Los sindicatos acusan al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de subir el precio de las hamacas “para poder ejecutar su privatización”

UGT Canarias y FSOC han criticado la subida del precio del servicio de hamacas de San Bartolomé de Tirajana, (PP-AV y CC) en el sur de la isla de Gran Canaria, considerando que “solo enmascara el interés” del Ayuntamiento para su privatización en un futuro próximo.

La ordenanza fue aprobada en el pleno del pasado 26 de junio para subir el precio del alquiler de una hamaca o sombrilla de 2,50 euros a 4,50.

Los sindicatos resaltan que se trata de una subida “exagerada e injustificada”, al entender que está “alejada de la realidad”, ya que “quieren vender a la opinión pública que se trata de un servicio poco rentable y no es verdad”, según han señalado en nota de prensa.

Por ello subrayan que se trata de un acto “deshonesto” por parte del ayuntamiento y “solo la hacen para luego poder ejecutar su privatización y externalizar” un servicio que actualmente ha generado más de 97 millones de euros a las arcas municipales.

En este sentido, los representantes sindicales exigen “transparencia y rigurosidad” en la gestión pública de este servicio, al igual que se presupone que se hace con el resto de los servicios. También recuerda que cualquier ciudadano puede consultar en el Portal de Transparencia los datos referentes a los ingresos percibidos por el alquiler de sombrillas y hamacas gestionados directamente por el ayuntamiento desde 1997.

“Nos resulta curioso que la propia administración piense que son los únicos que pueden tener acceso a los datos, eso ya es cosa del pasado. Todos podemos consultarlos y ver que los informes en los que se apoyan para llevar a cabo esa subida no se ajustan a la realidad. ¿Por qué pasa esto? Pues claramente porque están interesados en justificar ante la opinión pública esta subida y así poder luego vender la idea de la externalización del servicio por cuestiones de rentabilidad”, apuntillan.

Finalmente critican que ni el informe económico y financiero, ni la ordenanza, contemplan las condiciones laborales, ni el convenio colectivo que regula el sector, “fomentando la desregularización laboral y la perdida de los derechos reconocidos legalmente”.