Canarias, a la cabeza del alumnado con altas capacidades intelectuales
El Programa para la Atención Educativa al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales que desarrolla la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, ha despertado en los últimos meses el interés de las Comunidades Autónomas españolas y de varios países americanos.
En concreto, responsables del Programa expusieron su trabajo, el pasado 14 de febrero, ante la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento de Cataluña. Dos días después impartieron una conferencia en Almería, dirigida a profesionales de la educación y a los padres de alumnos. Otras ciudades en las que ha dado a conocer sus principales actuaciones han sido Pamplona, Huelva, Murcia, Madrid, Argentina (Mar de Plata) y Méjico (Toluca).
El éxito del Programa para la Atención Educativa al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales se encuentra, a juicio de los especialistas, en su coherencia y diseño. Es una respuesta desde la Administración Pública, poco frecuente, dado que lo más habitual es que sea la iniciativa privada quien cubra este ámbito.
El Programa se apoya, por un lado, en una fundamentación teórica sólida y científicamente contrastada con los avances más recientes en los países con mayor tradición en la atención de este alumnado; y, por otro, en la unificación de criterios para toda la comunidad educativa de los conceptos de 'superdotación' y 'talentos', con el fin de facilitar la identificación y la respuesta diferenciada según los casos.
Además, partiendo de los conceptos ya determinados, se ha llevado a cabo la detección temprana, la identificación, la intervención en el aula y fuera de ella y la formación del profesorado, equipos psicopedagógicos y familias. Por último, se ha recogido todo lo expuesto en una normativa que da uniformidad al Programa. La Orden de 22 de julio de 2005 cubre este objetivo para Canarias, que se completa con la Resolución de 21 de diciembre de 2005, que desarrolla la citada Orden.