Sí Se Puede cree que el Gobierno busca abrir Canarias a la especulación con la Ley del Suelo
El partido Sí Se Puede aseguró este viernes que el proyecto de Ley del Suelo pretende impedir un modelo económico sostenible para Canarias y consideró que el único interés del presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, es abrir las Islas “a los grandes capitales especulativos”.
El portavoz de Sí Se Puede en materia medioambiental, José María Fernández-Palacios, señala que la razón para promover esta ley con tanta prioridad y urgencia es desbrozar el terreno a los grandes capitales con vocación especulativa “que están acechando mientras su medianero Clavijo, les hace el trabajo sucio”.
Al tiempo que el proyecto de ley cumple este su objetivo esencial, la iniciativa legislativa de Clavijo aspira a “destrabar mecanismos para aliviar la situación de quienes vulneraron la legislación y practicaron de manera flagrante la corrupción urbanística que en estos momentos se juzga o que ha sido sentenciada recientemente por los tribunales, como los casos Arona, Varadero, Las Teresitas o Riquel, entre otros”, apunta el portavoz.
“Si el plan de Coalición Canaria para el territorio de las Islas acaba aprobado, personas que fueron o son juzgadas por corrupción urbanística quedarán travestidas de gente de buena voluntad, que sólo intentaba agilizar las cosas”, agrega.
La Ley del Suelo que pretende imponer el presidente canario rompe con el modelo de uso del suelo impulsado en 1987 por el Pacto de Progreso, que basó su legislación en tres principios: la protección del suelo rústico, la eliminación de las tentaciones de municipios sobre usos diferenciados del territorio, y la defensa de los espacios naturales.
“Aunque el desarrollo normativo estableció filtros que hasta ahora persuadían de cometer desmanes sobre el territorio insular a agentes técnicos y políticos -que habitualmente actuaban en colaboración con grandes empresarios-, la propuesta de la Ley del Suelo de Clavijo pretende legalizar todas las prácticas irregulares y tropelías que durante los últimos años han querido implantar por la vía de los hechos un reducido grupo de empresarios y sus embajadores políticos”, sentencia Fernández-Palacios.
El proyecto de Clavijo “desprecia el planeamiento, que dejaría de ser necesario y podría saltarse fácilmente; se pasaría así de un urbanismo planificado a uno de ejecución singular de proyectos que generará caos urbanístico, deterioro del paisaje, destrucción de recursos naturales y un uso indebido del suelo”, detalla el portavoz.
Pero es más, entre los efectos de la ley, al otorgar a los ayuntamientos toda la competencia en ordenación del territorio y en evaluaciones ambientales estratégicas, “se pierden garantías jurídicas, ambientales y participativas, además de perderse coherencia y cohesión social en Canarias, mientras las alcaldías serán el nido de los nuevos caciques del territorio”, por disponer de firma discrecional y arbitraria para autorizar los proyectos que quieran y donde quieran.
Si finalmente el Parlamento de Canarias acaba aprobando la ley, la organización ecosocialista está convencida de que “esa ley caerá más pronto que tarde porque la ciudadanía impedirá su aplicación”, agrega.
