El Gobierno canario tardará otros dos meses en derivar pacientes a residencias

Alexis González / Alexis González

Las Palmas de Gran Canaria —

Dos meses más para ejecutar la Orden conjunta de Sanidad y Políticas Sociales para derivar pacientes crónicos, con alta médica, de camas hospitalarias a centros sociosanitarios. Ese es el tiempo estimado por parte del Gobierno de Canarias para hacer ejecutiva la Orden puesta en marcha en abril de 2013, expuesta a información pública en septiembre del año pasado y que ahora está pendiente de un informe definitivo de la Consejería de Sanidad para que la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda la pueda desarrollar.

Así lo ha explicado este viernes a Canarias Ahora José Gilberto Moreno, director general de Dependencia, Infancia y Familia de la consejería de Políticas Sociales que dirige Inés Rojas. “Estamos a la espera de que Sanidad nos traslade la Memoria con la cantidad de usuarios a introducir en el sistema [de Dependencia]”, dijo el alto cargo del Gobierno tras explicar que el proceso empezó “en un contexto normalizado para detectar el incremento generalizado de mayores, sin tipología clínica, sino sociosanitaria, que ocupaban camas hospitalarias”.

Desde Sanidad, por su parte, la directora del Servicio Canario de Salud, Juana María Reyes, ha asegurado a este diario, por medio del gabinete de prensa de la consejería dirigida por Brígida Mendoza, que ese informe con su memoria económica estará en poder de Políticas Sociales este próximo lunes, con lo cual, según los cálculos de “entre siete y ocho semanas” previstos por el director general de Dependencia, las derivaciones de estos pacientes crónicos o agudos con alta médica a centros sociosanitarios se harán en marzo.

“Una vez recibamos la memoria económica con la propuesta [de Sanidad], no tardaremos ni semanas en derivarlos”, aseguró José Gilberto Moreno, que prefiere no adelantar datos ni costes, pero que estos rondarían en los ya famosos 400 pacientes a los que aludió el propio presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, cuando se desató la polémica por la ocupación de camas hospitalarias esta misma semana.

En todo caso, Moreno fue explícito al asegurar a este diario que “no va a suponer un coste económico, porque una cama hospitalaria cuesta tres veces más que una plaza en un centro sociosanitario”. El traslado, sin embargo, debe llevarse a cabo mediante el concierto con los centros privados, y para ello tendrán que salir a licitación las plazas que determine Sanidad en esa memoria económica e informe definitivo que espera el responsable de Dependencia.

“El dinero no va a suponer un problema”, recalcó Moreno, “porque será una transferencia de créditos de Sanidad a Políticas Sociales, y el coste será menor, porque un mes de cama hospitalaria cuesta como un año de plaza en centro sociosanitario”. La gran mayoría de los casos detectados son en clínicas concertadas, ya que, según Moreno, “nada de esto pasa en los hospitales públicos”, en referencia a ocupar camas de larga duración por el tipo de patología o por haber variado las circunstancias personales entre el ingreso y el alta.

Moreno justificó también el tiempo que ha pasado desde el inicio de la tramitación de esta Orden conjunta, en abril de 2013, por el hecho de que “fue un estudio encargado al ver que el ratio de pacientes sin tipología clínica ocupando camas hospitalarias subía, llegando a la conclusión de que debía derivarse, por el coste de una cama con respecto a la otra. En este tiempo, se han recibido aportaciones de los cabildos y de centros privados, y ahora queda la memoria final”, recalcó sobre el informe pendiente de Sanidad que llegará este lunes.

A partir de entonces, será tarea de la dirección general de Dependencia llevar a cabo esos traslados especificados en la Orden conjunta, que debe entrar en vigor en cuanto Sanidad cierre su informe, también para diferenciar claramente entre quienes están pendientes de que se les reconozca su situación de Dependencia y quieren acceder a una residencia de mayores, o quienes ingresados en clínicas u hospitales tienen el alta médica pero han variado radicalmente sus circunstancias como para volver a sus casas. Y ahora no pueden.

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