La Diputación del Común ve “dura” y “dantesca” la vida de los dependientes en Canarias

El adjunto primero a la Diputación del Común, Felipe Afonso El Jaber, ha dicho este jueves que la vida de los dependientes en Canarias, junto a familiares y cuidadores, es “dura”, con situaciones “dramáticas y dantescas” derivadas de que no se cumplen los derechos fundamentales.

 La Diputación del Común ha entregado este jueves en el Parlamento el informe especial sobre la dependencia en 2021, en el que concluye que en Canarias se vulneran los derechos fundamentales de las personas dependientes, con un gasto por habitante inferior a la mitad de la media española, listas de espera de 45 meses, nueve muertes diarias de afectados que no han recibido prestación y un déficit de 8.500 plazas residenciales.

En la presentación ante los medios de comunicación del informe ha indicado que “hay mucha gente pasándolo mal” en las islas porque la soledad va en aumento, hay dependientes sin casa en propiedad o hay familias con pocos hijos que tienen que elegir entre cuidar o trabajar u otras con hijos en la Península que no pueden atender a los mayores.

El estudio ha sido entregado al presidente del Parlamento, Gustavo Matos, por el diputado del Común, Rafael Yanes, y posteriormente el adjunto primero de la institución, Felipe Afonso El Jaber, ha presentado algunas de las conclusiones del informe, no vinculante pero al que tendrá que responder el Parlamento de Canarias en las próximas semanas.

Eso es más del doble de las plazas que hay previstas como máximo en el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, mencionó El Jaber como reflejo de la distancia del archipiélago a la hora de cumplir los derechos de los dependientes. 

Ha indicado que el objetivo del informe -que se debatirá a mediados de mes en comisión parlamentaria- “es intentar ayudar” desde la “humildad, con espíritu constructivo y de manera transparente” pues el 27% de las quejas que recibe la institución están relacionadas con discapacidad o dependencia.

Afonso ha indicado que ha sido elaborado con datos múltiples procedentes del Imserso, el INE, la dirección general de Discapacidad, los cabildos, el Observatorio de Dependencia, asociaciones de familiares y entidades del tercer sector y recoge, por ejemplo, que Canarias “está muy lejos” de la tasa de cobertura nacional, pues si estuviera en la media “se atendería a 30.000 dependientes más, más del doble de los que atiende”.

Además, ha lamentado que los canarios son de los que menos solicitudes de ayuda a la dependencia presentan dado que la gente “tiene poca confianza en el sistema o lo desconoce”.

Ha dicho también que la lista de espera se situó al final del año pasado en 943 días cuando la ley marca 180 como máximo y hay 6.900 personas esperando por una resolución de grado, con un tiempo 15 veces más que el límite legal admitido.

Afonso ha apuntado que el plan de choque puesto en marcha el año pasado “no ha cumplido los objetivos” pues mientras el limbo de la dependencia bajó un 16,7% en España en Canarias aumentó un 23,1%, situando la tasa en el 27%, la tercera peor del Estado.

Faltan más de 8.500 plazas en residencias

Además, tampoco se cumplió el objetivo de incorporar a 5.000 personas al sistema pues apenas se llegó a poco más de 1.700, ha destacado, al tiempo que ha recordado que cada día fallecen en Canarias nueve personas esperando por la dependencia.

En cuanto al sector público el informe recoge que el gasto por habitante está por debajo de la mitad que la media nacional y las islas necesitan 8.504 plazas en residencias dado que solo hay 2,7 plazas por cada 100 mayores de 65 años cuando la recomendación de la OMS es de cinco.

Estas más de 8.500 plazas representan más del doble de lo que recoge el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias.

Como propuestas para mejorar la situación actual de un total de diecinueve, Afonso ha apuntado la necesidad de aumentar los presupuestos públicos porque sin dinero “no se hacen milagros”; tratar de “humanizar” las residencias para que sean más pequeñas y menos institucionalizadas y suscribir convenios con los ayuntamientos para que hagan informes sobre dependencia por “ahorraría tiempo”.