posicionarse en contra de esta invasión competencial.
En cualquier caso, advirtió de que si finalmente la propuesta se aprueba en estos términos, los ayuntamientos gobernados por el PSOE en las Islas podrían impulsar este recurso ante el TC, ya que sólo hace falta el respaldo de la séptima parte de los ayuntamientos canarios que representen a una sexta parte de la población del Archipiélago -una proporción que el PSOE ostenta actualmente en el mapa de la política local de las Islas-.
Pérez anunció que el PSOE promovería las iniciativas necesarias para la tramitación de este conflicto constitucional en defensa de la autonomía de las entidades locales, aunque precisó que son los propios ayuntamientos quienes, a través de sus plenos, tendrían que adoptar la decisión. Asimismo, habría que solicitar un dictamen al Consejo Consultivo sobre la viabilidad de ese recurso, detalló.
El también diputado socialista explicó que en el anteproyecto de ley propuesto el Gobierno “se concede un salvoconducto” y “se inventa” pequeños decretos ley de “andar por casa”, para conducir “sin carnet” por las vías del planeamiento municipal e insular “dejando en la cuneta” a cabildos y ayuntamientos en la toma de decisiones.
Los tres puntos conflictivos de la propuesta legislativa se refieren a la posibilidad del Gobierno canario de decidir sobre la implantación de equipamientos en suelo rústico de protección territorial (art.1), de aprobar “de oficio” los planes generales de ordenación (PGO) de aquellos municipios que no hayan cumplido con la adaptación de su planeamiento a las Directrices (art.8) y de decidir sobre los programas específicos de mejora, modernización del sector turístico, que sólo requerirían informe del Ayuntamiento y Cabildo correspondiente (art.15).
Sobre el primero de los puntos, precisó que el Ejecutivo canario convierte en “una envoltura de decisiones políticas” los proyectos de actuación territorial, a través de los que puede autorizar, por su interés estratégico, la implantación de equipamientos o dotaciones de actividades industriales, energéticas o turísticas en suelo rústico no clasificado como de protección ambiental en el planeamiento insular. “Es como si el Gobierno dijera los planes insulares no sirven, los cabildos no saben y yo decido”, dijo Pérez.
En cuanto a los PGO que no hayan cumplido su trámite de adaptación a las Directrices, el Gobierno se reserva la posibilidad de tramitar y aprobar el planeamiento, que tendría carácter “supletorio” hasta la aprobación por parte del Ayuntamiento del PGO adaptado. Con esta medida, el Ejecutivo “aparta” a los consistorios y tendría capacidad de decidir sobre actuaciones en obras públicas o vivienda protegida.
El otro punto conflictivo se refiere a los proyectos de rehabilitación y reforma turística, en los que se prevé una tramitación abreviada de los programas específicos de mejora y modernización propuestos por el Gobierno, que sólo serán sometidos a informe del Ayuntamiento y del cabildo correspondientes, y quedarían incorporado al PGO. Explicó que esto implica que los proyectos incluidos en estos programas “no necesitan siquiera licencia municipal”.
Pérez consideró que el Gobierno canario vuelve a demostrar “una voracidad de poder insaciable” y pretende sustituir por decisiones propias todo el ensamblaje normativo del planeamiento, que implica también a cabildos y ayuntamientos.
Así, estimó positivo el objetivo del Gobierno de, mediante esta propuesta normativa, simplificar el sistema de planeamiento “excesivamente complejo”, pero consideró que en esta materia “no se puede improvisar” y “sembrar nuevas incertidumbres”.
El Gobierno habla de “importantes pasos” en el desarrollo de las Directrices
El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, consideró “inoportuno” acusar al Ejecutivo regional de “incumplimiento permanente” de la Ley Diretrices de Ordenación de Infraestructuras, “ya que se han dado importantes pasos para el desarrollo de esta norma de contenido tan amplio”.
De este modo respondió al diputado socialista Julio Cruz, quien se interesó por las razones por las que el Gobierno “incumple” en esta materia, “ya que después de tres años, se encuentra aún en la primera fase, en la de redacción inicial”. El diputado del PSC afirmó que el Ejecutivo “no cree en las Directrices ni en una política planificada de infraestructuras, porque le interesa mantener el estado actual en que cada miembro del Gobierno hace en su consejería lo que cree conveniente”.
No obstante, el consejero insistió en las Directrices de Ordenación General y las de Ordenación del Turismo de Canarias entraron en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 16 de abril de 2003. En la actualidad, indicó, se cuenta con los documentos de avance de las Directrices de Ordenación sectoriales de Infraestructuras, el Informe de Sostenibilidad del Documento de Avance y los documentos para aprobación inicial de las Directrices de Ordenación sectoriales de Infraestructuras.
En esta línea, explicó que la Consejería deberá estudiar la documentación existente para evaluar la continuación de las actuaciones administrativas llevadas a cabo hasta la fecha. Por tanto, reiteró que acusar al Gobierno de Canarias de estar “incumpliendo permanentemente una Ley cuyo contenido es tan amplio, cuando se ha estado trabajando y únicamente se ha incumplido un plazo previsto en una disposición transitoria”, es “poco riguroso”.
