Urbanismo paralizará el PGO si lo exige la denuncia
“Ustedes saben muy bien lo que yo haría. Defenderé en todo momento con el aval de los técnicos la paralización del Plan General si hay visos de ilegalidad flagrante. Pero lo haré yo y el grupo de gobierno”, con estas palabras el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt respondía a las preguntas de varios periodistas sobre la posibilidad de que reciba presiones para aprobar en las próximas fechas un Plan General de Ordenación (PGO) sobre el que planean dudas sobre su legalidad. La presentación por parte de la Fiscalía de una querella por tres presuntos delitos de falsedad documental, contra la Administración y la Ordenación del Territorio ha vuelto a poner en cuestión las posibilidades de que el grupo de gobierno pueda aprobar el documento a finales del próximo mes de junio tal y como se demanda desde el Gobierno canario. “Nosotros no vamos a aprobar ninguna ilegalidad eso es un absoluto disparate. Estamos esperando a la Fiscalía nos diga donde se ha podido producir un presunto tráfico de influencias y nosotros actuaremos en consecuencia”, dijo el concejal.
El responsable de Urbanismo admitió que durante los diez meses que lleva al frente de este cargo ha sufrido presiones y en ciertos momentos, “claro que te sientes incómodo pero sólo tomaría una decisión cuando esta incomodidad llegue a ser insoportable, el resto en tan sólo el día a día”. Por ejemplo, el concejal negó que hubiese mantenido ninguna reunión en todo este tiempo con los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, imputados en el caso de Las Teresitas a raíz de la denuncia el propio edil interpuso hace años. “Ni creo que quieran reunirse conmigo o a lo mejor soy yo el que tampoco se quiere reunir con ellos”, matizó.
Martín Bethencourt también señaló en la emisora esRadio Tenerife que no iba a permitir que saliera adelante un PGO sobre el que planeen dudas sobre una posible falsificación de documento público al sospecharse que las versiones que se aprobaban en pleno y las que luego se remitían a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac)eran diferentes. El concejal advierte que paralizar en estos momentos el Plan va a suponer, como mínimo, la interposición de recursos por parte de empresarios que sospechen que puedan haber sufrido un perjuicio patrimonial lo que a la larga podría traer consigo indemnizaciones multimillonarias. “En este asunto yo tengo mi opinión y los técnicos tienen otra”, dijo. Sobre la posible implicación del aún gerente de Urbanismo, Eduardo Risueño, en la querella de la Fiscalía el concejal indicó que cuenta con todo su respaldo: “en este momento, sin duda”.
Martín Bethencourt, señaló que han decidido suspender los ámbitos conflictivos y en los que se encuentren las miles de viviendas en situación de fuera de ordenación, para lo cual se ha elaborado ya un catálogo en el que se cifran en casi 1.800 las casas sometidas a este régimen urbanístico que limita su valor, uso y realización de obras. El concejal indica que desde el principio del mandato ha mantenido diversas reuniones con la Plataforma en contra del PGO y de los partidos políticos e incluso se muestra proclive a incorporar el dictamen encargado por los vecinos con el fin de alcanzar el mayor grado posible de consenso y de garantías de legalidad. “Estamos en la recta final porque el límite es el 23 de junio”.
Sin embargo, no hay fecha aún para llevar el documento a pleno a la espera de que se redacten todos los informes técnicos posibles, dictamen incluido. El concejal rechaza en principio la posibilidad de dar por caducado el PGO en cuanto supondría “tener a la ciudad metida al menos dos años más en este berejenal. No lo descartamos pero preferimos seguir la hoja de ruta que nos hemos marcado y sobre todo que la han marcado los técnicos”, incluidos los de la Cotmac organismo que debe dar el visto bueno final al documento. El concejal advierte que de todas formas el PGO no va a implicar un efecto inmediato en la revitalización de la ciudad, “porque hasta el propio colegio de Arquitectos ha reconocido que aquí no se va a construir en al menos quince años”. El concejal fue rotundo al rechazar que el PGO que se pretende aprobar sea el Plan General de Zerolo como insistentemente se ha criticado. Así de los cincuenta convenios negociados en los despachos de los redactores del Plan sólo han sobrevivido dos, “porque ha sido inmoral, sino al menos ilegal, la manera en la que fueron acordados”, indicó. “Del Plan Zerolo sólo queda la figura del fuera de ordenación y ahí ya hemos encontrado una solución a través del catálogo y de resto todo lo que sea polémico, ilegal o controvertido nosotros estamos dispuestos a discutirlo”.
Parque Marítimo
El concejal declaró recientemente en calidad de testigo en el Juzgado por la celebración de una fiesta que bajo su punto de vista fue ilegal y así lo ratificó. “Lo único que hice fue llevarme conmigo una copia del expediente sancionador abierto”, dijo. Aunque no quiso ser más específico ratificó que el actual secretario, Pedro Doblado, imputado en esta causa y en otras más por motivos parecidos será cesado en fechas próximas. Todo ello con la vista puesta en establecer un nuevo modelo de gestión en este espacio que seguirá en manos públicas, frente al criterio de Coalición Canaria (CC) que optaba por volver a sacarlo a concurso.
Martín Bethencourt indicó que tan sólo durante los meses de verano el Parque genera un volumen de negocio cercano a los 600.000 euros, aunque es cierto que durante el invierno la actividad desciende de forma significativa. Para ello apuesta por poner en marcha diversas iniciativas sin descartar que se puedan celebrar también fiestas pero en las zonas donde sea posible hacerlo y generando siempre beneficios para el Ayuntamiento. “Lo que no puede ocurrir es lo que ha pasado hasta ahora”, en referencia a los eventos que se han venido llevando a cabo durante años, sin licencia y sin que la Corporación local recibiera compensación alguna a cambio.
