Sí Se Puede reduce a 7 millones el gasto para evitar los vertidos ilegales de Emmasa
El concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por Alternativa Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila, afirma que son necesarios menos de siete millones de euros para solucionar el problema del vertido sin depurar de aguas negras y con metales en el muelle de La Hondura, entre el Palmetum y el Parque Marítimo de la capital tinerfeña. A la misma zona van a parar también aguas que debe depurar la Refinería de Cepsa.
El 70% del caudal residual de los vecinos de Santa Cruz y de otras localidades, como El Rosario y La Laguna, son vertidos al mar por un emisario subterráneo en el muelle de la Hondura con un simple pretratamiento, es decir, tras sólo la retirada de sólidos y plásticos, pero sin eliminar otros residuos industriales o procedentes, por ejemplo, de hospitales.
El problema está en que solo un tercio de esas aguas que llegan a la Estación de Bombeo de Cabo Llanos (EBAR) son bombeadas hasta la Estación Depuradora (EDAR) de Buenos Aires, ubicada en medio de naves industriales y junto a la Refinería.
Este sistema defectuoso, con dos bombas cuando podría disponer de cuatro, según un informe elaborado por peritos ingenieros, se solucionaría con un colector nuevo y otras mejoras urgentes en la EDAR, “en vez de limitarse, como en la actualidad, a tratar las aguas destinadas a riegos y plantaciones que compra la empresa del Cabildo Balten”.
Esas obras, según el edil ecosocialista, “no superan los siete millones de euros, en vez de los 90 millones que el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, afirma que son necesarios”.
Fernández Arcila resalta, además, que no solo se vierten aguas sin depurar en el muelle de La Hondura, sino en otras zonas del municipio, como en las costas de los barrios de Taganana y Añaza.
Un mes de plazo
Este concejal añade que el asunto es suficientemente grave “como para tener una respuesta del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento en el plazo de un mes, con un programa de actuaciones, pero todavía no se han pronunciado. Si en un mes no muestran ese programa de actuaciones, mi partido presentará una nueva querella, esta vez contra los actuales responsables”.
El asunto no es nuevo. En mayo de 2007, las organizaciones ecologistas Ben Magec y Atan (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) denunciaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que se vertían al mar, en el muelle de la Hondura, unos 22.000 metros cúbicos diarios de aguas sin depurar conforme ordena la ley, por lo que calificaron esos vertidos de ilegales. El concejal responsable en el anterior mandato era Norberto Plasencia, que ya ha tenido que declarar en calidad de testigo. La causa sigue en fase de instrucción.
Para Fernández Arcila, “decir que solucionar este asunto cuesta 90 millones de euros me parece desorbitado”, en referencia a las declaraciones que el concejal de Obras, Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Dámaso Arteaga, hizo esta semana a La Opinión de Tenerife, en las que se refería a la necesidad urgente de mejorar toda la red de tratamientos de aguas del municipio.
Olores
Dámaso Arteaga, en declaraciones a CANARIAS AHORA, recalcó este jueves que la solución al tratamiento de todos los vertidos en el municipio “pasa por una nueva estación depuradora y la ampliación si o sí de la actual de Buenos Aires”. La nueva depuradora ya está prevista en la zona de El Chorrillo, en la linde con el municipio de El Rosario, con un coste, según Arteaga, de 28 millones de euros, que considera que deben ser financiados por el Estado. La ampliación de la depuradora actual supondría otros 19 millones, además del cambio del emisario, que el concejal nacionalista estima en otros tres millones de euros.
El problema, añadido, es que los vecinos de El Chorrillo no quieren tener malos olores, como ocurre en Buenos Aires. De nuevo, el concejal de Alternativa Sí Se Puede critica la dejadez del anterior gobierno municipal y del actual: “La estación depuradora de Buenos Aires cuenta con un sistema para eliminar los malos olores, pero no se aplica por no asumir los gastos que conlleva, como la sosa caústica y el hipoclorito”.
“Eso es falso”, responde Arteaga a Fernández Arcila. “La instalación para desodorización de la EDAR de Buenos Aires es muy antigua y hay que mejorar todo el sistema con otros planteamientos para reducir olores y molestias”, asevera.
“Esto no son consideraciones políticas”, insiste Arteaga. “Trabajamos con el Consejo Insular de Aguas (competencia de El Cabildo), en la mejora del sistema de depuración. Ese es el órgano técnico encargado de supervisar cuanto tiene que ver con el tratamiento de las aguas y serán los informes técnicos los que especifiquen que tecnología emplear”.
