La reforma electoral comienza su cuenta atrás sin consenso
La Comisión sobre la reforma electoral en el Parlamento de Canarias entra en su hora de la verdad, la del debate político que siempre ha evitado que se modifique más allá de subir las barreras, como sucedió en 1996 con el acuerdo entre Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados.
Atrás quedan las comparecencias de 22 expertos en nueve sesiones que han sumado más de 30 horas de análisis que ahora los ponentes deberán demostrar que han servido para algo más allá de convencer a los ya convencidos.
Por más que el presidente de la Comisión, Antonio Castro, haya dicho este lunes que “ahora debemos fijarnos más en el futuro que en el pasado para avanzar en los trabajos” y que la propuesta de reforma esté lista para transmutarse en enmienda a la modificación del Estatuto que se tramita en las Cortes, lo cierto es que las posturas, más allá de rebajar las barreras electorales (aunque también se discrepa en el porcentaje), siguen más cerca del disenso que del “máximo consenso posible” al que ha apelado el diputado de NC Luis Campos.
Empieza (o se reabre un nuevo capítulo) el debate que ha empantanado una reforma en profundidad durante 35 años, y no parece que ahora las posturas sean más conciliadoras que antes, salvo el hecho de que CC y el PSOE ya han pactado en 2015 una modificación electoral introducida en el nuevo Estatuto de Autonomía y que corre peligro porque el PP ya ha reiterado que no es partidario de la lista regional.
Listas regionales de 10 o 47 escaños
Tampoco Nueva Canarias acepta la lista regional, pero el PP en las Cortes es más fundamental que Pedro Quevedo para que, más allá de la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2017, salga la reforma del Estatuto. Sin el PP (al que no le gusta la propuesta de lista regional del PSOE y de CC), no habrá una modificación a menos que el resto del arco parlamentario se ponga de acuerdo, lo que es harto complicado.
Y es que Ciudadanos (C's) ya ha dicho por activa y por pasiva que la propuesta de CC y el PSOE “es insuficiente”, mientras que Podemos defiende que se elijan dos diputados por cada isla y que los 47 restantes conformen una lista autonómica, un proyecto a 'años luz' del que está en el nuevo Estatuto.
Y CC tampoco está por la labor de “participar en ninguna propuesta que solo signifique elevar los diputados de Tenerife y Gran Canaria”, como propone NC (7 escaños más para cada isla capitalina y uno más para Fuerteventura), elevando los diputados a 75 ni de acabar con la triple paridad, pese a que el texto del artículo 37 acaba con la misma al incrementar un escaño majorero y permitir la creación de la circunscripción electoral.
ASG lo tiene claro: solo hay que rebajar a la mitad las actuales barreras y mantener el sistema de triple paridad que ha sido el que ha permitido la “solidaridad y la cohesión social” de las islas no capitalinas frente a la imposición de Tenerife y Gran Canaria en la toma de decisiones que afectan a todos los canarios y no solo a los de las islas más pobladas.
Habilitar el mes de julio
A partir de este lunes, Castro hablará con la Mesa de la Cámara, que preside Carolina Darias, para ver qué días de junio y julio se habilitan para trabajar en la propuesta reformista.
“Yo no dejaría pasar el tiempo, parar la dinámica de esta Comisión no creo que sea bueno y a partir de ahí, a ver si en una semana, tras analizar con la Mesa y realizar las consultas podemos concertar la ponencia”, expuso Castro.
Se ha dado el pistoletazo de salida para que la siempre pospuesta reforma electoral llegue a la meta. Ahora los diputados deben demostrar que, aunque el problema es “complejo”, están a la altura para, como ha dicho la nacionalista Midalia Machín, “conjugar en un Archipélago desigualmente poblado que todas las islas queden satisfechas con su representación electoral”.
Y solo será un verdadero éxito si, como vaticina Melodie Mendoza (ASG), la reforma final “no satisface a nadie”. Eso significará que todas las fuerzas parlamentarias han cedido y habrá un sistema electoral que configure un Parlamento que se acerque más a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas. De lo contrario, la Ley Electoral solo habrá satisfecho las expectativas políticas y electorales de siglas concretas.
