Autorizado un ERTE en su segundo intento para el mayor grupo de la sanidad privada en Canarias

El grupo Hospiten, la mayor red hospitalaria privada de Canarias, ha logrado en su segundo intento la autorización de la Dirección General de Trabajo del Gobierno regional para ejecutar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a los siete centros que tiene en las Islas: cuatro en Tenerife, dos en Gran Canaria y uno en Lanzarote. La empresa familiar del poderoso empresario Pedro Luis Cobiella había desistido de su primera solicitud, presentada el 27 de marzo, tras comprobar que tenía pocos visos de prosperar después de que el Ejecutivo pidiera un informe a la Inspección de Trabajo ante las contradicciones que planteaba la memoria justificativa y las restricciones impuestas por el Ejecutivo central para aplicar este tipo de medidas en centros sanitarios. 

Tras esa renuncia inicial, Hospiten presentó otra memoria a través de un nuevo despacho de abogados para intentar acreditar la existencia de una causa de fuerza mayor que le permitiera acogerse al ERTE. Fuentes de la Dirección General de Trabajo consultadas por esta redacción atribuyen la aprobación del expediente a la confluencia de dos factores. En primer lugar, a las modificaciones incorporadas por el nuevo bufete en el escrito, con una explicación más detallada para intentar demostrar que las pérdidas económicas han sido consecuencia de la salida masiva de turistas y del cierre de fronteras decretado tras la declaración del estado de alarma. La empresa sostiene que los pacientes foráneos constituyen el “núcleo” de su actividad, al margen de los conciertos con el Servicio Canario de Salud (SCS), de los que es la principal beneficiaria en el Archipiélago, al recibir cada año por esta vía más de 30 millones de euros.

Sin embargo, lo que ha terminado por convencer a los técnicos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo es la entrada en vigor, el pasado 22 de abril, del último real decreto de medidas económicas aprobado por el Gobierno central, que establece la posibilidad de que las empresas que presten servicios esenciales, como los centros y establecimientos sanitarios, puedan suspender contratos o reducir jornada a una parte de sus plantillas a través de un ERTE.

El Gobierno canario ha autorizado los expedientes solicitados por las dos sociedades del grupo Hospiten que operan en Canarias. Una de ellas, Clínicas del Sur, gestiona una clínica en Lanzarote, en el municipio de Tías, y cuatro en Tenerife, de las cuales dos se ubican en Puerto de la Cruz (el hospital Belleuve y el centro de especialidades Tamaragua), uno en la zona turística de Arona (Sur) y otro en la capital (Rambla). El ERTE fue aprobado el pasado viernes, en la última remesa, unos días después de que el Gobierno regional diera el visto bueno al presentado por Roca Gestión Inmobiliaria, otra de las mercantiles en las que participa la familia Cobiella, que explota en Gran Canaria la Clínica Roca, ubicada en la localidad turística de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla, y el centro de especialidades de Vecindario, en Santa Lucía. 

El ERTE de Hospiten tiene efectos retroactivos. Las medidas surten efecto desde el 1 de abril, día en el que se comenzaron a aplicar, hasta la finalización del estado de alarma. Los trabajadores afectados podrán de esta manera cobrar la prestación por desempleo (ya sea por la suspensión del contrato o por las horas no trabajadas en los casos de reducción de jornada) desde esa fecha. Desde la Dirección General de Trabajo afirman que era una opción “jurídicamente viable” para proteger a una plantilla que estaba sumida en la incertidumbre ante la “falta de información” que, según manifiestan algunos profesionales de la empresa consultados por este periódico, es la tónica habitual de la gerencia del grupo. 

La propuesta inicial planteaba suspensiones de contrato o reducciones de jornada para el 90% de la plantilla del grupo. En concreto, para 1.264 de los 1.362 trabajadores que Clínicas del Sur tenía en sus cinco centros y 256 de los 293 profesionales de los complejos en Gran Canaria. El ERTE afecta a personal directivo, de administración y trabajadores sanitarios. 

Esas cifras han sufrido algunas variaciones. En Hospiten Sur, por ejemplo, unos treinta enfermeros que prestan servicio en las plantas de hospitalización y que fueron incluidos en un principio en el ERTE con una reducción del 25% de su jornada laboral ordinaria están trabajando desde el día 13 con su horario habitual de 40 horas a la semana. Trabajadores de la empresa explican que la dirección del centro tuvo que suspender parcialmente la medida por la falta de personal. Según relatan, a la pérdida de profesionales por la decisión de Hospiten de prescindir de jóvenes enfermeros alegando que no habían superado el periodo de prueba se le sumó la salida de otro grupo hacia el sector público durante la emergencia por la necesidad de reforzar las plantillas y porque ofrece “mejores condiciones laborales” que la sanidad privada.

A la mayoría de los empleados de este hospital (enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos de rayos…) se les ha aplicado una reducción de jornada, de manera que ahora trabajan el 75% de su horario habitual. Estos cambios han provocado, según los profesionales consultados, importantes desbarajustes en la actividad normal del centro, de manera que algunos tienen que rotar por diferentes servicios en una misma jornada para cubrir las necesidades asistenciales. “No hay trabajadores suficientes”, concluye uno de ellos. 

En el caso de Hospiten Roca, el ERTE planteaba la suspensión del contrato de aproximadamente el 30% de la plantilla, incluidos médicos y la práctica totalidad del personal no sanitario, y reducciones de jornada laboral para el resto, desde el 30% en el caso de los médicos hasta el 50% para profesionales de enfermería o del 60% para auxiliares clínicos. 

Una decisión controvertida

La decisión de las empresas de sanidad privada en las Islas de recurrir a los ERTE en plena emergencia por la pandemia del coronavirus ha generado una gran controversia. El sector sostiene que la demanda ha caído drásticamente, hasta un 70% de la actividad habitual, debido a la suspensión de las derivaciones de pacientes procedentes del Servicio Canario de Salud (SCS) y de las consecuencias del confinamiento impuesto a la población para evitar la propagación del virus. La contención de la pandemia en Canarias, comunidad que presenta la menor afección por número de habitantes de todo el territorio nacional, ha permitido a la sanidad pública capear la crisis sin necesidad de tener que acudir, salvo contadas ocasiones, a las clínicas privadas. 

En cambio, colectivos como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública o partidos políticos como Sí Podemos, uno de los integrantes del pacto de gobierno en las Islas, han criticado estas actuaciones empresariales, al recordar que estos grupos se han beneficiado durante décadas de los conciertos con la sanidad pública para engrosar su cuenta de resultados.    En el caso de Hospiten, su facturación anual en Canarias asciende a 170 millones de euros, según las últimas cuentas auditadas y publicadas, correspondientes a 2018, y sus beneficios, a 25.