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Canarias aborda la situación de miles de personas irregulares en las Islas en el confinamiento: se han visto “sin trabajo y sin nada que comer”

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en la comisión parlamentaria para informar sobre la situación de los inmigrantes en situación irregular durante el confinamiento en Canarias

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife —

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La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias (NC) en materia social, Carmen Hernández, ha denunciado que miles de personas migrantes en situación irregular que residen en Canarias se han visto “sin trabajo y sin nada que comer” durante el confinamiento, y en una situación de “limbo” administrativo que las ha dejado fuera de cualquier ayuda social.

En una comparecencia parlamentaria sobre las personas migrantes en situación irregular durante el confinamiento y la posterior desescalada a consecuencia de la COVID-19, Carmen Hernández hizo hincapié en que hay que buscar alguna alternativa para dar una respuesta a lo que considera una situación “injusta e inhumana”.

La diputada indicó que se trata de “miles de personas que llevan años conviviendo y trabajando entre nosotros, prestando un servicio a la sociedad a través de actividades como el cuidado de personas mayores o de jornaleros, pero dentro de la economía sumergida. Por ello, instó a la Inspección de Trabajo a hacer una labor ”contundente“ para regularizar su situación.

Asimismo, Carmen Hernández se sumó a la reclamación que han hecho organizaciones como Amnistía Internacional, Cáritas o CEAR para que estas personas puedan acogerse a las ayudas sociales, así como abrir un debate “sosegado” sobre la necesidad de plantear una regularización “ordenada y extraordinaria” para estas personas que ya tienen un vínculo con las islas.

Distintas ayudas

En su intervención, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, aclaró que su departamento está atendiendo a estas personas en situación irregular a través de distintas acciones, como la convocatoria a través del IRPF de una partida de 500.000 euros para contribuir a su integración, o subvenciones directas a entidades como Cáritas, Cruz Roja o CEAR, que ha recibido 140.000 euros para funciones de integración y acogida.

Agregó que los ayuntamientos también han visto reforzados sus recursos por parte de la Comunidad Autónoma a través de la transferencia de 12 millones de euros para hacer frente a la situación de pobreza y exclusión social, y que a su vez sirven para atender a personas en situación irregular. Al mismo tiempo, aclaró que existen otro tipo de ayudas a las que pueden acceder, como las prestaciones sociales básicas.

En cualquier caso, Noemí Santana incidió en que Canarias ha “alzado la voz” para hacer llegar al Estado su disconformidad; de ahí que la Comunidad Autónoma haya pedido una comisión bilateral en la que uno de los puntos del orden del día estará dedicado específicamente a la inmigración. De igual manera, admitió que son necesarios los fondos a los que se comprometió el ministro Marlaska, porque Canarias “no se puede enfrentar en solitario a esta problemática aportando recursos propios”. Añadió que la regularización de estas personas será también unos de los asuntos que se tratarán en dicha comisión.

“Ocuparnos y no preocuparnos”

Por el Grupo Mixto, Vidina Espino recordó las palabras de Noemí Santana referidas a la situación de los migrantes: “Debemos ocuparnos y no preocuparnos de ellos”, y apuntó que imágenes “lamentables” de personas en un almacén en el Puerto de la Luz durmiendo en el suelo y sin duchas no se pueden repetir. “Sería injusto culparle a usted, pero no puede permanecer ajena a las condiciones en las que son recibidas estas personas y está obligada, por solidaridad, a ocuparse y preocuparse por ellas”.

La diputada Melodie Mendoza, de ASG, señaló que la inmigración es un asunto “sensible y complejo” en el que el Gobierno de Canarias ha demostrado “en todo momento” que le preocupa, “intentando dar la mejor respuesta posible a estas personas, aunque muchas veces sobrepase sus competencias”.

María del Río (Podemos) coincidió con Cs en que las imágenes tomadas la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria son “lamentables” y “no se pueden seguir repitiendo”. Incidió en que hay una obligación por parte del Estado de dotar de recursos a Canarias, que, recordó, ha visto cómo la migración irregular se ha incrementado un 600% en los últimos meses. También propuso que las personas en situación irregular se puedan beneficiar del Ingreso Mínimo Vital para que “no se queden sin nada”.

El diputado popular Poli Suárez consideró “inadmisible” que en Canarias se haya producido una imagen que “vulnera los derechos humanos” y que diez días después “no se haya dirimido ninguna responsabilidad al respecto”. Criticó, además, la “pachorra” con la que la Delegación del Gobierno está trabajando para adecuar los espacios que acogen a migrantes. Por último, criticó que han pasado seis meses desde la celebración de la cubre sobre inmigración celebrada en Canarias con la presencia del ministro Marlaska y “ningún canario ha visto el resultado”.

Desde las filas nacionalistas, Cristina Valido dijo que no se pueden negar los derechos sociales a esta parte de la población: “Hablamos de miles de personas por las que tenemos competencias, que atraviesan graves problemas”. Recordó, a su vez, que perseguir la economía sumergida es competencia de la Comunidad Autónoma; por ello, instó al Gobierno de Canarias a “perseguirla” porque esas personas “tiene derecho a tener un contrato y a poder cotizar a la Seguridad Social”.

Por último, el grupo socialista señaló que, según las entidades sociales, casi tres de cada cinco personas en situación irregular estaban sin contrato durante el confinamiento y ahora no se pueden beneficiar de las ayudas públicas. Por eso, ha pedido la colaboración de todas las instituciones públicas.

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