Puertos debe pagar 4 millones por los antiguos astilleros
El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que la Autoridad Portuaria de Tenerife deberá abonar a la empresa Interburgo algo más de 4 millones de euros por el desmantelamiento de los antiguos astilleros. En este espacio se llevó a cabo a mitad de la pasada década la ampliación del Dique del Este, frente al barrio santacrucero barrio de María Jiménez. Un acuerdo del organismo estatal había fijado la indemnización en 1,8 millones, mientras que la empresa solicitó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), algo más de ocho. Finalmente, los tribunales situaron la cantidad a pagar en 4 millones, lo que ahora viene a ratificar el Supremo. La Autoridad Portuaria de Tenerife queda libre, sin embargo, de indemnizar a Interburgo por las pérdidas que se registraron en su negocio. Y es que en otro proceso judicial que también acabó hace poco tiempo, la empresa exigía 4,7 millones a Puertos. La compañía consideró que las informaciones periodísticas que desde 2004 anunciaban el desmantelamiento de esta actividad les había causado un perjuicio económico que equivalía a esa cantidad. Por su parte, el TSJC sólo cuantificó un déficit entre los años 2004 a 2006 de 1,4 millones. Los dos procedimientos se han dado de frente con la negativa del Supremo a ni siquiera admitirlos.
Interburgo defendió desde un principio en los tribunales que nunca fue necesario eliminar los únicos astilleros que había en la Isla y rescatar la concesión, tal y como aparecía reflejado en los planos originales. Sin embargo, en su sentencia inicial el TSJC echó en falta que la compañía presentara alguna prueba de estas afirmaciones y determinó que se había consultado un proyecto que contenía errores de documentación. Por el contrario los tribunales ratifican que ha quedado acreditado el interés portuario de las obras y la necesidad urgente de ocupación de los terrenos y bienes afectados.
A principios de la pasada década Puertos estimó imprescindible construir la nueva estación de contenedores dado que la de la Dársena de Los Llanos iba a quedar inoperativa y el grueso de la actividad comercial se desplazaría al puerto de Granadilla. Aunque los tribunales respaldaron la decisión de la Autoridad Portuaria de rescatar esta concesión, sin embargo, lamentan que a la hora de fijar la cuantía de la indemnización no se tuvieran en cuenta algunos valores como el coste de las obras ejecutadas que debían haber sido tasadas según su conservación y antigüedad.
El TSJC en 2012 calculó un valor total en el momento del rescate era de 11,6 millones por este concepto. Puertos tampoco incluyó los elementos desmontables que estaban en los astilleros sin dar más argumento que precisamente la posibilidad de ser trasladados a otro punto. Por ello, el TSJC indica que cuando estas piezas sean enajenadas el dinero obtenido se descontará de la compensación, una vez que se tenga también en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC). El TSJC finalmente respaldó que no se incluyera el pago de indemnizaciones a los trabajadores por el cese de la actividad.
En 2004 se aprobó el rescate, en 2005 se inició el proceso por impago de tasas desde el año 2000 y finalmente el procedimiento concluyó en 2006. De forma paralela se fue tramitando el proyecto para ampliar la estación de contenedores. Interburgo inició dos contenciosos en los tribunales; en uno pedía que se le indemnizara con 8 millones por el rescate de la concesión y en el otro que se le pagaran 4,7 millones por el perjuicio originaldo por las informaciones periodísticas. Por aquellas fechas los responsables de la Autoridad Portuaria confirmaban el inicio de las obras, lo que según la empresa afectó de forma notable a su negocio. Sin embargo, el TSJC considera lógico que estas noticias se fueran filtrado a los medios de comunicación dada la envergadura del proyecto y que éste venía recogido en el Plan Especial del Puerto. El Supremo acaba de inadmitir los dos recursos presentados.
