''El bipartidismo ha abolido la parte social de la Constitución, no volveremos a tener los mismos derechos que antes de la crisis''
Izquierda Unida (IU), la coalición que se denomina a sí misma como “movimiento político y social”, forma junto a Unión Progreso y Democracia (UPyD) el tándem de opciones electorales que mayor intención de voto rentabilizan actualmente, en base a las últimas encuestas de dos empresas de investigación sociológica como Metroscopia, que les otorga el 11,9% y el 5,5%, y Celeste-Tel, que les da un 13,1% y un 7,8% respectivamente en ambos casos.
En el partido comandado por el manchego Cayo Lara entienden esta tendencia como una correlación entre las demandas actuales de la inmensa mayoría y las reivindicaciones que desde la esfera política han emitido “desde hace mucho tiempo”, como corrobora el coordinador general de IU en Canarias (IUC), Ramón Trujillo.
Tras la reciente celebración en la capital grancanaria de la VIII Asamblea Nacional Canaria del partido, Trujillo muestra sus cartas para las próximas elecciones autonómicas y explica sus propuesta política para fiscalizar con dureza las grandes fortunas, hacer un replanteamiento del Régimen de Inversiones de Canarias (RIC) y del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas y su objetivo de bajar en Canarias la barrera electoral para los partidos al 3% de los votos válidos emitidos, entre otras cuestiones.
Usted manifestó en la rueda de prensa de las jornadas de la reciente asamblea autonómica que está convencido de que su formación entrará en el Parlamento canario en las próximas elecciones, ante los resultados que muestran las encuestas. ¿Cuáles son las políticas programáticas innegociables para IUC si llega el momento de plantear cualquier tipo de pacto de gobierno?
Para integrar una coalición de Gobierno, IUC exigiría tres tipos de medidas fundamentales. Primero, un plan antipobreza para respaldar a los sectores sociales de Canarias más golpeados por la crisis.
Segundo, una estrategia para fortalecer y mejorar la Sanidad y la Educación públicas, junto con un impulso importante a la atención a las personas dependientes. Son políticas con una capacidad importante de generación de empleo y bienestar, que debieran completarse con otras iniciativas de impulso al empleo en otros sectores.
Tercero, la política necesaria para financiar lo anterior, que incluiría agotar la capacidad fiscal de la Comunidad Autónoma, para obtener recursos de quienes más tienen, implantar una tasa turística, incrementar la capacidad recaudatoria mejorando la lucha contra el fraude, o desviar a actividades intensivas en empleo fondos para infraestructuras innecesarias.
Además, Canarias tiene que plantarse ante el Estado por cuestiones como el déficit sanitario y, al mismo tiempo, exigir al Gobierno central que incremente los ingresos públicos hasta el promedio europeo, en vez de enfrentar a unas autonomías contra otras por recursos objetivamente escasos.
Usted atribuye un aumento de la intención de voto hacia la izquierda a que existe una mayor sintonía de sus propuestas con la ciudadanía, algo que es “fundamental en este tiempo de deterioro del bipartidismo”. ¿Es compatible esta afirmación con la que habla de una crisis del régimen español nacido en la Transición?
Sí, claro que es compatible. La gente ve que perdemos derechos laborales y tenemos unos niveles de desempleo inasumibles. Vemos miles de desahucios coexistiendo con un gran parque de vivienda vacía, crece la pobreza mientras una minoría adinerada gana cada vez más, retrasan la edad de jubilación y deterioran la cuantía de las pensiones públicas, debilitan los servicios públicos... El bipartidismo ha abolido la parte social de la Constitución y nos están diciendo que cuando volvamos a tener la misma renta por habitante que antes de la crisis ya no volveremos a tener los mismos derechos y viviremos peor.
Han roto el pacto de la Transición y han agotado su modelo. Privatizaron empresas estratégicas privando al Estado de recursos importantes y debilitándolo para cuando llegaran las situaciones de crisis. También han ido desindustrializando el país, dando oxígeno a la burbuja inmobiliaria mientras disminuían la fiscalización dentro del Estado y mientras nos metían en un modelo de Unión Europea que organiza la especulación de la banca privada contra los estados, entre otras lindezas.
Así que, roto el pacto de la Transición, vivimos el desmantelamiento de los derechos conquistados, el crecimiento de las desigualdades y el legado de una corrupción masiva que fue alentada por nuestros déficits democráticos, inherentes a una Transición con serias limitaciones. Ante esto crece el apoyo a la izquierda con programa de izquierdas. Y hoy, Izquierda Unida es algo más que una opción política. Es una necesidad ineludible para la refundación democrática de este país.
También se dijo en la asamblea que IUC está experimentando un crecimiento tanto en las asambleas como en el número de militantes, en particular en Lanzarote y Fuerteventura, donde IUC había desaparecido y ahora, afirmó, está creciendo, y en los municipios de Gran Canaria y Tenerife. Dos cuestiones a este respecto: ¿Cree que es esto achacable a los efectos que ha producido en el subconsciente político el 15M y sus mareas ciudadanas, que han marcado tres años de concienciación de la ciudadanía y presión para “los políticos”, a los que se refieren estos movimientos sociales, y a un caudal creciente de gran parte de aquel activismo canalizado hacia los partidos de izquierda? Y segundo, ¿Cuán asumible es para IUC el hecho de que se esté registrando una ponderable intención de voto positivo para la coalición en la isla de La Palma y aún no se haya establecido allí una militancia como tal?
En primer lugar, tenemos claro que la actividad cívica y democratizadora de las mareas y el 15M han llevado al centro del debate público cuestiones que IUC defiende desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, tiene lógica que el aumento de estas preocupaciones incremente los apoyos a IUC. La salida social de esta crisis implica mayor participación en el movimiento social, en el activismo sindical y en la actividad política.
En mi opinión, el descrédito de la política es una de las dificultades para la salida social a la crisis, porque sólo la buena política nos sacará del túnel en que nos metió la mala política. Estar en contra de la política es tan absurdo como estar en contra de los hospitales por el hecho de que algunos funcionen mal. Como la política y los hospitales cumplen funciones insustituibles, rechazarlos es lanzar piedras sobre el propio tejado. De lo que se trata es de que funcionen bien.
En segundo lugar, en La Palma sí hay una militancia de IUC, aunque no haya crecido todo lo que quisiéramos. Creo que mucha gente preocupada por lo que pasa tiene que dar un paso adelante e implicarse porque ya no basta con votar. No podemos conformarnos con ser simples espectadores de la política. Y ese es uno de los legados despolitizadores de la Transición.
¿Cuáles son las líneas de IUC en el marco de la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario para convertirlo en un régimen más social y que genere empleo en las Islas, como postulan desde la coalición?
Dentro del REF no pueden seguir teniendo cabida subvenciones a productos que compiten con la producción local. Tampoco descuentos fiscales a la Canarias adinerada, como la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), que ha hecho a nuestra tierra más desigual, ha favorecido la inversión especulativa en vivienda, la construcción de camas turísticas no demandadas por el mercado, o ha permitido que los adinerados, en vez de pagar impuestos, prestaran su cuantía a la Administración en concepto de deuda pública.
En nuestra VIII Asamblea decidimos rechazar la RIC a cambio de que el dinero ingresado por el Estado venga a Canarias. Si ese dinero se invirtiera en una necesidad social real, como los servicios sociales, se crearían 15.000 puestos de trabajo directos con el promedio de lo que el Estado ha dejado de ingresar por la RIC. Pero hay muchos aspectos del REF que sí apoyamos, como las ayudas al transporte y a la desalación. En cualquier caso, habrá que hacer un estudio serio sobre los efectos reales del REF y sobre los efectos potenciales del gasto fiscal de haber sido convertido en dinero gastado por las administraciones.
¿Qué justificación hace de una posible modificación del sistema electoral canario, que consideraron injusto, para que “cada persona sea un voto” y cuál es y qué características tiene la vía legal para esa modificación?
Democracia significa que, como todas las personas valemos lo mismo, tenemos el mismo derecho a influir en los asuntos públicos y, por lo tanto, nuestros votos deben valer igual. Esto no es de derechas ni de izquierdas, sino el terreno común que define a los demócratas, una especie ausente del Parlamento de Canarias. Podemos ver cómo PP, PSOE y CC tienen el 95% del Parlamento con el 80% de los votos. Eso es como decir que les han votado 131.000 personas que no les votaron. Es como robar 131.000 votos y supone haber dado cobertura legal a una conducta electoral que debiera ser delito.
IUC se ha dirigido al vicepresidente del Gobierno canario y a los grupos representados en el Parlamento canario planteándoles una tímida e insuficiente reforma electoral que les compete y que no cuesta dinero. Se trataría de bajar las barreras (electorales) al 3%.
También Cayo Lara le dirigió una carta a Rubalcaba pidiéndole un compromiso con la democratización de Canarias. Pero nadie ha contestado y no lo van a hacer porque no quieren más democracia. Se limitan a plantear cosas como las primarias que es como decir: vamos a votar quién encabeza nuestra candidatura para que luego, en las elecciones, se beneficie del fraude electoral que hemos legalizado“.
A su juicio, ¿qué razones cree que han existido en el Archipiélago para que se diera una preponderancia representativa de Coalición Canaria, PSOE y PP en el período hasta la fecha?
Por supuesto, la base de todo se halla en las trampas de la ley electoral. También hay falta de pluralidad en el espacio público mediático y una escasa cultura de participación política que ha beneficiado al tripartidismo. Por otra parte, durante la etapa posterior al franquismo se han producido mejoras importantes en las condiciones de vida que han dado un importante apoyo a los partidos grandes.
Por último, hay mucha izquierda de tapas y cañas que se ha olvidado de que el movimiento se demuestra andando. Además, la izquierda siempre tiene el reto de proponer cosas posibles y de no olvidar nunca que la política se hace con lo que uno quiere y con lo que la realidad le permite, sin que la realidad niegue lo que uno quiere, ni lo que uno quiere niegue la realidad.
En la reunión, los representantes de IU reiteraron su rechazo a las prospecciones petrolíferas en las Islas y afirmaron que son un riesgo para el turismo, el empleo y la economía canaria. ¿Casa esta postura con un posible acercamiento a las fuerzas políticas verdes y defensoras del ecologismo? ¿Es la de IUC una política energética que priorice cada vez más la transformación de los actuales esquemas de producción energética en favor de un sistema sostenible y basado en las renovables?
Hemos recurrido en los tribunales la autorización de las prospecciones dada por Gobierno. Hemos presentado una proposición no de ley contra las prospecciones y a favor de las energías renovables y multitud de preguntas al Gobierno en el Congreso y en el Senado. También hemos cuestionado los planes de Repsol en el Parlamento europeo, a través de las preguntas dirigidas a la Comisión Europea por nuestro eurodiputado Willy Meyer y hemos presentado alegaciones al proyecto. Vamos a utilizar la representación que nos dará nuestro crecimiento electoral para combatir las prospecciones en todos los ámbitos y para contribuir a forzar su paralización.
Para IUC es un tema importantísimo porque pone en riesgo el futuro de Canarias. Nosotros mantenemos buenas relaciones con formaciones ecologistas y hemos hecho acuerdos con algunas de ellas. Abogamos por un modelo de transporte público que crezca a costa del privado y por un modelo de energías renovables que, por una parte, facilite la descentralización energética de los consumidores y favorezca a las pequeñas empresas del sector y, por otra, cuente con parques públicos de renovables que lleven beneficios a las arcas públicas.
Cayo Lara adelantó que IU preguntó al Gobierno de España por el indulto que el Consejo de Ministros ha otorgado al actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, porque, además, en su día se camufló con otros 22 indultos, cuando la Audiencia Provincial de Las Palmas había avalado la condena por las obras ilegales que llevó a cabo el empresario. ¿De qué forma valora el presunto blindaje judicial de que goza el señor Ramírez? ¿Cree que hay algún tipo de relación tamizada entre la proliferación de concesiones administrativas a las empresas del grupo Ralons para el Gobierno español y algunas localidades o Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas la de Seguridad Integral Canaria, cuyos servicios se extienden a Madrid en competencias como el Metro, en ciertos Ministerios o la protección del Patrimonio Nacional?
Hemos denunciado el indulto del Gobierno al señor Ramírez en el Congreso de los Diputados porque es una burla a la justicia y desprecia la sentencia que lo condenó a tres años de cárcel. Una empresa de la que fue apoderado donó al Partido Popular 150.000 euros en dos años y esto nos hace preguntarnos si los indultos y las contratas las consiguen igual los empresarios honestos que los que no pasan por caja.
Nos preguntamos si todas las infraestructuras innecesarias de este país se habrían construido de haberse prohibido donaciones empresariales a los partidos. Y me pregunto si el señor Ramírez es realmente un empresario, o un experto en lograr decisiones favorables de las administraciones, pues el 70% de su actividad viene de las administraciones.
Ya va siendo hora de revisar a fondo la costumbre de entregar servicios públicos a empresas privadas cuando el Tribunal de Cuentas nos dice que la limpieza viaria cuesta un 70% más cuando se privatiza que cuando la lleva a cabo directamente la Administración pública.
En Las Palmas la privatización de Emalsa ha generado un catálogo de abusos y presuntas ilegalidades y, en Santa Cruz de Tenerife, la privatización ilegal del cobro de impuestos en período voluntario supuso perder unos dos millones de euros anuales. Todo esto no tiene nada que ver con la eficiencia económica, pero sí tiene mucho que ver con la corrupción que asola Canarias.
Como partido integrante del movimiento republicano y republicanista, ¿Creen, desde IUC, que una integración federal dentro de un régimen republicano modificaría en la praxis las opciones de representatividad de las Islas en ese futurible contexto estatal? ¿Existen en Canarias los mimbres suficientes entre la población, entre los canarios de a pie, como para plantearse un proceso constituyente de cara a transformar al Estado en una república, o es una cuestión irrelevante y de dudosa implicación en el debate político isleño?
Necesitamos reivindicar lo público frente a las privatizaciones, hay que impulsar la sanidad y la educación públicas, conquistar derechos laborales, revertir el proceso de deterioro imparable de las pensiones públicas desatado por el bipartidismo y derrotar a la corrupción. Estas tareas concretas conllevan poner fin a la interferencia del poder del dinero en la política, hacer que la democracia representativa funcione e impulsar más y más ámbitos de democracia participativa.
Estas luchas nos educan políticamente a la gente que participamos en ellas y a quienes las apoyan, aunque participen menos. Es la lucha por estas causas la que hace surgir la necesidad de un Estado republicano que impida que la jefatura del Estado se herede como una finca, que haya que mantener con fondos públicos a una familia real que es un canto a los privilegios y la negación de la meritocracia, que es una exaltación del machismo más casposo al establecer la preferencia por el varón en la sucesión al trono.
Creo que cuando la izquierda entre en el Parlamento canario y logre una mayor implantación social habrá más gente comprometida en Canarias con la refundación democrática y republicana del Estado. Y esto también lo piensan los tres partidos que han montado una ley electoral fraudulenta para dificultar nuestro acceso a la Cámara. Si no lo pensaran, habrían hecho una ley justa porque no les importaría que estuviéramos ahí.
¿En qué se diferencia IUC de otra fuerza que se autodenomina de izquierda, junto a la idea nacionalista, como es Nueva Canarias (NC)?
Pues, por ejemplo, en que nosotros no pactaríamos con Coalición Canaria, ni apoyamos privilegios del REF que ellos sí apoyan. Ahora, también hay que entender que el Román Rodríguez que coexistió pacíficamente con nuestra ley electoral 'tongófila' cuando era presidente de Canarias, en la actualidad la cuestiona.
Como medida política, ¿es la bajada de sueldo del representante político, a unas cotas dignas, una decisión capital para su partido?
Nosotros pensamos que los representantes políticos deben tener salarios dignos, pero no salarios privilegiados. Por eso el sueldo de nuestros diputados está vinculado al Salario Mínimo Interprofesional (los que superen en tres veces el SMI deben dar el resto a la coalición o a alguna ONG, y lo mismo con aquellos cargos públicos de IU que cobren dietas que representen más del 1,5% del SMI).
Pero les debe pagar el Estado (a los representantes políticos), porque, de lo contrario, sólo accederán a las instituciones las personas ricas, o quienes estén financiados por los adinerados. Y, si es así, defenderán los intereses de los adinerados.
No es casualidad que la secretaria del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, haya dejado sin sueldo a los parlamentarios de su comunidad autónoma (preside Castilla-La Mancha) y que, además, reduzca su número, ya que así se reduce la capacidad del Parlamento para representar la pluralidad existente en la ciudadanía y se premia a los partidos culpables de la crisis. Si el número de políticos fuera el problema, a Noruega le iría muy mal y a España muy bien, pues Noruega tiene un parlamentario por cada 30.000 habitantes y España uno por cada 130.000 habitantes. Pero es Noruega el estado que encabeza el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas.
