Los vecinos del casco viejo de Corralejo quieren acabar con su ''pesadilla''

Un centenar de vecinos del pueblo marinero de Corralejo, ubicado en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), presentó este viernes una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas con el deseo de que “acabe de una vez por todas la pesadilla” que sufren por una presunta “trama urbanística empresarial” orquestada para apropiarse de sus viviendas, algunas de las cuales datan de 1865.

Así lo afirmó este viernes ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Las Palmas de Gran Canaria el portavoz del Comité de Afectados, Miguel Socorro, acompañado por un centenar de afectados que se desplazaron en un avión fletado para la ocasión y que portaron una pancarta con el lema La razón de un pueblo: las casas del casco viejo de Corralejo son nuestras.

Socorro recordó que la denuncia vecinal, avalada por 169 legítimos propietarios, contiene 185 documentos anexos (mercantiles, registrales y sentencias) y viene derivada de la última sentencia recibida por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde la ponente, la magistrada María Elena Corral Losada, remitió a la Fiscalía Anticorrupción todas las sentencias falladas en la propia Audiencia relacionadas con la problemática del casco viejo de Corralejo, al ver indicio de un presunto delito de estafa continuado por las ventas realizadas por las empresas Delval Internacional y Sincronía 99 sobre las casas de Corralejo.

El portavoz agregó que su “lucha” comenzó el 25 de julio de 2003 cuando “el pueblo se enteró de que iban a demoler una de las viviendas del casco histórico de Corralejo y se encendió la llama definitiva”. Fue entonces cuando se constituyó el Comité de Afectados que ha descubierto “con sorpresa” una trama de “sociedades fantasmas”.

Fuentes vecinales explicaron que en 1961 fue vendida a la mercantil Plalafusa SA una parcela de terreno denominada Casco Viejo de Corralejo y sus aledaños, en la que quedaba al margen el asentamiento vecinal.

No obstante, 40 años después de aquella operación, el 22 de mayo de 2001, la empresa Plalafusa vendió un resto de una finca a la entidad Delval Internacional, representada por José Manuel Jiménez del Valle, concretamente en la parcela citada como Casco Viejo de Corralejo y sus aledaños, desconociéndose sus propios linderos.

El 'modus operandi'

Adquirida la finca por dicha empresa, su administrador, que “sabía que las casas no estaban registradas”, comenzó a presentar escritos en el Ayuntamiento de La Oliva solicitando licencias de segregación de las citadas casas como si fueran suyas y como si no se tratase de parcelas edificadas.

Ello se inició a partir del 14 de julio del año 2001, según los vecinos, “con el claro propósito de obtener un enriquecimiento especulativo urbanístico ilícito, a sabiendas de que las mismas, como parte del asentamiento vecinal, no habían sido objeto de compraventa”.

Una vez obtenidas las licencias de segregación oportunas por silencio administrativo, Delval Internacional comenzó a registrar las segregaciones efectuadas y, posteriormente, a venderlas a terceros a sabiendas de que no eran de su propiedad.

Este modus operandi se repitió en un centenar de casos en los que los vecinos apuntan la “implicación directa” de varios abogados en el entramado urbanístico.

De hecho, en su denuncia citan a estas tres compañías junto con las mercantiles Brit Party, Industrias Theron Dos, Gualtor, Running y Lugiamantine, entre otras, que carecen de actividad mercantil y las describen como “sociedades fantasmas creadas con el único propósito de dar la apariencia lícita a una operación fraudulenta”, operaciones de compraventa que se formalizaban supuestamente en Fuerteventura, Madrid, Salamanca y Girona.

Al menos 57 sentencias favorables

Socorro destacó que suman al menos 57 las sentencias favorables a los vecinos dictadas por los tribunales, de las que el Juzgado de Puerto del Rosario ha dictado 30; la Audiencia Provincial de Las Palmas, 18; y el Tribunal Supremo, nueve.

“Esperamos que esta denuncia sirva para ver si algún día acaba la pesadilla que sufren los viejitos del pueblo”, agregó el portavoz, que añadió que los empresarios catalanes Jorge Arnau y Ramón Aymerich han adquirido propiedades en el casco viejo de Corralejo a finales de 2006 y constituyeron en San José de Costa Rica Inter Mediterranium SA junto con José Manuel Jiménez del Valle, quien aseguró que les “está haciendo la vida imposible”.

Relató que las primeras casas datan de 1865, tal como se refleja en un Diccionario Estadístico Administrativo de Canarias donde se consideraba el pueblo de Corralejo como un “caserío” con 15 casas. Además, existe un anuario comercial sobre las islas orientales que indica que había en 1910 un total de 210 habitantes, por tanto equivalía a unas 50 casas. A ello añadió un libro de edificio de registros de solares donde estaban registradas en 1930 63 casas, que son las primeras casas que dieron lugar al nacimiento de la localidad.

“No vamos a permitir que estos expoliadores quieran borrar parte de la historia de Fuerteventura”, apostilló el portavoz vecinal.

Por su parte, el abogado de los perjudicados, Sebastián Socorro, del despacho de Abogados Socorro Ley & Asociados, destacó la importancia de este problema que “afecta a todo un pueblo, que se ha visto implicado en una serie de entramado especulativo de diversas empresas, alguna de ellas aparentemente sin ningún tipo de actividad comercial ni actividad”.

“No hay derecho de que me quiten lo que es mío”

Durante su protesta los vecinos -en su mayoría ancianos- se mostraron bastante indignados. “En mi casa me crié, me casé y hasta la fecha; no hay derecho de que me quiten lo mío, yo he pagado todo y tengo documentos que lo demuestran”, expresó Dionisia María Santana, de 81 años.

“Venimos aquí por culpa de cuatro bandidos que quieren llevarse lo que no es suyo”, aseveró, igualmente, Alejandro Carvallo, de 81 años. En el acto también estaba Inés Morera, que lamentó que su padre ya fallecido, Ginés Morera, no pudo ver resuelta la problemática y afirmó que “hay muchos ancianos que le han quitado lo poco de vida que les quedaba con esto porque sentían que perdían sus casas”. “Mi padre se murió pero aquí estoy yo para defender lo que es mío y de mi padre”, subrayó.

Además, varios vecinos de Santa Cruz de Tenerife asistieron a la concentración para solidarizarse con la protesta, ya que “lo mismo” les ocurrió a ellos y a un centenar de familias más, cuyas propiedades fueron registradas a nombre de la empresa Inversiones Las Teresitas, caso denunciado también en Anticorrupción, según indicó una de las personas afectadas, Lola Schneider.

El acto concluyó con la lectura de un manifiesto por el vecino de Corralejo Rafael Franquis. “La tierra, el bien que protegieron nuestros antepasados, que dio de comer a tantos es, cada vez más, presa de una construcción abusiva y de una especulación que no conoce límites”, narró.

“Los que vivimos los años duros de Corralejo, cuando el día a día era un reto constante, no podíamos estorbar el desarrollo de un lugar que daría más rendimiento cuanto más cemento nuevo tuviera encima. Y quisieron quitarnos nuestras casas”, leyó el lugareño, que destacó en su discurso que la Justicia les ha ido dando “una razón” que ya tenían “y se la fue quitando a los depredadores que son capaces de tragarse las lágrimas y el dolor de varias familias con tal de llevarse un buen puño de euros al bolsillo”. “No hay dinero que compre nuestra memoria y nada vale tanto como nuestra dignidad”, sentenció.