Cae un inspector de Policía por la red mafiosa majorera

Agentes de la Guardia Civil comisionados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario han detenido este viernes, en la Comisaría de la Policía Nacional de la capital de Fuerteventura, al inspector del Cuerpo A.C.M. por considerársele relacionado con el grupo mafioso de guardias civiles traficantes de droga en la isla. El policía fue trasladado de inmediato a los Juzgados de Puerto, donde le fueron imputados varios delitos.

La orden de detención contra A.C.M., conocido policía majorero del clan de los Marichales, se libró desde el Juzgado la mañana de este viernes, cuando el inspector acudió ya de paisano a la Comisaría, después de que el jueves, en el despacho del comisario de Puerto del Rosario, tanto el comandante de la Guardia Civil de Fuerteventura como el sargento de Policía Judicial del Instituto Armado en la isla informaran al inspector de su situación judicial.

A principios de mes ya trascendió la implicación de este inspector, relegado a tareas en el área portuaria de Puerto del Rosario, con la Operación Botavara y la trama del Grupo 7, una red de tráfico de drogas que incluye a nueve guardias civiles, alguno de ellos del clan de los Marichales, a cuyo frente como cabecilla estaría A.C.M. Entonces se le imputó un delito de coacciones.

El inspector ahora detenido, hermano de uno de los guardias civiles que cayeron en las redadas de febrero y marzo, tiene un turbio pasado relacionado con casos de narcotráfico. En 2004 fue detenido por miembros de la Policía desplazados desde Madrid, acusado de organización ilícita, diversos robos y falsificaciones, por los que la Fiscalía pidió una pena de 23 años de prisión. A.C.M. fue absuelto por un defecto en la investigación a la que fue sometido.

Aquella instrucción volvió a realizarse, en aquella ocasión comunicando todos los delitos al imputado (cuestión formal por la que el Supremo anuló la primera investigación), pero la Audiencia Provincial lo volvió a absolver, en esta ocasión porque consideró que no había pruebas suficientes para condenarlo por la decena de delitos que lo condujeron al banquillo.

El ponente de esa sentencia, el magistrado Carlos Vielba, ordenó que se dedujera testimonio contra media docena de policías que en la primera investigación declararon contra su superior y en la segunda se desdijeron e incurrieron en contradicciones. Esas imputaciones no prosperaron.

Después de un exilio laboral en la Península, el inspector A.C.M. regresó a la isla y ocupó una plaza de Jefe de Grupo en la Brigada de Extranjería, que llegó a dirigir por vacante del puesto, hasta ser desplazado a vigilancia y trámites portuarios tras operaciones fallidas con la Inspección de Trabajo en locales de prostitución.

Según ha podido saber CANARIAS AHORA de fuentes policiales, la detención del policía se produjo 24 horas después de que le fuera comunicada su imputación en el mismo despacho del comisario de Puerto del Rosario, a donde también acudió, después de que se personaran los altos cargos de la Guardia Civil en la isla, el Director Insular de la Administración General del Estado, José Agustín Medina, máxima autoridad del Gobierno de España en Fuerteventura.

En marzo, cuando la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, dio detalles de la primera fase de la Operación Botavara junto al coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil, Ricardo Arranz, ya se apuntaba que esta organización “con cabecillas y perfectamente jerarquizada, delinquieron y torturaron de uniforme”, según dijo el coronel jefe.

Hasta el momento, son ya 23 los imputados en esta trama de narcotráfico policial en Fuerteventura, con delitos de torturas, amenazas, detenciones ilegales, tráfico de drogas, contra las garantías constitucionales, falsedad documental y el blanqueo de capitales que se imputa al considerado como miembro de la cúpula del Grupo 7, y que alcanza de lleno a la Policía en la provincia de Las Palmas.

Fuentes conocedoras de la operación sitúan al nuevo detenido como cabecilla de la trama en compañía de su hermano, agente de la Guardia Civil, también encartado. Las diligencias han sido declaradas secretas por la juez.

[Este sábado, según añade La Provincia / Diario de Las Palmas, ha trascendido que la juez Nuria Anora Carmona ha prohibido al inspector residir en la isla de Fuerteventura, asi como acercarse a los testigos del caso a menos de 500 metros -por el delito de coacciones-. El abogado defensor dijo al citado medio, al salir de los Juzgados, que el lunes recurrirá la orden de no residir en la isla].