Sexto recurso para ilegalizar el Mamotreto
La Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz ha interpuesto ante la Audiencia Nacional (AN) un recurso en contra del deslinde de Las Teresitas. El grueso de las argumentaciones se basa en que el edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa conocido como mamotreto debe ser considerado ilegal ya que se levanta en terrenos de dominio público de Costas en su totalidad.
Se trata del sexto recurso que se interpone en contra de la delimitación fijada en el año 2009. Los anteriores fueron presentados por la Asociación Tinerfeña de Defensa de la Naturaleza (ATAN), Inversiones Las Teresitas (ILT), la Junta de Compensación de la playa, la Gerencia de Urbanismo y la Asociación en Defensa de la playa de Las Teresitas y del litoral de Anaga. Ninguno de ellos ha prosperado aunque cada uno defiende posturas contrarias.
En el interpuesto ahora se apunta que el deslinde “carece de la más mínima lógica y del mínimo soporte técnico”, fundamentalmente en dos tramos, situados a ambos extremos de la playa de Las Teresitas. En concreto, uno de ellos se localiza justo en las proximidades de la construcción de esta edificación que tachan de “ilegal” y que ocupa parte de la propia arena de la playa. “Y esto, porque en ninguna playa llana y uniforme, el mar deja una línea como la aprobada, que a la llegada a esa rechazable edificación, hace un giro de 90 grados hacia el este, para, precisamente, bordear tal construcción y dejarla fuera del dominio público. Las líneas que este tipo de playa, como la de Las Teresitas, marcan, son siempre continuas y uniformes, ajustadas en todo su recorrido”, indica el abogado de la Plataforma, Raúl Alonso.
Para los recurrentes quedan pocas dudas de que “la modificación del deslinde marítimo terrestre operada y aquí recurrida, parece tener como finalidad el dar cabida al citado mamotreto, haciendo que casi por arte de magia pase de ocupar el dominio público marítimo terrestre a no ocuparlo, sin que dicho edificio haya tenido ningún cambio ni de proyecto ni de ubicación física. Todo ello con correr un poco el trazado de una línea”. Se recuerda que el edificio se sitúa sobre el suelo donde anteriormente se levantaba un campo de fútbol que había sido ganado al mar y que sufría de forma cíclica frecuentes inundaciones en mareas largas y temporales que traían consigo suspensiones de partidos de fútbol y algunos desperfectos. Para demostrar estos extremos se han remitido a la Audiencia una serie de fotografías antiguas a la vez que se dan nombres de vecinos de San Andrés que pueden dar fe de lo que allí ocurría. Dado que este tramo de la costa ha sido uno de los más controvertidos de todo el litoral español, la Dirección General encargó la realización de un estudio a partir del cual se definió este deslinde. Sin embargo, según los recurrentes el informe adolece de diversas deficiencias, entre ellas la escasa realización de catas sobre todo en la zona que actualmente ocupa el mamotreto y en la desembocadura del barranco.
Otro punto de la demanda se basa en la necesidad de que todo el acantilado de Los Órganos sea considerado terreno de dominio público y no sólo la parte inferior como ocurre hasta ahora. Cuatro sentencias, de las cuales una ya es firme, han venido a ratificar que un tercio de los terrenos que el Ayuntamiento de Santa Cruz compró a ILT en el año 2001 eran ya de propiedad pública con lo cual nunca podrían albergar ningún tipo de edificación. Además, la venta o adquisición de este tipo de suelo supondría la comisión de un supuesto delito de prevaricación, tal y como relató en su denuncia del año 2006 la Fiscalía Anticorrupción. Pero la Plataforma va más allá y considera que se debe incluir en el dominio público todo el acantilado hasta su parte superior.
Caso mamotreto
Por otro lado, la saturación que actualmente se padece en los tribunales tinerfeños podrá dar lugar a que el juicio por el conocido como caso Mamotreto se retrase incluso hasta 2014. El personal del Juzgado de lo Penal número 5 ha comunicado a las partes que si no se dota a esta sala de más medios humanos será imposible llevar a cabo la vista el próximo año como estaba previsto. Lo que ya nadie duda es que se celebrará un juicio y que se sentarán en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio cuatro exconcejales de Coalición Canaria (CC), Luz Reverón, Norberto Plasencia, Manuel Parejo, José Domínguez Pastor y tres técnicos, Epifanio Gómez, Candelaria Benítez y Loreto Ariz. Para todos ellos se piden penas de cárcel que suman 18 años, inhabilitación y que asuman la responsabilidad civil por los gastos que ha ocasionado la paralización de las obras de Las Teresitas, el mantemiento del mamotreto y su derribo, lo que podría sumar más de un millón de euros.
Una de las consecuencias de esta vista oral es que según los nuevos estatutos del Partido Popular (PP) en el que ahora milita la anterior concejal de Urbanismo, Luz Reverón, ésta deberá ser destituida de su cargo como subdelegada del Gobierno en La Gomera. Además, el previsto derribo del edificio que iba a albergar un centro comercial y aparcamientos en la entrada de Las Teresitas podría retrasarse varios años más hasta que haya una sentencia firme que demuestre su ilegalidad. Las defensas de los acusados advierten que de lo contrario en cualquier momento podrían pedir que se realizara alguna prueba adicional lo que sería imposible en caso de que el edificio fuera demolido.
Todas las partes han aceptado que se llame a declarar como testigos durante el juicio a técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario y de la Dirección General de Costas. Igualmente, serán citados funcionarios del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo, el propio concejal de este organismo autónomo, José Ángel Martín Bethencourt, que fue uno de los denunciantes cuando ocupaba el cargo de portavoz del grupo municipal socialista en el anterior mandato. Otro tanto ocurrirá con Dolores Jutta Redbrow, expresidenta de la Asociación de Amigos de Las Teresitas y del Litoral de Anaga que fue la primera que denunció en su momento la posible ilegalidad de las obras. Jesús Romero, director general de Ordenación del Territorio y Sebastián Ledesma, exdirector general de Turismo, también serán llamados a declarar.
Los hechos que son objeto de este contencioso judicial se remontan a finales del año 2001, momento en el que la Gerencia de Urbanismo aprobó la redacción del proyecto para ordenar el frente de Las Teresitas. Una obra que fue adjudicada al arquitecto francés, Dominique Perrault. Dentro de esta actuación se situaba la construcción de un gran aparcamiento y centro comercial que venía a sustituir al parking gratuito ubicado al lado de la playa. El proyecto estaba dividido en dos fases diferenciadas de las cuales una parte iba a ser financiada por las instituciones canarias y la otra por la Dirección General de Costas.
Fue el Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento los que iniciaron las obras que se correspondían con la desaparición del antiguo campo de fútbol sobre el que se levantó esta edificación con capacidad, en principio, para 272 plazas de aparcamientos. El inmueble iba a ocupar en su cara frente a la playa tanto la servidumbre de protección propiedad del Gobierno canario como 1.223 metros cuadrados de dominio público de Costas. Según la denuncia de la Fiscalía contra los delitos de Medio Ambiente nunca se contó con la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos sobre los dos ámbitos. En el caso del organismo estatal al final decidió no iniciar los trabajos después de que a mitad de 2007 el Tribunal Supremo anulara la operación de compraventa del los terrenos.
Tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y el PSOE, la Fiscalía inició unas investigaciones que han concluido con que el edificio “incumplía la normativa urbanística de aplicación y la que de manera inminente entraría en vigor”. Todo ello en cuanto a usos y aprovechamientos de suelo, por contemplar la ocupación de terreno destinado a vial o espacio público y quedar fuera de la línea respecto de la alineación exterior, así como en parámetros relativos a volumen ocupación máxima permitida y los relativos a la superficie, que tampoco estaba justificados en el proyecto, siempre en relación a las condiciones particulares que la normativa establecía para esta zona“.
Pese a que Costas no acababa de iniciar las obras, el Ayuntamiento decidió seguir con su parte de los trabajos. No fue hasta 2008 cuando se acordó parar la actuación ante la “imposibilidad” de lograr permiso para ocupar el dominio público y la obligación de devolver a sus propietarios originales, la empresa ILT, los terrenos comprados sobre los que también se asienta una parte del edificio. Durante estos años ha sido larga la lista de testigos e imputados que han acudido por el Juzgado de Instrucción.
