Otras ‘zeroladas’: Fórum Filatélico

El mes de diciembre de 2006 pasará a la historia como el momento en el que Tenerife se vio sacudida por dos terremotos de la máxima escala en cuanto a tramas judiciales. Uno fue Las Teresitas eternamente enredado en sí mismo y el otro el caso Fórum conocido como caso Lavandera, más desconocido pero no menos llamativo. Las investigaciones llevadas a cabo durante todo este tiempo por el Juzgado número 5 de Santa Cruz y su titular la magistrada Lucía Machado tienen en su epicentro a varios personajes: el empresario José Ana Labajos, el ex alcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo y el ex presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor. A partir de aquí aparecen otros secundarios pero con un papel no menos relevante. En total la lista de imputados supera la decena.

La trama se sustenta sobre dos patas que coinciden con las inversiones de Fórum Filatélico en la Isla. Por un lado la recalificación de los terrenos situados en Valle Tahodio, en el límite de Santa Cruz con el Parque Rural de Anaga, y por otro el puerto deportivo de San Andrés. En el primer caso se trata de unos solares en los que se iban a construir residencias geriátricas, viviendas para venta libre y donde se prevía trasladar también al Colegio Hispano-Inglés de las Ramblas. El Ayuntamiento recibiría a cambio poco más que pendientes a las que era imposible darle uso alguno. Por esta razón los técnicos comenzaron a ponerle pegas al convenio que también sería rechazado por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) hasta que tuvo que ser definitivamente eliminado del Plan General en 2010.

En concreto, la Cotmac recogió en su informe que el contenido del acuerdo “no se ajusta a la legalidad urbanística”. Los técnicos consideraron que esta recalificación de suelo de rústico a urbanizable no atendía al interés general sino al particular. La Cotmac ya había advertido en 2008 que el proyecto iba en contra del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que impide construir en este suelo por ser de protección económica para la explotación agraria y tratarse de laderas. Según el convenio el Ayuntamiento recibiría 335.000 metros cuadrados de terrenos con más de un 50% de pendientes, con lo que resultaba imposible edificar en la zona.

A cambio, Fórum Filatélico conseguiría un aprovechamiento de 130.000 metros cuadrados, de los que el 85% se destinarían a edificaciones de venta libre y el 15% para la construcción de residencias para la tercera edad. Sin embargo, la Cotmac apunta que aunque la facultad de clasificar el suelo constituye una potestad discrecional de la Administración y por lo tanto su ejercicio no es objeto de pacto con los particulares, se debe tener en cuenta que esta decisión “debe responder a la satisfacción de las necesidades de crecimiento objetivamente apreciadas por la administración”.

El acuerdo fue aprobado por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en 2002 y ya entonces los técnicos alertaron sobre las anomalías que se recogían en el mismo. Los principales reparos se centraban en que parte de los terrenos estaban situados en pleno parque rural de Anaga de especial protección y bajo la supervisión del Plan Rector. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y los de la unidad de planeamiento pidieron desde un primer momento que se estudiara la conveniencia y oportunidad de reclasificar estos terrenos de rústicos a urbanizables, al considerar que no se daban las condiciones para ello. Hace algunas fechas los tribunales obligaron a Labajos a pagar 5 millones de euros por los supuestos beneficios que obtuvo con la venta de los solares a Fórum. El empresario argumentó que la recalificación nunca se llegó a concretar, lo que no convenció a los magistrados.

En el caso del puerto deportivo de San Andrés, el promotor también era Labajos y los derechos fueron igualmente adquiridos por Fórum. Este es un proyecto largamente acariciado que aparece y desaparece cíclicamente del laberinto administrativo como si de una especie de San Borondón se tratara. El empresario logró en 1997 la concesión de este espacio por 30 años pero por una razón o por otra nunca se llegó a concretar. Al final se trasladó del frente de San Andrés a la esquina en la que se sitúa la Dársena Pesquera, ante el disgusto de Labajos que llegó a calificar de “berruga” el resultado final. En el aire quedó una inversión cifrada en 100 millones.

El empresario vendió en 2002 los activos al cabeza visible de Fórum Filatélico y hoy en busca y captura, José Manuel Llorca. Tras la quiebra de la entidad consiguió que se le reconociera que se le debía pagar 1,5 millones ante el estupor de los miles de acreedores que se siente realmente estafados y quienes consideran a Labajos como “testaferro” de Llorca. En 2002 ambos se reunieron en un hotel del Puerto de la Cruz y decidieron participar conjuntamente en la construcción del puerto. Según el empresario, se cumplió “escrupulosamente” con la obligación de no ceder más del 50% de los activos y que el uso principal no fuese el de club náutico y muelle deportivo. La operación financiera, según Labajos, se realizó a través de bancos de primera línea y se pagaron a Hacienda 700.000 euros. Además, se dio cuenta a Puertos. O al menos a algunos de sus directivos.

Sin embargo, cuatro años después se produce la intervención de Fórum Filatélico y el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón encuentra entre los papeles intervenidos un documento firmado por el arquitecto Julio Aumente, en el que se habla del supuesto pago de cantidades multimillonarias al ex presidente de Puertos y el exalcalde Miguel Zerolo, entre otros, para acelerar los trámites burocráticos del muelle y de la urbanización Valle Tahodio. A partir de aquí se abre la conocida como Operación Lavandera que instruye desde esas fechas y sobre la que ya se ha decretado el levantamiento del secreto de sumario.

La documentación analizada por la magistrada durante los años que abarcan estas investigaciones apunta que Fórum Filatélico intentó en todo momento evitar que trascendiera públicamente que habían comprado la participación en Valle Tahodio y en el puerto de San Andrés. Labajos siguió apareciendo siempre como propietario. Y ello es así en cuanto que de las investigaciones se desprende que no se cumplió con los requisitos legales para transmitir la concesión encaminada a construir el puerto deportivo que obligaban a dar cuenta a Puertos de todo el proceso.

En el caso de la recalificación de Valle Tahodio también interesaba que Labajos apareciera como propietario dada la estrecha relación que mantenía con el exalcalde. Una de las condiciones de la venta de los activos fue precisamente que Labajos siguiera manteniendo su estatus como propietario “a todos los niveles públicos” y se comprometiera a hacer las gestiones ante las administraciones para el buen desarrollo de las mismas. En un principio se intentó que el arquitecto fuera la cabeza visible del grupo en Tenerife pero la estrategia falló.

Y él explica las razones de una forma muy gráfica: “Entendí que se había caído en el mayor error que se puede cometer en el mundo de los negocios en la Isla que es ser catalogado como un auténtico godo”. Por lo tanto se decidió que había que recuperar “a toda costa la imagen de José Ana como estandarte del Parque y pasar a un segundo plano de invitado como socio capitalista”.

En uno de los documentos que refleja una reunión sostenida en un despacho de abogados aparece textualmente: “Con respecto al pago reclamado por el alcalde habrá que ver el por qué y a cambio de qué”. Por ello no es extraño que los investigadores hayan concluido: “Los hechos expuestos apuntan desde la literalidad de los documentos a la posible comisión de delitos de cohecho y parecen hacerlo más allá de la mera conjetura”.

Los problemas surgen cuando Aumente comienza a desmarcarse de la trama. Así, en una de las ocasiones se señala: “Dado el comportamiento que hemos observado en Julio últimamente, por un lado, hay que tratarle bien, pues es quien conoce mejor el proyecto y con quien tenemos el compromiso como arquitecto, pero sin permitir que se le suban los humos a la cabeza”. Con el tiempo Labajos atribuiría a estas desavenencias su imputación en el caso.

Pero en los buenos tiempos la documentación recoge que eran los encargados de gestionar los negocios de Fórum en la Isla. Labajos contaba con libertad de disponer económicamente de lo necesario, pero contando con el visto bueno de Aumente. Las negociaciones tomaron un nuevo rumbo cuando Llorca es acusado de blanqueo de dinero por tráfico de drogas. En ese momento, tal y como refleja Aumente, “en la isla se encendieron todas las alarmas: desde el estudio jurídico, Labajos, la Autoridad Portuaria, Alcaldía... todos, nadie quería tener relación con nada que tuviera que ver con Marbella. Nos pedían insistentemente explicaciones que como bien sabéis no podíamos dar”.

En el calendario de trabajo que se elabora en 2005 se recoge, por ejemplo, la necesidad de tener al arquitecto Fernando Menis “vinculado en el proceso de inversión profesional y económicamente”. De esta manera, “es como si tuviéramos vinculada en el proyecto a la alta clase política”, para acto seguido recordar que es hermano del entonces presidente del Gobierno, Adán Martín, y pareja de la exconsejera de Educación y Cultura Dulce Xerach.

Aumente abandonó la sociedad a finales de 2005 tras recibir 120.000 euros después de que las desavenencias con Labajos fueran constantes. El aquitecto llegó a pedir que se mantuviera al empresario alejado de las negociaciones y le culpó de “habernos metido en un callejón sin salida”. Indicó entonces que no les interesaba tener a una persona “descontenta, boicoteando continuamente nuestra labor”.

En el caso de Zerolo aparte de estar imputado por supuestamente haber recibido sobornos para acelerar la recalificación de Valle Tahodio, también se apunta que su hermana podría haber recibido de Labajos una vivienda en la Ladera de San Andrés a mitad de precio. Las sospechas de los investigadores surgen de datos tan indiciarios como constatar que, mientras cada casa de esta promoción llegó a valer alrededor de 317.000 euros y 13.500 la plaza de garaje, la hermana la obtuvo por 145.530 y 9.000 euros respectivamente. Durante las investigaciones policiales del caso Fórum se descubrió una anotación en la agenda del empresario en la que, tras haber mantenido una reunión con el entonces alcalde Miguel Zerolo, se reflejaba “Zerolo: Viv: La Ladera”. Para los investigadores de esta trama sería una prueba de los supuestos favores que el empresario le hizo al entonces todopoderoso alcalde a cambio de la recalificación de terrenos en Valle Tahodio.

Lo cierto es que, por aquellas fechas y de forma milagrosa, los terrenos pasaron de rústicos a urbanos y el valor de las parcelas aumentó de un día para otro de apenas 277.000 euros a 15 millones, pero a cambio de esta recalificación el Ayuntamiento apenas recibía pendientes a las que era imposible darle uso alguno. Según los investigadores la compra de la casa a un precio más que favorable para la hermana de Zerolo “debe relacionarse con los documentos remitidos por el Juzgado Central de Instrucción donde se dice que Labajos hizo una labor de presión a las más altas esferas políticas, asumiendo con cargo a su propia economía gastos de Parque Maritimo de Anaga SA (PMA)”.

Así aparecen dos escritos firmados por el empresario dirigidos a PMA donde se reclama una cantidad de dinero por pagos hechos de su bolsillo. También comunicó a los directivos de esta empresa que se iba a reunir con Zerolo “para negociar los últimos flecos” antes de la aprobación provisional del Plan General.

La policía considera relevante que en la relación del precio de las viviendas de esta promoción construidas por el empresario no apareciera lo que costaba la de la hermana de Zerolo y de una persona llamada Juan Llamas. Otro tanto ocurría con la vivienda de Herminia Gil, concejal del PSOE en aquellos momentos, también imputada y que trabajó para Labajos y a quien se le considera intermediaria en las negociaciones entre el empresario y el Ayuntamiento.

Durante las investigaciones que a lo largo de más de siete años se realizaron en Tenerife se encontró documentación que, según la juez, “evidencia la actividad directa de Zerolo para que se llevara a cabo el convenio a fin de lograr la recalificación de los terrenos del Plan General”. Labajos, Zerolo y Aumente, tuvieron varias reuniones con el fin de conseguir el máximo de edificabilidad para esos terrenos que se sitúan justo al lado del Parque Rural de Anaga.

Las últimas noticias de esta trama es que el empresario abrió una página web en la que da cuenta de la presentación de una denuncia contra Garzón que no tardó mucho en ser archivada. Labajos acusaba al ex magistrado de la Audiencia Nacional de haber cometido “un asesinato civil”. El empresario dice ahora de Garzón: “Cometió varios asesinatos civiles contra varias personas inocentes y algún empresario actualmente arruinado”. Lo cierto es que si esta última afirmación la hace por él mismo no se entendería que haya pagado de su propio bolsillo anuncios en la prensa en los que da a conocer su página web denunciaagarzon.com.

Su inculpación en esta causa la atribuye a la llegada al poder de “jóvenes socialistas que declararon la guerra a la corrupción y que defendían la supremacía ética de los valores de la izquierda”. Labajos cree que detrás de esta operación tan sólo se esconde “dar caza a las fuentes de financiación de Coalición Canaria (CC) a través de una de sus personalidades más relevantes”, el entonces alcalde de Santa Cruz.

“El juez Garzón, mediante una instrumentalización tramposa de los hechos, emprendió desde el año 2005 en combinación con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, una verdadera Inquisitio Generalis, enviando a Santa Cruz de Tenerife el embrión de una causa general”, indica en su página web.

El empresario asegura haber sido víctima de indefensión y, por ello, en el mes de agosto de 2013 presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el exmagistrado. Sin embargo, apenas cuatro meses después ésta quedó archivada, “sin entrar en el fondo de los hechos”, según su interpretación.

Labajos lanza sus críticas contra el arquitecto Julio Aumente, que fue el que suscribió el documento en el que se hablaba de supuestos pagos a los cargos públicos para acelerar los proyectos y que al parecer en un momento dado quiso desentenderse de los negocios que se estaban llevando a cabo. Igualmente considera inverosímil que se le atribuya que conocía las actividades delictivas de Llorca, ya que la venta de las acciones las materializó varios años antes de que estallara el caso Fórum y éste pasara a estar en busca y captura.

De hecho hace escasas fechas los tribunales le obligaban a pagar 5 millones de euros por los supuestos beneficios que obtuvo con la venta de los solares a Fórum. El empresario argumentó que la recalificación nunca se llegó a concretar, lo que no convenció a los magistrados. En la trama no faltan los elementos característicos: sospechosos premios de lotería, pagos bajo mesa o también relaciones con el dinero negro de la droga.

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