Canarias es la comunidad con menos mujeres en la toma de decisiones sobre la pandemia

Reunión de parte del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de Canarias.

Jennifer Jiménez

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Canarias es la comunidad que menos mujeres incorporó en la toma de decisiones sobre la pandemia desde que se decretara el estado de alarma el pasado año. A la cabeza se sitúa Catalunya con un 85% de mujeres en su Unidad de Seguimiento de la COVID-19, aunque es un “valor atípicamente alto”, ya que la media de la representación de las mujeres en el conjunto de las comunidades autónomas en estos comités se situó en un 39,2%. Así se refleja en un estudio publicado en Science Direct en el que las investigadoras concluyen que, pese a haber un mayor número de sanitarias, las mujeres están infrarrepresentadas en España, tanto en la generación de discurso público como en la toma de decisiones políticas. “El 75% de los comités de personas expertas está infrarrepresentando a las mujeres por debajo del umbral de paridad, y en un 41,7% de ellos su representación no llegó ni al 40%”, detalla el estudio. 

La investigación, firmada por Amaia Bacigalupe, Andrea Cabezas Rodríguez, Anna Giné March y Marta Jiménez Carrillo, recoge que el Comité de Emergencia Sanitaria de Canarias está compuesto por 13 personas, entre ellas solo dos mujeres, lo que supone una representación del 15,4%; la más baja del país. Sin embargo, durante el confinamiento la anterior consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval (PSOE), fue cesada y sustituida por Blas Trujillo, por lo que la representación de mujeres en el comité es aún inferior a la de los datos con los que contó el estudio, es decir, de apenas un 7,6%. Actualmente, solo la catedrática en Economía de la Salud Beatriz González López Valcárcel forma parte de un grupo de profesionales en el que se encuentran también el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Sierra; el jefe de Servicio del Hospital Insular-Materno Infantil y catedrático de Ginecología, José Ángel García, y el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública (ULPGC), Lluìs Serra. A ellos, se unen el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez y el de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturiz. 

En el ámbito político, el comité está liderado por el presidente de Canarias, Ángel Victor Torres; el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; el de Obras Públicas, Sebastián Franquis y el de Administraciones Públicas y Justicia, Julio Pérez. Junto a ellos, en calidad de asesores se hallan los viceconsejeros de Presidencia y de Comunicación, Antonio Olivera y Ricardo Pérez. En casos puntuales, como en la desescalada educativa se ha contado con la consejera de Educación, Manuela de Armas. 

Del conjunto de las comunidades autónomas, 11 han creado un comité específico de personas expertas para la gestión epidemiológica de la pandemia. Tres no lo han constituido formalmente (Aragón, Cantabria y La Rioja) y en el caso de otras tres (Extremadura, Murcia y Castilla La Mancha) las investigadoras subrayan que les fue imposible recabar información sobre los mismos. En paridad, a la cola, junto a Canarias, se encuentran Andalucía (22,2%), País Vasco (23,2%) o Baleares con un 25%. A la cabeza, junto a Catalunya, se sitúan Asturias (53,3%) o Madrid (52,4%). “Esta infrarrepresentación es consecuencia de la discriminación estructural que sufren las mujeres en el ámbito público y de las exigencias que deben asumir en el ámbito reproductivo, que las sitúa en una posición de clara desventaja e invisibilización respecto a los hombre”, recuerdan las investigadoras. 

De hecho, en todo el mundo, la presencia de mujeres en los grupos de trabajo o comités de crisis “ha sido nula en algunos países”.  Además, en términos generales “no ha superado el 25%”. Su presencia en los medios de comunicación y en las ruedas de prensa durante la pandemia ha sido también “claramente inferior a la de los hombres”. En el caso de España, esta diferencia contraviene la Ley de Igualdad de 2007, en cuyo artículo 54 establece que “la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas”. 

Consecuencias de la falta de mujeres en la toma de decisiones

La falta de mujeres en la toma de decisiones implica que ciertas necesidades, intereses o preocupaciones de las mujeres estarán con más probabilidad ausentes de las deliberaciones de estos comités. “Cuando no se tienen en cuenta las voces de las mujeres expertas, o a estas no se les da una oportunidad equitativa de participar en la gestión y toma de decisiones, incluyendo los comités de respuesta a las emergencias sanitarias, la sociedad en su conjunto pierde, ya que también en la pandemia de COVID-19 una mayor equidad de género se relaciona con mejores resultados de salud pública”, insisten las investigadoras. 

El estudio reivindica la necesidad de aplicar una “mirada feminista de la pandemia”, como un aspecto que es “indispensable para considerar que tanto la exposición como la vulnerabilidad, y sobre todo los impactos en salud y sociales de la pandemia, están atravesados por la posición social desigual que ocupan hombres y mujeres”. Por ello, insisten en que “ignorar estos determinantes estructurales ligados al género en interacción con otros ejes de desigualdad social en la gestión de las crisis epidemiológicas puede reforzar las desigualdades ya existentes, tal como ocurrió en las crisis de los virus ébola y zik”. 

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