La Policía detiene a una mujer que simuló ser médica jubilada e inyectó silicona en los labios a ocho personas
La Policía ha detenido en la capital grancanaria a una mujer de 69 años que simuló ser una médica jubilada para inyectar silicona en los labios al menos a ocho mujeres a las que dijo que les administraba tratamientos de belleza a base de ácido hialurónico por los que cobró 150 euros.
La arrestada, que aseguró a sus clientas que había trabajado en un centro hospitalario de la ciudad, administraba estos supuestos tratamientos de belleza en una peluquería del barrio de Escaleritas o en su propio domicilio, donde se le detuvo.
Debido a sus efectos secundarios, las perjudicadas tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente en centros especializados, donde se les extrajo el material inyectado.
La detenida carecía de antecedentes policiales y está acusada por estos hechos de un supuesto delito contra la salud pública, ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que recibió a finales del pasado mes de enero la primera denuncia de una de las víctimas de esta falsa facultativa, a la que siguieron, en febrero, otras siete reclamaciones idénticas.
El Colegio de Médicos se personará como acusación particular
El Colegio de Médicos de Las Palmas ha anunciado que se personará como acusación particular contra la mujer que simuló ser doctora jubilada.
En un comunicado, el Colegio subraya que los casos de intrusismo profesional como este suelen tener “un gran perjudicado: el paciente”.
La organización profesional médica destaca la necesidad de ser precavido ante el proceder de estafas como la que se achaca a la acusada, que “supuestamente inyectó, al menos a ocho mujeres, silicona en los labios afirmando que se trataba de ácido hialurónico, como parte de un tratamiento de belleza que aplicaba en una peluquería o en su propio domicilio”.
Un comportamiento este que debió despertar sospechas, en la medida en que “es muy importante destacar que cualquier cirugía, aunque sea mínimamente invasiva, debe realizarse en un centro sanitario registrado, con la correspondiente acreditación sanitaria oficial”, subraya la entidad.
E insiste en “recordar que la legislación que lo regula es especialmente rigurosa”, hasta el punto de que si se contraviene “puede conllevar penas de cárcel”.
Puesto que, según argumenta, está prohibido tener “un local o establecimiento abierto al público careciendo de la correspondiente certificación oficial sanitaria en el que se anuncie la prestación de servicios relacionadas con la profesión médica”.
Y más aún si, “además, la persona no ostenta dicho título, practicando el intrusismo”, apostilla.
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