La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública pide a Clavijo la suspensión de los conciertos por el “trato de favor” a las clínicas privadas
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, precursora de la denominada Marea Blanca en el Archipiélago, ha presentado este lunes al mediodía en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife un escrito en el que solicita a Fernando Clavijo la suspensión o revocación de los conciertos sanitarios de hospitalización de media estancia suscritos a finales del año pasado por el “trato de favor” dispensado a las clínicas privadas.
En concreto, se refiere a los contratos firmados con centros que, en la actualidad, no están cumpliendo los requisitos imprescindibles para poder concertar con la administración, entre ellos el máximo de dos camas por habitación, porque el propio Servicio Canario de Salud (SCS) se los ha permitido. El director de este organismo, Conrado Domínguez, firmó el pasado 6 de abril una carta de “medidas urgentes” para prorrogar un año más la entrada en vigor de la orden de homologación suscrita por el consejero, José Manuel Baltar, en marzo de 2018. Orden esta última que, a su vez, ampliaba el plazo para que las clínicas pudieran acreditar los requisitos que se les exigían desde 2006. Entre otros, el de los dos pacientes por habitación.
Se trata de la primera de las acciones que el colectivo pretende acometer con los fondos recaudados (cerca de 9.400 euros) a través de la campaña de micromecenazgo abierta en noviembre de 2018 para frenar la “ola privatizadora” de la Sanidad en las Islas a raíz de la llegada a la Consejería de José Manuel Baltar, ex gerente de Hospitales San Roque y ex vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada en España. Un paso previo a la interposición de acciones judiciales.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública sostiene que Baltar ha incurrido en una “flagrante vulneración” de las normas de incompatibilidad, ya que, a juicio del colectivo, su reciente pasado en el sector privado “le inhabilita para el puesto”. El escrito dirigido a Fernando Clavijo alude al artículo 23 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, que prohíbe a las autoridades intervenir en asuntos que afecten a empresas a las que hayan prestado en los dos últimos años servicios profesionales. Para la asociación, la “incompatibilidad expresa” del titular de la Consejería de Sanidad no se vincula únicamente a su antigua empresa, sino “de forma genérica” a los miembros de las asociaciones profesionales en las que haya desempeñado puestos de representación, ejerciendo las “inherentes funciones de asesoramiento”.
El colectivo promotor de la Marea Blanca recuerda que el deber de abstención no se cumple simplemente con la delegación de la firma en otro consejero por sustitución o suplencia, como ha hecho Baltar con su homólogo en Agricultura, Narvay Quintero, en la mayor parte del expediente sobre los conciertos de hospitalización de media estancia, sino que requiere “un apartamiento formal y radical en todas las fases del proceso y de cualquier actuación en el expediente”.
Para la asociación, la abstención de Baltar en buena parte del procedimiento ha sido más “una actuación aparente que una decisión real”. El documento remitido a Presidencia del Gobierno recuerda que el actual consejero de Sanidad firmó la orden de 27 de marzo de 2018 que daba un año más de plazo a las clínicas privadas para que acreditaran dos requisitos de homologación: el aire acondicionado y las dos camas por habitación. Una orden que “atenta contra los intereses generales y todos los principios que deben presidir la defensa del interés público, en beneficio de la empresas sanitarias privadas”, en su mayor parte asociadas a la patronal de la que fue vicepresidente en el ámbito estatal y delegado en la provincia de Las Palmas.
A juicio del colectivo, esa orden ,“firmada de puño y letra” por Baltar, “vulnera las normas de incompatibilidad” pese a invocar “de forma cínica la calidad asistencial y el interés público”.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública incide en que, cuatro meses después de haberse adjudicado los contratos, precisamente con Hospitales San Roque “en el primer lugar en la adjudicación”, y un día antes de que finalizara el plazo concedido a los centros privados para que acreditaran el cumplimiento de los requisitos, el director del SCS, Conrado Domínguez, firmó esa carta de medidas urgentes, “atentando contra los más básicos procedimientos administrativos de forma arbitraria -e incluso chapucera-”. El escrito remarca que esa carta, de contenido “ambiguo y confuso”, alude a la supuesta necesidad de aumentar las derivaciones a las clínicas privadas por el colapso asistencial en los hospitales públicos para dejar sin efecto la exigencia del máximo de dos camas por habitación.
Sin embargo, el escrito del director del SCS “ni está publicado en los boletines ni es una resolución administrativa suficiente para alterar la orden (de homologación) de marzo de 2018 (la firmada por Baltar)”. Para el colectivo en defensa de la sanidad pública, a través de esta “rocambolesca” fórmula, la Consejería “consuma de forma grosera un atentado al Estado de Derecho” y “sigue consintiendo una vulneración de la norma y dispensando un trato de favor a las empresas sanitarias privadas”.
Por todo ello, reclama a la Presidencia del Gobierno la aplicación inmediata de los requisitos previstos en la orden de homologación de 2006 y la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para el servicio de hospitalización de media estancia, que considera “afectado de nulidad de pleno derecho” por “haber prescindido del procedimiento legal establecido”. La asociación se reserva las acciones civiles, patrimoniales e, incluso, penales que considere oportunas contra todos aquellos que hubieran participado en los hechos descritos.
