Sanciones y alquileres para poder expropiar
La reforma de la Ley de Vivienda de Canarias, impulsada para poder expropiar “por interés social” casas a bancos e inmobiliarias durante un máximo de tres años y dar respuesta al drama de los desahucios, también exigirá a los propietarios que depositen las fianzas de los alquileres.
Martín Marrero, portavoz del Ejecutivo, ha explicado que el Gobierno canario pagará esas expropiaciones con los intereses que generen esos depósitos y con las sanciones que la reforma de la Ley de Vivienda de Canarias fijará para los bancos e inmobiliarias con viviendas no declaradas.
El portavoz del Ejecutivo regional ha previsto que esta reforma legal esté ultimada en septiembre y ha añadido que, aunque en principio las familias en situación de exclusión social afectadas por desahucios que se podrán beneficiar de ella han de aportar una cantidad que no supere el 25 % de su renta, en el caso de que carezcan de ingresos, la comunidad autónoma cubrirá con todos los gastos.
Martín Marrero ha asegurado que en Canarias no hay viviendas de promoción pública “ociosas”, ya que las que permanecen vacías están en proceso de adjudicar, y ha garantizado que hay base jurídica y legal que ampara al Gobierno regional para expropiar temporalmente casas vacías a entidades privadas por una cuestión de “necesidad social”, un argumento que también ha sido válido en Andalucía para expropiar terrenos agrícolas.
El portavoz del Ejecutivo canario ha dicho que entiende que la iniciativa de esta comunidad autónoma suscite reticencias porque con ella “está plantando cara al poder financiero que venera el Gobierno (central), de espaldas a la ciudadanía”, y ha asegurado que “aunque es difícil luchar contra corriente”, la llevará a cabo.
Además, ha advertido de que estas expropiaciones temporales de viviendas a bancos e inmobiliarias es una medida “que no va contra nadie, sino a favor de las familias, que no deben soportan todo el peso de la crisis inmobiliaria, como pretende el Gobierno y las entidades financieras”.
Martín Marrero ha subrayado que en 2014 se ejecutaron en Canarias 2.400 desahucios y que aún quedan 9.400 expedientes pendientes de resolución, un colectivo al que se dirige esta reforma de la Ley de Vivienda de Canarias, cuyo objetivo es similar al decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía, ya en vigor.
El portavoz del Ejecutivo regional ha manifestado que con esta iniciativa legislativa no persigue “criminalizar a las inmobiliarias”, sino resolver un problema creado por los bancos, al tiempo que ha reprochado al Gobierno de España “que no se atreva” a plantear soluciones legales para este problema social.
