El servicio de inspección se opuso a expedientar a Pamparacuatro
El pasado 18 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió archivar el expediente sancionador abierto al juez titular del Juzgado número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro. El expediente se abrió en otoño pasado por una queja en la Oficina de Atención al Ciudadano y prosperó a pesar de que el Servicio de Inspección del CGPJ pidió el archivo.
La queja, presentada en julio de 2009, se inicia por el retraso en dictar sentencia de un caso del Juzgado número 2 de Santa Cruz de La Palma, en el que sirvió anteriormente el magistrado, que se retrasó diez meses en firmar esa sentencia.
El Servicio de Inspección del CGPJ propuso el archivo del expediente. Reconocía que el Juzgado número 5 de Arrecife, donde ya estaba destinado el magistrado, tiene una carga de trabajo de un 113% más que los módulos previstos por el Poder Judicial para los asuntos civiles. Además instruye el caso Unión, que ya por esas fechas tenía unos 15.000 folios y cerca de cincuenta imputados.
En 2008, de 2.688 casos llegados al Servicio de Inspección, propuso que se abrieran solamente 23 expedientes. En éste, en su informe incluso pone como ejemplo otro caso similar por el que también solicitó el archivo en marzo de 2007 por un retraso de un año y tres meses en dictar sentencia en otro Juzgado de primera instancia e instrucción. Fuentes jurídicas señalan que cada año son cientos las sentencias que tardan varios meses en dictarse.
La comisión disciplinaria del CGPJ, en contra de su propio servicio de inspección, decide en noviembre de 2009 abrir ese expediente. En 2008, según las estadísticas del CGPJ, se presentaron ante la Unidad de Atención al Ciudadano, 12.480 quejas; ante el Servicio de Inspección, 2.486 y ante los órganos de gobierno del CGPJ, 2.270. Estas quejas se presentan por los nueve millones de asuntos al año que tramitan los 4.400 jueces de España en activo. De todas ellas se abrieron unos setenta expedientes.
El juez César Romero tuvo que acudir a declarar por este expediente a Tenerife el pasado mes de enero. Finalmente la Comisión Disciplinaria del CGPJ decide archivarlo el exponiendo los mismos datos y argumentos que ya exponía el Servicio de Inspección antes de que se incoara el expediente.
Apoyo
Precisamente el exceso de carga de trabajo fue el argumento utilizado por el magistrado para solicitar un juez de apoyo para dedicarse al Caso Unión en exclusiva. La solicitud, sin relevación de funciones, que iba a costar 1.200 euros brutos al mes al Ministerio de Justicia, se cursó en junio y se denegó en diciembre.
El Ministerio rechazó la propuesta por motivos económicos al considerar que no estaba suficientemente justificada la excepcional carga de trabajo que conllevan las diligencias previas 697/08, es decir el Caso Unión. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el CGPJ habían dado su visto bueno para ese juez de apoyo.
El caso Unión ya es el caso de corrupción más extenso de Canarias, con cerca de setenta imputados, entre ellos, políticos de todos los partidos, y empresarios relevantes de Canarias y de la Península. La Fiscalía Anticorrupción se ha sumado a su investigación por la gran cantidad de tramas y su dificultad para desentrañarlas. En el caso también se investiga la filtración de varias detenciones antes de que se produjeran.
En el sumario del caso aparecen, además, los nombres de varios jueces y fiscales, así como de otras personas relacionadas con la Justicia, como la Viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, que declaró como testigo por un viaje que hizo junto a su hermana, la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, encarcelada por orden del juez y puesta en libertad por la Audiencia Provincial de Las Palmas.
