Canarias permitirá circular al 40% de sus ambulancias con una antigüedad que las dejaría fuera de uso en el resto del Estado
El Gobierno de Canarias permitirá circular a más de 200 ambulancias que entre los meses de marzo y abril cumplirán los diez años de matriculación, la antigüedad máxima establecida en el resto del Estado para poder operar. Cerca del 40% de la flota del Archipiélago podrá acogerse a la inédita medida que han esbozado de manera conjunta las consejerías de Sanidad y de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad a través de un decreto, aún sin aprobar, que alarga la vida útil de los vehículos hasta los doce años, cuatro más del plazo para el que fueron concebidas, carrozadas y equipadas.
Canarias cuenta en la actualidad con 535 ambulancias con el certificado técnico-sanitario en vigor. Se trata de un documento indispensable para poder circular. Lo expide el área de Acreditación del Servicio Canario de Salud (SCS) siguiendo las directrices que emanan de una orden estatal, la PRE/1435/2013, que desarrolla el Real Decreto 836/2012, que establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal en materia de transporte sanitario por carretera.
Esa norma estatal fija, en su artículo 32, que los vehículos deben estar matriculados y habilitados para circular y que no podrán superar la antigüedad de diez años, contados desde su primera matriculación.
Según consta en el registro de ambulancias del SCS, 206 de los 535 vehículos de transporte sanitario terrestre que disponen de este certificado, el 38,5% del total, superarán ese plazo entre marzo y abril. La mayor parte de ellos, 125, circulan en la isla de Gran Canaria, mientras que 63 lo hacen en Tenerife, 13 en La Palma, dos en Lanzarote y uno en Fuerteventura, El Hierro y La Palma. Otras 110 ambulancias que fueron matriculadas hace ahora una década, entre enero y abril de 2009, ya han sido dadas de baja.
La ampliación de la vida útil de los vehículos de los diez a los doce años evita un problema de dimensiones mayúsculas a los adjudicatarios del polémico concurso de 2008, ya que se exponían a la retirada de la mayor parte de su flota en los dos próximos meses (de cerca del 80% en el caso de Aeromédica, la principal empresa del sector en Gran Canaria) o a sanciones económicas por circular sin el imprescindible certificado técnico-sanitario.
Ese concurso de 2008 se sitúa en el origen del caos. De aquellos polvos, estos lodos. Anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC) en 2012, se mantiene en precario desde 2015, fecha en la que debió vencer, con prórrogas incluidas. Cuatro años después, y con un retraso de nueve meses sobre la fecha anunciada, la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC) publicó el 28 de enero las bases de la convocatoria para la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre en el Archipiélago. Aunque el plazo de presentación de ofertas finalizaba, en principio, el 6 de marzo, el Ejecutivo regional decidió ampliarlo en quince días hábiles, hasta el 26 de marzo, al no poder contestar en tiempo y forma las solicitudes de aclaración formuladas por los licitadores. Tampoco ha resuelto, por ahora, el recurso que interpuso Aeromédica Canarias, que pidió la suspensión cautelar del concurso y denunció que el presupuesto previsto era insuficiente para cubrir los gastos del servicio.
La antigüedad máxima que permitía aquel concurso para las ambulancias era de ocho años, según lo estipulado en el decreto 154/2002. Sin embargo, la entrada en vigor de la orden estatal en 2013 obligó a la administración autonómica a ampliar este plazo hasta los diez años a través de otro decreto, el 21/2015. Se da la circunstancia de que la última modificación planteada por el Gobierno regional hace escasas fechas se sustancia sobre el de 2002 y no el de 2015, que es el que está en vigor en la actualidad.
La empresa pública responsable del transporte sanitario terrestre ha justificado la medida en la necesidad de mantener el servicio hasta que finalice el nuevo concurso y se renueve el parque móvil y ha defendido que la ampliación del plazo de vida útil de las ambulancias se enmarca dentro de las competencias autonómicas en materia de transporte y no choca con la normativa estatal. Desde el Ministerio de Fomento han explicado que “es posible” que la propia comunidad fije unas condiciones de antigüedad máxima de sus vehículos siempre que ese transporte se realice al amparo de autorizaciones de ámbito autonómico, un supuesto que se da en este caso.
En cambio, fuentes del sector consultadas por este periódico no entienden cómo es posible que la inspección de los vehículos por parte del servicio de Acreditación del SCS para la concesión del certificado técnico-sanitario se rija por las directrices del Real Decreto 836/2012, de ámbito estatal, y, por el contrario, se permita a la comunidad autónoma canaria fijar una antigüedad máxima superior a la que marca esa norma estatal.
Las mismas fuentes advierten, además, que la última propuesta de decreto del Gobierno discrimina a las empresas privadas que operan al margen del concurso de 2008, ya que solo se pueden beneficiar de la ampliación de la vida útil de las ambulancias hasta un máximo de doce años aquellas que resultaron adjudicatarias en aquel procedimiento.
