Un testigo vincula a Soria con el 'caso Isolux' en el juicio contra Carlos Sosa

Rafael González Bravo de Laguna, representante de la empresa Idagua, filial de la multinacional francesa Saur, reconoció este miércoles en el juicio por calumnias de José Manuel Soria contra Carlos Sosa, director de CANARIAS AHORA, que el actual vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno canario le sugirió que retirara el recurso que presentó en 2003 contra la adjudicación a favor de Isolux de dos módulos para la desalación de aguas de la potabilizadora de Piedra Santa. Según declaró Bravo de Laguna, Soria le dijo “o lo retiras o los franceses no trabajarán más en Gran Canaria”.

En concreto, el representante de la empresa que en primer término ganó el concurso de adjudicación de la explotación de la planta desaladora de Las Palmas de Gran Canaria, pero que por medio de un segundo informe perdió el contrato en favor de Isolux, reconoció en el juicio en el que este miércoles se pedía por parte de Soria dos años de prisión contra el director de este medio, que en una fiesta celebrada en el sur de Gran Canaria José Manuel Soria le dijo que “o retiras el recurso o los franceses no trabajarán más en Gran Canaria”, en referencia al grupo Saur al que representa el empresario grancanario, y que participa con un alto porcentaje en la empresa municipal de aguas Emalsa.

González Bravo de Laguna admitió en el juicio esta conversación con José Manuel Soria ante las preguntas de la defensa del acusado por calumnias y a la tercera ocasión, después de decir primero que “probablamente hubo una cena y algo hablamos, no lo recuerdo”, y después que “sí se habló de retirar el recurso” en la fiesta celebrada en Monte León, en un homenaje al ex presidente del Gobierno Adán Martín, finalmente admitió que “sí, se habló en esos términos” y se decidió hacerlo “por las malas relaciones que podía tener la empresa con el ayuntamiento” de Las Palmas de Gran Canaria, tras las advertencias de Soria contra “los franceses” a los que representa Bravo de Laguna.

La declaración de Rafael González Bravo de Laguna, uno de los 16 testigos propuestos por la defensa de Carlos Sosa, provocó que al término del juicio la acusación particular que representa a José Manuel Soria se planteara solicitar a la juez que dedujera testimonio por falso testimonio del testigo, algo a lo que no estaba dispuesta la titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, y aún así fue requerida por el abogado de Soria, para que facilitara el DVD de la grabación del juicio para “presentar una denuncia ante la Fiscalía por falso testimonio”.

Fue éste uno de los 16 testigos propuestos por la defensa del periodista al que tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal acusan de calumniar a Soria por escribir, en un 'top secret' considerado por al autor como una “opinión basada en una investigación de casi tres años [fue publicado el 2 de enero de 2006 y la adjudicación, por medio de un segundo informe requerido por la alcaldesa Josefa Luzardo, se produjo el 14 de agosto de 2003] que Soria dio instrucciones de su ”puño y letra“ a Luzardo de que Isolux debía ganar el concurso.

El abogado de José Manuel Soria y el fiscal basan su acusación en que el periodista no ha podido demostrar que exista constancia escrita “de puño y letra” de Soria a Luzardo para influir en el concurso, algo que el director de este medio explicó tanto en la instrucción del caso como en el juicio de este miércoles que es “un recurso literario” para dejar constancia de la autoridad moral de Soria, como presidente del PP canario, sobre todos los cargos públicos de su partido en las Islas.

Luzardo estaba de vacaciones en el Sur

Josefa Luzardo fue otra de las testigos del caso. Si bien negó cualquier interés de José Manuel Soria en el concurso, denunciado por todos los grupos de la oposición en su mandato, aseguró que el primer informe elaborado por la técnico Esther Fleitas le generó dudas y “para asegurarme, porque era mi primera adjudicación como alcaldesa, pedí explicaciones y un segundo informe, después de ver el primero”, si bien, cuando se redactó el segundo informe que daba como ganador a Isolux en detrimento de Idagua, la por entonces alcaldesa reconoció que “no lo leí porque ya estaba de vacaciones en el Sur”. Era el mes de agosto de 2003.

Al respecto de este segundo informe, elaborado por el funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria José María Rodríguez Dosantos, este ingeniero industrial admitió que lo redactó en ocho días del mes de agosto, mientras que los tres redactores del primer informe, Esther Fleitas, Rubén Acosta y Santiago Morán, confirmaron a la juez que tardaron “un par de meses, tres o cuatro tardes a la semana”, en elaborar el primer informe entre los tres.

Ataque al honor familiar versus mordaza a la prensa

De las declaraciones de todos los políticos municipales, con mayor o menor énfasis, se extrajo la conclusión de que en el cambio de adjudicación de la planta desaladora de Las Palmas de Gran Canaria hubo al menos “irregularidades”, denunciadas en el caso de Nardy Barrios ante la Fiscalía Anticorrupción y archivadas las mismas, pero de la exposición de José Manuel Soria contra Carlos Sosa se dedujo la ofensa constante que siente el actual vicepresidente del Gobierno canario por los comentarios del director de este medio.

Soria llegó a decir que “me está imputando la comisión de un delito y no sólo ahora, sino en otros casos en los que ya ha sido condenado, y mis hijos, en edad escolar, llegaban del colegio diciendo lo que dicen otros niños sobre su padre”. En ese punto de la exposición de Soria, la defensa de Carlos Sosa inquirió por qué no ejerció el derecho a la rectificación en cuanto se publicó la opinión el 2 de enero de 2006, sin respuesta alguna.

Por parte de la defensa del director de este medio, y por el propio Carlos Sosa, se alegó en las conclusiones definitivas del juicio que José Manuuel Soria no busca resarcir su honor, sino “con ecos predemocráticos pedir prisión por una opinión basada en elementos veraces”.

El director de este medio afirmó, al final del juicio, que “Soria intenta que todo profesional del periodismo tenga miedo de hablar de él, trata de aplicar la autocensura para que los periodistas nos callemos”.