Los fisioterapeutas se rebelan contra “la receta deportiva” del Gobierno canario: “Es el mayor ataque de intrusismo profesional que ha sufrido este colectivo”

Los planes de las consejerías de Sanidad y de Deportes del Gobierno de Canarias para que los médicos de Atención Primaria puedan prescribir actividad física a sus pacientes van a chocar con la oposición de los fisioterapeutas, que ven en la llamada receta deportiva un ataque a su colectivo profesional.

“Es el mayor ataque de intrusismo profesional que ha sufrido este colectivo sanitario”, asegura el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias, con el apoyo del Consejo de Colegios de España.

Este colectivo profesional tiene previsto explicar este viernes en rueda de prensa los motivos por los que rechaza la receta deportiva que el Gobierno de CC y PP quiere poner en marcha.

Y avanza que prepara una concentración y un manifiesto para los que dice contar con el respaldo de los demás colegios sanitarios, así como de asociaciones profesionales de la rama de la salud.

Una idea “delirante”

Los fisioterapeutas no son los únicos que rechazan la medida del Gobierno canario. Hace apenas tres días, la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública Canaria tachó la idea de “delirante” y acusó al Ejecutivo de planear más conciertos con la empresas privadas, en este caso, con gimnasios y centros deportivos privados para dar cabida a esos pacientes a los que se les prescriba deporte. De hecho, esta asociación reclamó que en vez de financiar con dinero público a los gimnasios privados se refuerce el número de fisioterapeutas en la sanidad pública.

La asociación fue más allá y aseguró que “este Gobierno canario ha perdido toda la credibilidad” y “en un tiempo récord”, por lo que no espera nada que “pueda surgir de él por las buenas, no debiendo cesar en absoluto la denuncia y lucha decidida contra sus políticas neoliberales que pretenden reducir al mínimo al sector público sustituyéndolo por el negocio privado de amigos y financiadores de las fuerzas políticas que lo sostienen”.

La ADSPC aseguró también que apelará “como siempre a la movilización de la población canaria” para frenar este proyecto del Gobierno canario, que tiene un coste estimado solo en su puesta en marcha de más de 600.000 euros.