El Gobierno canario destina 28,3 millones de euros para la atención de personas con discapacidad

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario ha aprobado el techo de gasto de 28,3 millones de euros para financiar los convenios de colaboración entre la administración regional y los cabildos insulares en materia de discapacidad. Además, el Gobierno pedirá al Consejo Consultivo un dictamen sobre el catálogo de servicios a los dependientes, que homogeniza las normas estatal y regional y permitirá acceder a dos tipos de prestaciones, en función de su intensidad: una principal y otra complementaria. El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, recordó también que en Canarias 30.000 de las 38.000 personas en situación de dependencia están atendidas.

El 30 de julio de 2001, el Gobierno de Canarias acordó la aprobación del Plan de Infraestructura Sociosanitaria en la parte relativa a la atención a las personas mayores (PCAMD), para cuya ejecución se suscribieron convenios de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los diferentes Cabildos.

Asimismo, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2004, se acordó por el Gobierno de Canarias aprobar el Programa socio-sanitario de atención a la discapacidad de Canarias.

El Programa sociosanitario de atención a la discapacidad en Canarias estaba destinado, con carácter general, a las personas con discapacidad, de edades comprendidas entre los 17 y los 64 años.

También distribuía tales personas en los siguientes sectores: sector con necesidad de tercera persona, sector retraso mental, sector salud mental y, con carácter excepcional, hasta tanto se revisase el programa de personas mayores del plan sociosanitario, al colectivo de personas con enfermedad de alzheimer y otras demencias.

Por su parte, los objetivos de dicho programa abarcaban el ámbito temporal comprendido entre los años 2005 a 2010, periodo en el que se realizaron: actuaciones sobre recursos en funcionamiento, para que éstos alcanzasen el nivel de infraestructura y mantenimiento que se establecía como modelo de referencia para los recursos nuevos; acciones en recursos con plazas en construcción y/o que estuvieran pendientes de funcionamiento; y actuaciones para recursos con plazas de nueva creación, bien fueran a construir o a contratar con terceros.

Con fecha 14 de octubre de 2005, se firmaron los pertinentes convenios de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares para la ejecución del Programa de Atención Sociosanitaria-Área de Personas Discapacitadas, cuya vigencia expiró el 31 de diciembre de 2010.

En este contexto, se ha hecho necesario elaborar en el año 2011 un instrumento jurídico de colaboración, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, que permita articular la colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Consejería de Sanidad, y los siete Cabildos Insulares para la prestación de servicios a personas con discapacidad.

Dictamen del Consejo Consultivo

El Consejo de Gobierno ha acordado también solicitar un dictamen al Consejo Consultivo canario sobre el proyecto de Decreto por el que se establece tanto la intensidad como las compatibilidades entre las prestaciones económicas y los servicios para la atención a las personas dependientes, en el marco del sistema canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

De esta manera, el proyecto de Decreto establece de forma exhaustiva el catálogo de recursos y servicios en el ámbito del Sistema Canario de la Dependencia, la compatibilidad entre unos servicios y otros, y ellos con alguna prestación económica, y la intensidad de cada uno de los servicios según el grado y nivel de las personas dependientes.

Según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

Así, en Canarias, a partir de la puesta en marcha de esta nueva norma, se permitirá acceder a dos servicios, en el que uno de ellos será el principal y el otro se constituirá como complementario y variará en su intensidad según el grado y nivel de la persona dependiente y su programa individual de atención o PIA.

Por su parte, hay que recordar que el Consejo Territorial de la Dependencia celebrado en junio del pasado año estableció que en ningún caso las personas dependientes podrán abandonar un servicio para percibir una prestación económica, reforzando una vez más lo que indica la ley de la dependencia que es la prioridad de los servicios, ya que las ayudas económicas son subsidiarias y excepcionales.

Cabe destacar la colaboración y coordinación entre las diferentes instituciones y entidades del tercer sector para consolidar de manera eficaz el Sistema Canario de Atención a la Dependencia, ya que la norma ha sido elaborada con el consenso de la Fecam, la Fecai y las organizaciones que se dedican a la atención de la dependencia.

38.000 dependientes

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, explicó que con este proyecto decreto se desarrolla la norma estatal, y “dar un paso más” para la convivencia entre la Ley de Dependencia del Gobierno central y en la autonómica, ya que el Gobierno regional dispone de una.

Marrero recordó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que actualmente en Canarias hay unas 38.000 personas dependientes, de las que 30.000 están atendidas por el Gobierno autonómico, dato que “es revelador”, mientras que por el sistema nacional la cifra está cercana a las 8.000.

Asimismo, indicó que el Gobierno regional ha incrementado en un 95 por ciento los fondos destinados a la dependencia.

De todos modos, matizó que con este proyecto decreto se pretende precisar la normativa sobre la que “se ha sembrado confusión”, de tal forma que se deja “bien claro” que lo que establece la Ley de Dependencia del Estado “es que no se puede recibir un servicio y una prestación económica, y que la prestación económica es subsidiaria y excepcional”.

Sin embargo, Marrero dijo que ha habido versiones “confusas” que ha llevado al ciudadano a pensar que ser dependiente implicaba “una paga”, lo que indicó no es así.

Protestas contra el Cabildo de Gran Canaria

Por otro lado, al ser cuestionado el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, por las quejas que colectivos de discapacitados han venido realizando en la isla de Gran Canaria por cuestiones relacionadas, entre otras, con las prestaciones, Marrero incidió en que estas protestas “han dejado bien claro que están dirigidas al Cabildo de Gran Canaria”.

Añadió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el acuerdo “viene a ratificar que el Gobierno de Canarias continúa en la línea de colaborar” con los siete cabildos para “atender a las personas con discapacidad”.

Por ello, incidió en que se ha tomado esta decisión, “aún habiendo” terminado el programa sociosanitario en 2010.

Finalmente, señaló que se espera que el Cabildo de Gran Canaria resuelva la situación.