El tomate, en el banquillo
El tomate tinerfeño se está jugando su futuro en los banquillos de los juzgados. Hace escasas fechas tuvo lugar en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de Las Palmas de Gran Canaria la vista oral en la que los representantes de este sector en Tenerife mostraban su disconformidad con la orden del Ministerio de Fomento que les obliga a devolver 8,5 millones de euros de las ayudas al transporte correspondientes al año 2002. El presidente de la Asociación de Cosecheros del Tomate (Aceto), Domingo Mendoza, había pedido el aplazamiento de la vista para que pudieran declarar dos testigos que considera vitales a la hora de defender sus intereses. El argumento de fondo de los agricultores es que el Estado ha incurrido en un error de cálculo al no tener en cuenta las particularidades de este cultivo y de su transporte.
Para ello citaron al técnico que elaboró el informe del Ministerio Fomento en el que se apuntaba que existía un desfase entre las ayudas recibidas y el precio real. Según Mendoza durante la vista se pudo demostrar que el perito desconocía los pormenores de este cultivo. “No sabía cómo se debe llevar a cabo el transporte, extrajo datos de una naviera que no tiene nada que ver con nosotros porque carece totalmente de capacidad de carga y por si fuera poco reconoció que algunas de sus conclusiones las había sacado de internet”.
También fue llamado a declarar por los tomateros Pedro Suárez, representante de las navieras llamadas “de oportunidad”. Y es que precisamente el grueso de los argumentos de los tomateros para desmontar el informe de Fomento se centra en demostrar que las cifras para calcular los gastos de transporte se han tomado de este tipo de embarcaciones y no de las líneas regulares que son las que se utilizan durante la mayor parte de la campaña. Así mientras los primeros son barcos a los que se recurre de forma puntual cuando pasan por las islas con cierta capacidad y resultan más baratos, los segundos tienen que estar perfectamente acondicionados y son más caros.
Según los cálculos de Fomento trasladar un kilo de tomate desde las islas hasta Cádiz supone un coste de 0,07 euros por kilo mientras que llevarlo desde Canarias hasta Rotterdam suma 0,08 siempre que se utilicen los buques de oportunidad. Pero estos precios, según Mendoza son totalmente irreales y además en el grueso de la campaña se utilizan las embarcaciones preparadas para este transporte que deben estar perfectamente acondicionadas y así el coste es el doble del calculado por el perito. “Nosotros tenemos que poner en marcha una complicada logística y no podemos basar toda la campaña en los buques de oportunidad. Ese tipo de navieras sólo nos sirve para el principio y el final de la temporada y disponemos de ellos de forma muy puntual cuando pasan por las islas y nos comunican que tienen espacio libre”, indica.
Además de la batalla en contra del Estado el sector también se verá obligado a emprender una guerra interna. En estos momentos sólo sobreviven 14 de las 34 empresas que en 2002 recibieron las ayudas. Sin embargo, las que aún están funcionando se verán obligadas a devolver los 8,5 millones de euros. Por ello, desde Aceto se emprenderá otro contencioso para que todos los que cobraron el dinero en su momento tengan que devolverlo en caso de que así lo decidan los tribunales. “Lo más curioso es que Hacienda tiene perfectamente identificados quienes recibieron las ayudas y quienes no así que no entendemos por qué se intenta caer todo el peso de las reclamaciones sobre unos pocos”. El martes los tomateros tinerfeños presentarán ante el TSJC su escrito de conclusiones y a partir de ahí sólo les queda esperar el fallo de los tribunales.
Hasta ahora la suerte en los juzgados de este sector tanto en Tenerife como en Gran Canaria ha sido nula. Aceto y la Federación de Exportadores Hortofrutículas de Las Palmas (Fedex) llegaron hasta el Supremo pidiendo que se paralizara de forma cautelar el pago de los 8,5 millones que se deben en Tenerife y los 14 de Gran Canaria -aunque en las sentencias se hablan de 6 y 11 millones respectivamente, intereses incluidos- hasta que hubiera una sentencia firme pero la respuesta ha sido un no rotundo.
En el caso de Fedex ya el TSJC dictó otro fallo en el que considera ajustado a derecho el procedimiento para que reintegren las cantidades. Fomento se mantiene firme al apuntar que existen desfases e irregularidades en los costes de carga y descarga y alquiler de la plancha y tasas de la tara, entre otros. Además, también se puso en evidencia, según la sentencia anterior del TSJC, “la no declaración de los descuentos entre Canarias y Cádiz”, la inclusión de transportes con destinos a otros países de la Unión Europea (UE) como si fueran a la Península y la declaración de un menor número de kilogramos que el realmente transportado, lo cual incrementa el coste medio por kilo de tomate o pepino. Las irregularidades salieron a la luz, según el TSJC, porque la naviera de ambas asociaciones no aportó las facturas con los desgloses de los distintos servicios, lo que estos niegan al señalar que ni siquiera se les han solicitado o no han querido ser consultadas.
