El Defensor del Paciente exige una ley estatal de residencias públicas tras el informe que alertaba de ratas y sarna en centros de Canarias

La asociación Defensor del Paciente ha exigido este miércoles una ley estatal de residencias públicas que separe a las empresas privadas de su gestión pues su objetivo es “ganar dinero y no debe venir nunca del erario público”. Así, plantean que la ley contemplará la construcción de residencias públicas suficientes con personal y equipamiento que permitan garantizar una “buena atención humana” para los residentes.

La asociación se posiciona así a raíz del informe de la Diputación del Común sobre el estado de las residencias en Canarias en 2019, antes de la pandemia, y que recoge graves deficiencias en higiene, alimentación y atención social en una muestra de 25 centros de las islas.

Según el Defensor del Paciente, las residencias de mayores tienen un coste muy elevado de tal forma que “mientras se dé dinero” a las empresas privadas, será “imposible” rebajar las listas de espera de plazas públicas.

En esa línea, destacan que los problemas de costes y plazas se rompen “siempre por el mismo sitio”, a través de la “igualdad y equidad para los que no tienen pero sí necesitan los cuidados de una residencia”, que deben estar “garantizados y vigilados por ley”.

El colectivo espera que, como ha sucedido en otros centros de España, el informe de la Diputación del Común sobre los centros de Canarias “no caiga en saco roto”.

“Todos, de una forma u otra terminaremos posiblemente en una residencia, piensen como les gustaría que los trataran y solo con eso entenderán lo que les pedimos”, concluyen en un comunicado remitido también al Ministerio de Sanidad, Presidencia del Gobierno y el Congreso de los Diputados.