El PSOE de Canarias pide al PP consenso para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley por la que pide el apoyo de la Cámara para instar al Gobierno de España que vuelva al Pacto de Toledo para que, desde el consenso con todas las fuerzas políticas y representantes sindicales y empresariales, proponga “las medidas necesarias que permitan a las personas pensionistas y jubiladas recuperar una fórmula que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas y la sostenibilidad del sistema”.
“Es una medida que por justicia les corresponde”, afirmaron en un comunicado de prensa el portavoz del Grupo Socialista, Manuel Fajardo, y la responsable parlamentaria de Asuntos Sociales, Rosa Jerez.
Los dos políticos socialistas aprovecharon la ocasión para solicitar a las fuerzas representadas en la Cámara “que expresen su rechazo” a la reforma impuesta por el Gobierno de Rajoy al margen del Pacto de Toledo en la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Y es que, según recuerda el PSOE, el Gobierno del PP ha suprimido “de forma unilateral” la fórmula de revalorización de pensiones públicas que hasta ahora se aplicaba en España, imponiendo un nuevo procedimiento “sin haber dialogado previamente con el resto de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, rompiendo así el procedimiento establecido en el Pacto de Toledo para acometer cualquier reforma profunda en el sistema de Seguridad Social sobre la base previa del diálogo y el acuerdo amplio”.
Además, también aseguraron que la nueva fórmula para calcular la revalorización de pensiones instaurada a partir de la Ley 23/2013 no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. “De hecho, supondrá una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 14 y un 26% durante los próximos quince años”, señalan.
Fajardo y Jerez sostienen que la revalorización de las pensiones para 2014, limitada a un 0,25%, “viene a consolidar una pérdida de poder adquisitivo que comenzó a generarse con la decisión de 2012 de no actualizar las pensiones”. Entre 2012 y 2013, las pensiones “ya han consolidado una pérdida de poder adquisitivo”, de modo que los incrementos realizados en las cuantías no han sido suficientes como para compensar la evolución de la inflación.
Explican que en estos años, las pensiones inferiores a 1.000 euros, que son el 66% del total, han perdido un 0,1%, mientras que las superiores a 1.000 euros (el 33% del total) han perdido un 1,1%. “Sumado a todo lo anterior, el incremento aprobado para 2014 supondrá una pérdida adicional de poder adquisitivo de, al menos, 1,25% para todas las pensiones sin distinción de cuantías, si tenemos en cuenta que el incremento ha sido de sólo el 0,25% y la previsión de inflación del propio Gobierno es del 1,5%”.
La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones empobrece a los que menos dinero reciben
Los diputados socialistas hicioern hincapié en que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones supone el empobrecimiento “especialmente de quienes tienen ya de por sí una pensión baja”. Así, el 54% de las pensiones tienen una cuantía inferior al salario mínimo interprofesional y una limitación grave de la calidad de vida de la mayoría de hogares que tienen en un jubilado, cerca del 27% del total, la principal o única fuente de ingresos. Añaden que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones afecta gravemente al mantenimiento del empleo y la actividad económica, ya que estas rentas tienen como principal destino el consumo y la demanda interna de bienes y servicios en nuestro país.
Para el PSOE, el Gobierno del PP “cede a las exigencias del núcleo más conservador de la Comisión Europea y de los mercados, cuya actividad especulativa sigue provocando que la economía productiva no se recupere y que los trabajadores, los pensionistas y jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo, utilizando las pensiones públicas como contraprestación exigida para otros fines ajenos al de su sostenibilidad y el BOE para congelar las retribuciones de los que dependen directamente de sus decisiones, mientras que, por el contrario, suben los precios de servicios públicos, que también están sometidos a su intervención”.
Por último, Manuel Fajardo y Rosa Jerez remarcaron que “el camino tiene que ser el de asegurar la calidad de vida de la población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad, como vía para una salida de la crisis de manera democrática y sostenible económica y socialmente” e insistieron en que las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy “no han hecho sino perjudicar a las personas más débiles”.
