CCOO lamenta que el Gobierno canario mantenga la privatización de las llamadas al 112

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha lamentado este viernes que el Gobierno canario “haya desaprovechado la oportunidad de no revertir a lo público la gestión del área de demandas del Centro de Emergencias y Seguridad Cecoes 112 una vez que ya se había rescindido la adjudicación a la empresa Grupo Norte”.

Tal y como informó Canarias Ahora, dicha empresa adeudaba el pago de nóminas a sus empleados, que protestaron en pleno estado de alarma por esa situación y que llevó al Gobierno a rescindir con Grupo Norte el contrato de adjudicación del servicio.

Con la decisión tomada el pasado 12 de mayo de adjudicar el servicio a una nueva empresa, el sindicato entiende que el Gobierno de Ángel Víctor Torres “manda un mensaje muy equivocado, pues, a pesar de todas las anomalías del servicio que hemos sufrido en estos dos últimos meses, incluido el impago de nóminas en plena pandemia, se le está diciendo a la ciudadanía que el servicio se presta mejor desde manos privadas”.

FSC-CCOO no entiende que el Gobierno canario haya tomado esta decisión sin atender la solicitud de una reunión propuesta por el sindicato para abordar el futuro del servicio. “Ni tan siquiera se ha dado respuesta a esta petición”, un silencio que “es grave en cuanto representa un menosprecio por lo que piensan los representantes de los trabajadores”, máxime en “un Gobierno progresista que en la toma de posesión anunció un nuevo talante dialogante”, afirma el sindicato.

Para CCOO “esta decisión de seguir manteniendo en manos privadas un servicio esencial relacionado con la capacidad de respuesta de la sanidad canaria no es compatible con el discurso sobre la necesidad de reforzar nuestros servicios públicos que se ha mantenido en los dos últimos meses”.

En opinión de FSC-CCOO, si se quiere mejorar la capacidad de los recursos sanitarios y de emergencias del Archipiélago “es necesario revertir al servicio público este servicio esencial”. Esto, explica el sindicato, no solo permitiría una mayor agilidad del servicio, sino también su mejor control, “para que en futuras ocasiones, quien sabe si en un rebrote de esta misma pandemia, el servicio no esté sometido a los intereses privados y la zozobra de unas relaciones laborales deficientes que solo repercuten en perjuicios para la ciudadanía”.

Además, la gestión pública del servicio “supone un importante ahorro para las arcas públicas, pues los contribuyentes no tienen que abonar el dinero que va a parar a la cuenta de beneficios de las empresas adjudicatarias, pudiéndose invertir ese dinero en la mejora del servicio público”.

No obstante, el sindicato da la bienvenida a la nueva adjudicataria y espera que, al menos, mantenga unas relaciones laborales que no incidan en los conflictos generados por Grupo Norte. Para el sindicato, “no es un reto difícil, pues peor que cómo se ha hecho hasta ahora es inimaginable”.