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Tres torres de control aéreo de Canarias están en manos de uno de los detenidos en la operación Lezo

Siendo ministro de Fomento, José Blanco adjudicó en 2011 el servicio de control de los aeropuertos de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma a una empresa de Ildefonso de Miguel, exgerente del canal de Isabel II y mano derecha de Ignacio González

La adjudicación resultó polémica. La sociedad no contaba con la experiencia de gestión requerida y pudo hacerse con el servicio gracias a una extraña operación con el proveedor de Navegación Aérea de la República Checa

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Torre de control en Fuerteventura.

Torre de control en Fuerteventura. Diario de Fuerteventura.

Las torres de control de tres aeropuertos canarios, los de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, están en manos de una empresa propiedad de Ildefonso de Miguel, uno de los detenidos en la denominada operación Lezo, la presunta trama de corrupción en el canal de Isabel II que investiga la Guardia Civil.

De Miguel fue gerente de la empresa de gestión integral del agua de la Comunidad de Madrid hasta 2009 y mano derecha del presidente Ignacio González, a quien incluso acompañó en el conocido viaje a la región colombiana de Cartagena de Indias en el que fueron grabados con unas sospechosas bolsas en su poder.

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco relaciona a De Miguel con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de un campo de golf ilegal que González promovió en unos terrenos ubicados en el distrito de Chamberí que pertenecían al Canal de Isabel II.

Como recuerda la web controladoresaereos.org, Ildefonso de Miguel es además el dueño de Saerco, la empresa que resultó adjudicataria del concurso convocado en enero de 2011 por el Ministerio de Fomento, al frente del cual se encontraba en ese momento el socialista José Blanco, para la privatización de las torres de control de trece aeropuertos españoles, entre ellos tres canarios.

La sede de Saerco y de otras dos sociedades de Ildefonso De Miguel, situada en la calle Burgohondo de Madrid, fue registrada la pasada semana por la Guardia Civil en su investigación sobre adjudicaciones de contratos públicos y financiación del PP.

El concurso para la liberalización de torres de control ya fue objeto de polémica hace años. La empresa Saerco fue creada dos meses después del inicio del proceso de licitación y seis antes de la adjudicación.  Las bases del concurso exigían a las sociedades que quisieran concurrir que acreditasen antes del 17 de marzo de 2011 su solvencia técnica y económica. Para ello era necesario que demostraran experiencia en el sector (haber sido proveedor de servicios de control de tránsito aéreo al menos cuatro de los últimos cinco años, haber superado un número de vuelos controlados en 2010 y haber prestado servicio durante ese año en un número determinado de aeropuertos) o disponer de al menos cinco controladores con licencia en vigor para cada una de las torres con horario operativo de 18 horas.

Aunque Saerco fue constituida ex profeso para el concurso de 2011 y, por lo tanto, no contaba con la experiencia requerida, pudo hacerse con el servicio tras unir sus fuerzas al proveedor de Navegación Aérea de la República Checa, una operación que suscitó recelos entre los profesionales del sector, pero que fue autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).  El montante de la adjudicación superaba los 4 millones de euros anuales.

Despido de controladores

A las suspicacias en la adjudicación del contrato se le une el enfrentamiento de la empresa con la Unión Sindical de Controladores (USCA) en el ámbito laboral. El sindicato de controladores ha denunciado las “advertencias” y las “presiones” que el proveedor ejerce "en las torres privatizadas para evitar que los trabajadores se afilien a USCA con reiteradas amenazas de pérdida del empleo”.

Hace tres meses, USCA denunció el despido de dos trabajadores de la torre de control del aeropuerto de Fuerteventura “en represalia por su afiliación al sindicato que representa a más del 90%” de los profesionales del sector en España.

"Todo esto, por supuesto, bajo la anuencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que sigue dejando que controladores aéreos plenamente operativos, tengan que simultanear durante la misma jornada laboral, el trabajo operativo (controlar aviones) con tareas administrativas, en una política de seguridad aérea única en el mundo y que probablemente en unos años, como los incidentes sigan incrementándose por esta causa, se enseñe en las escuelas de control como lo que nunca hay que hacer", señala el portal creado por los profesionales del control del tránsito aéreo.

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