El Cabildo bendice en Salto del Negro un vertedero ilegal
La basura en Gran Canaria huele un poquito más rara de lo habitual. El concurso de concesión de obra pública adjudicado por el Cabildo hace meses a una UTE liderada por la mercantil CESPA ha levantado ríos de tinta turbia sobre su limpieza. Las otras dos licitadoras para este negocio de construir en Salto del Negro el correspondiente complejo ambiental y explotarlo en los próximos años han llevado el caso a los tribunales de lo contencioso, pero la historia puede oler mucho peor que un presunto amaño burdo si se entra a analizar qué y cómo se adjudicó en febrero pasado a la UTE vencedora de un concurso iniciado en el anterior mandato de la Casa Palacio.
Un dictamen jurídico encargado por una de las empresas licitadoras, FCC Construcción SA, al catedrático de Derecho Administrativo Francisco José Villar Rojas, viene a concluir, con toda la documentación del expediente sobre la mesa, que el Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado a la UTE liderada por CESPA de manera irregular el contrato de concesión de obra pública por no contar con la cobertura de norma legal y por haberse modificado los parámetros del contrato sin corregir las condiciones de ejecución del mismo y sus cifras legales económicas-financieras.
Es más, el dictamen estipula que los actos preparatorios de la contratación y el mismo contrato de concesión de obra pública están “incursos en causa de nulidad infracción del principio de equivalencia de prestaciones” y, al mismo tiempo, porque las modificaciones técnicas denunciadas por esta licitadora perdedora sin que se reajustara las restantes condiciones económicas determina “arbitrariedad de la actuación administrativa”.
Todo se debe a la modificación de la capacidad del vaso de vertiduo de residuos en casi la mitad del volumen inicialmente previsto, y a la caducidad decretada en febrero pasado de la cobertura legal que acogería este nuevo complejo ambiental de mayores dimensiones y prestaciones en Salto del Negro: el Plan Territorial Insular de Residuos de Gran Canaria.
A lo largo del anterior mandato, el gobierno de PSOE y NC inició tanto la tramitación del Plan Territorial como marco legal para los complejos ambientales de Juan Grande y Salto del Negro, como los primeros esbozos del concurso de concesión de obra pública para este último, con unas medidas técnicas sobre el papel del vaso de vertido de más de cinco millones de metros cúbicos.
En el primero de los casos, y a pesar de que a lo largo de 2011 se tomaron decisiones plenarias para culminar el Plan Territorial necesario que serviría de paraguas legal a los nuevos vertederos regulados por las directivas europeas, la norma de planeamiento insular no fue culminada a tiempo y desde el cambio de gobierno en mayo del año pasado olvidada en un cajón, hasta que en febrero pasado el pleno del Cabildo tuvo que declarar la caducidad de su tramitación.
Sin embargo, al mismo tiempo lo que impulsó el gobierno del PP fue el contrato de obra pública que ejecutaría ese vertedero nuevo, a cambio de la explotación del mismo, pero sin la cobertura legal de su Plan Territorial. Ha sido esa adjudicación la que ha llevado a dos de las licitadoras a impugnar la decisión del Cabildo, también de febrero pasado, no solo por la falta de cobertura legal al no existir el Plan Territorial Insular de Residuos previsto, sino también los cambios no corregidos en los pliegos técnicos por la capacidad del vaso de vertido.
El vaso de vertido es una infraestructura fundamental para determinar la inversión necesaria y el tiempo previsto para revertir ese dinero mediante la concesión de obra pública. Es donde se acumulan los residuos no reciclados y por tanto, según su capacidad y la cantidad de basura que se vierta en el mismo, determinará la vida útil del propio complejo ambiental. Y sus dimensiones son clave para ello: si sobre el papel fue previsto para albergar 5,3 millones de metros cúbicos, una corrección sobre el terreno obligada por informes del Gobierno de Canarias lo dejó en la práctica en 2,4 millones de metros cúbicos.
La reducción del vaso vertido supone, directamente, la distorsión justo en la mitad de los parámetros económico-financieros en que se han basado los pliegos de la concesión de obra pública, ya que desde el punto de vista de las UTEs que han perdido el concurso, las ofertas presentadas han sido irreales al basarse en el doble de capacidad y por tanto el doble de producción a la hora de reciclar basura y alargar o reducir la vida útil del complejo a construir.
El caso puede traer mucha cola. Y, de nuevo, los daños y perjuicios, los lucros cesantes o emergentes, a cuenta del erario público por más que probables decisiones tomadas sin todas las garantías. Desde el Cabildo de Gran Canaria se alega que no hace Plan de Residuos porque antes, en Salto del Negro, había un vertedero, y por tanto la legalidad de la infraestructura está garantizada. Pero el hecho incuestionable es que antes, en el Salto del Negro, se acumulaba la basura con ciertas medidas que nada tienen que ver con las exigencias de infraestructuras que ahora obliga la Unión Europea a ordenar en todo un Plan Territorial.
