Un año de prisión para una madre que agredió a una profesora en Gran Canaria
El Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a un año de prisión a una madre como autora de un delito de atentado a funcionario público al agredir a una profesora de un centro público de Enseñanza Infantil y Primaria de San Bartolomé de Tirajana.
Según expone el tribunal en la sentencia, la mujer recriminó a la docente que llamara la atención a su hijo por jugar con una máquina durante el tiempo que duraba la actividad extraescolar y, después de apuntarla con un dedo y de golpearla en la frente, le propinó un golpe en la zona derecha de la cara que la hizo caer al suelo.
Para la magistrada encargada del caso, María Gabriela Ramos, queda demostrado que la progenitora es penalmente responsable de un delito de atentado a funcionario público, sin que concurriesen circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a un año de cárcel e inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante ese tiempo.
Además, la jueza dictó la prohibición a la condenada de acercarse a la víctima a menos de 50 metros o de establecer comunicación con ella durante dos años por ser la autora de una falta de lesiones y al abono de una multa de 639,66 euros por los 21 días que tardó en recuperarse de los daños.
Contra esta resolución, dictada por la magistrada el pasado 25 de marzo, la perjudicada podrá presentar recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Las Palmas en el plazo de diez días a partir de que sea notificada.
El sindicato ANPE Canarias, que prestó asistencia a la maestra, ha denunciado este jueves a través de un comunicado el estado de “vulnerabilidad” en el que se encuentran “miles de profesores” y celebra la decisión del Gobierno de España de incluir en la nueva reforma del Código Penal penas de hasta cuatro años de privación de libertad por la agresión a docentes y sanitarios.
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, ha recordado que el sindicato lleva años asistiendo a docentes que sufren distintas formas de violencia en sus colegios.
“Esta sentencia es solo una muestra más de que hay que atajar el problema en los centros y que deben ser las administraciones educativas las que lideren este asunto, poniendo al alcance del profesorado los mecanismos necesarios para garantizar su protección”, ha subrayado Crespo.
Según el sindicato, la reforma legislativa no es la única manera de poner freno a esta problemática, pero sí “es un paso en la dirección correcta”, ya que contribuirá a “mejorar el clima escolar” en los colegios.
